La Audiencia Nacional (AN) dictó este lunes su primera condena en el caso «Villarejo», donde condena al ahora comisario jubilado a 19 años de prisión, aunque también se pronuncia sobre las otras 26 personas físicas juzgadas, entre ellas su pareja, Rafael Redondo, por quien acepta 13 años de prisión, así como su mujer y su hijo, que fueron absueltos.
El tribunal integrado por Ángela Murillo, Carmen Paloma González y Fermín Echarri descartó el delito de corrupción, tanto activa como pasiva, que es el eje vertebrador de la macrocausa, al considerar que Villarejo, aunque todavía era policía cuando ejecutaba las órdenes juzgadas con su grupo empresarial, CENYT, actuó en un «ámbito absolutamente privado».
Esta valoración judicial supuso la exoneración de la mujer de Villarejo, Gema Alcalá, en ‘Hierro’ y ‘Tierra’. Inicialmente, la fiscal anticorrupción le pidió 83 años y medio de prisión, pero en la recta final del juicio cambió sus conclusiones para retirarle la acusación por todos los delitos excepto los de cooperación necesaria en la supuesta corrupción de su esposo, con quien solo le pedían 5 años de prisión.
Anticorrupción asignó a Alcalá el papel de colaboradora de Villarejo, tanto por su condición de directora de varias de las empresas que integran CENYT como por su presunta implicación directa en la transcripción de los audios del comisario. Sin embargo, la sentencia lo acusa de presentar una acusación «genérica», «sin una sola prueba que sustente ningún tipo de actividad delictiva».
Por su parte, el hijo del comisario jubilado, José Manuel Villarejo Gil, que se encontraba con un pedido de prisión de solo un año de prisión, de los 14 primeros planteados por el Ministerio Público, fue exonerado de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tentativa de extorsión de los que se le acusaba en ‘Pintor’, ya que no hubo «la menor laguna en la prueba». “No es nada”, dice incluso la AN sobre su participación en los delitos enjuiciados.
Según el relato de hechos probados, participó en la elaboración y grabación de un video en 2006 en el que aparecía el entonces juez Francisco Javier Urquía, quien iba a ser «presionado», consumiendo drogas. Once años después, estas imágenes fueron expuestas en un encuentro con los clientes de ‘Pintor’, Juan y Fernando Muñoz Támara, siendo el primero de ellos el marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, en las oficinas del CENYT en Torre Picasso, donde el hijo de la comisaria se «limitó» a «conectar un cable» sin participar en el encuentro.
Sin embargo, en el caso de Redondo, que durante el juicio afirmó no ser socio de Villarejo por su limitada participación en CENYT, fue condenado por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos de empresa y falsificación de documento mercantil en los tres autos separados.
Los años de prisión que exigía inicialmente Anticorrupción (102) también se redujeron a una demanda menor de 70 años y 6 meses al eliminarse su acusación por cohecho activo, tráfico de influencias y determinados delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Finalmente, recibió el 13 como ‘brazo derecho’ de Villarejo.
Un bufete de abogados y varios empresarios.
Además de Villarejo y Redondo, los magistrados de la sala penal condenaron a otras nueve personas por su implicación en «Hierro», «Tierra» y «Pintor», las primeras piezas en ser juzgadas de las cerca de 50 que integran la macrocausa sobre asuntos privados del comisario.
En ‘Hierro’, un despacho de abogados especializado en propiedad industrial, Balder, fue procesado por espionaje por el CENYT, por mandato de otro, Herrero&Asociados, cuando este último sospechaba que los extrabajadores que habían fundado el primer despacho de abogados habían sustraído su base de datos.
Aquí, además del comisario y su pareja, la Audiencia Nacional condenó a los dirigentes de Herrero & Asociados Álvaro Martínez Muñoz y a los hermanos Francisco y Mario Carpintero a 7 meses y 15 días de prisión por los delitos de descubrimiento de secretos empresariales y falsedad documental, tras admitir los hechos.
De los dos únicos miembros de Herrero&Asociados que no han admitido su culpabilidad, María Ángeles Moreno, que puso a la empresa en contacto con Villarejo, recibió dos años de prisión por descubrir un secreto de empresa; y Andrés Medina fue absuelto porque el tribunal considera «verdadera» su declaración en el juicio, «también cierta» de que solo asistió a dos reuniones donde no se proporcionó la información de Balder.
En ‘Land’, el juzgado condenó a Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo-Peñalver y David Fernández Aumente, dos colaboradores de PROCISA, a nueve meses de prisión por revelación de secretos, mientras que a los dos se les impuso un mes y quince días más por falsificación de documento mercantil.
En esta sala separada se investigaba si Villarejo había espiado el entorno de Luis García-Cereceda, el fallecido propietario de PROCISA, la empresa promotora de la urbanización de lujo ‘La Finca’, por orden de una de sus hijas, Susana, en el marco de una disputa familiar por la herencia.
La AN solo condenó el espionaje realizado a Silvia Gómez Cuétara, su amiga Marta Fernández Vázquez-Figueroa y su empleado Antonio Garzón, sin acreditarse respecto de otras presuntas víctimas, entre ellas Yolanda García-Cereceda, su exesposo Jaime Ostos y el arquitecto Joaquín Torres.
Falta «absoluta» de pruebas
Los magistrados también condenaron a ‘Pintor’, sobre la cesión a Villarejo -ya retirado de la Policía Nacional- de los hermanos Muñoz Támara para buscar información de un ex socio, Mateo Martín Navarro, y del abogado de este último, el ex juez Urquía, que les permitiera resolver un litigio fiscal a su favor.
Aquí absolvieron a Villarejo y Redondo, además de los policías Antonio Bonilla y Francisco Javier Pérez, de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y tentativa de extorsión, destacando sobre este segundo delito que «la falta de pruebas al respecto es absoluta».
Del mismo modo, exoneraron del delito de descubrimiento y divulgación de secretos al grupo de detectives privados que habrían colaborado con Villarejo para llevar a cabo esta misión, incluido el presunto exagente del CNI Gervasio Cañabate.
Asimismo, el tribunal absolvió a los Muñoz Támara y al abogado que presuntamente los ayudó en sus negociaciones con el comisario, Ricardo Álvarez-Ossorio, de tentativa de extorsión.
No obstante, condenó a los hermanos, que confesaron los hechos, a tres meses de prisión por descubrir secretos contra Martín Navarro, al que deberán indemnizar con 5.000 euros, aunque precisó que «les será imputada la pena de prisión provisional sufrida por esta causa».
Entre los que han sido exonerados en este juicio destacan Bonilla y también el policía Constancio Riaño, acusados de haber facilitado a Villarejo datos de bases de datos policiales de acceso restringido para que intercambiara con ellos a través del CENYT.
También fue absuelto David Macías, abogado del estudio de abogados CENYT. Para el tribunal, quedó probado que “solo cumplió con las obligaciones que había contraído con la empresa que lo contrató como abogado”.
Para el lote de absoluciones acordadas en ‘Pintor’ y ‘Land’, el juzgado tuvo en cuenta el indulto concedido por Urquía, Navarro y Ostos a algunos de los imputados en dichas piezas. En la parte de las condenas valoró las confesiones y la consignación de dinero para el pago de futuras indemnizaciones.
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