El último reconocimiento de los hechos tuvo lugar esta semana durante el juicio ante la Audiencia Nacional de Empresas Agrarias en Boadilla del Monte. Diecisiete de los 24 imputados en esta sala separada admitieron los hechos de los que los acusa la Fiscalía Anticorrupción. Entre ellos se encuentran líderes de Gürtel como Francisco Correa y Pablo Crespo. Correa admitió durante su declaración: «He premiado muchas obras. No solo en Boadilla, sino en muchos municipios ya nivel general». Otros imputados en el juicio dijeron que Correa era «el entrenador que decidía absolutamente todo» en el conglomerado empresarial que creó, el «Grupo Francisco Correa», que lideraba Isabel Jordán, quien denunció todo al exlíder del PP gallego y número dos, Pablo Crespo. , a quien todos los subordinados denunciaron y luego pasaron a Correa.
Estos mismos protagonistas se encontrarán en el juicio de la parte 5 del asunto Gürtel conocido como los pequeños contratos. Se trata de una especie de piedra en forma de pequeños contratos de menos de 12.000 euros adjudicados a empresas de correa de cuatro municipios y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones cuando la Generalitat de Valencia estaba dirigida por Francisco Camps. Un supuesto trato preferencial que sentará en el banquillo a 27 imputados: seis integrantes de la llamada conspiración de Gürtel, todos en fase de arrepentimiento y colaboración con la fiscalía anticorrupción tras años en prisión: Francisco Correa, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Álvaro Pérez, Mónica Magariños y Cándido Herrero.
El Tribunal Nacional juzgará al expresidente Francisco Camps, a tres de sus consejeros (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y a 17 directivos o técnicos de segundo nivel de la Generalitat. Todos excepto los campamentos están acusados de procrastinación administrativa, malversación de fondos públicos, entre otros delitos.
Camps está acusado de dilación administrativa y fraude contra la administración por el único contrato investigado en este caso que no había prescrito en 2018, cuando reabrió para incluir al ex titular del Consell: la atribución de la Presidencia de la Generalitat del «stand de grandes hechos «para la edición 2009 de Fitur, que se atribuyó directamente a la trama de Gürtel, como ha sucedido desde 2004 (por estos últimos hechos, la exconsejera Milagrosa Martínez cumple nueve años de prisión, aunque otra asesora, Angélica Such, fue absuelto en la sala de Gürtel por arreglar contratos de Fitur por 5 millones de euros).
Compensación de deuda con PP
El titular del Juzgado de Instrucción 5 del Tribunal Nacional considera que esta atribución directa a Gürtel por parte de la directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, (investigada en el caso y que dependía de la Presidencia), se hizo para compensar la deuda de 800.000 euros que que el PP tenía con Orange Market desde la campaña electoral de 2007. Una tesis que Correa y sus cinco colaboradores y el exsecretario general del PP, Ricardo Costa, apoyaron en la instrucción y que constituyó «un arsenal de pruebas muy coherente, que nos permite afirman que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, participó en la gestión del contrato Grandes Eventos Fitur 2009 a favor de Orange Market, como lo venía haciendo desde 2005, a cambio de su paciencia y su dimisión ante la no -Pago de la multimillonaria deuda que el PP de la Comunidad Valenciana tenía con Orange Market «y la» colaboración «» al aceptar los formularios de pagos ilegales que el PP había utilizado para cancelar la deuda que tenía con la empresa ”.
Se niegan a declarar a Villarejo, Garzón, Puig, Flors o De la Vega
La Sala Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional desestimó la prueba solicitada por Francisco Camps para declarar en el juicio por contratos menores con Gürtel (aún sin fecha) Ximo Puig, Ángel Luna, Cristina Moreno y Carmen Ninet (en representación del PSOE que trajo la acusación popular en el complot de Gürtel). Camps también solicitó que comparecieran como testigos el ex juez y primer instructor de Gürtel Baltasar Garzón; José Flors (el magistrado, ahora jubilado, que investiga la causa de la acusación); las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concepción Sabadell, José de la Mata (instructor de la obra en la Audiencia Nacional) o exministros como Mariano Fernández Bermejo, Francisco Caamaño o la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega. También la ex comisionada Villarejo y la procuradora general, Dolores Delgado.
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