El Tribunal Supremo ratifica la cuota de español del 25% para las clases de catalán

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¿Está amenazada la inmersión de la escuela catalana, un modelo respetado por la comunidad educativa? Algunas voces así lo creen, después de que el Tribunal Supremo (TS) no acogiera el recurso de casación que presentó la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, en diciembre de 2020, ordenó al Gobierno que velara por que se enseñara español. , al menos, en el 25% del horario escolar. Entonces, la decisión se vuelve definitiva y ejecutable. Así lo denunciaron este martes el «consejero» de Educación, Josep González-Cambray, y la responsable de Cultura, Natàlia Garriga, que aseguraron que se trata de un «nuevo ataque frontal de los jueces contra el sistema educativo catalán».

La Generalitat ha pedido a los colegios que se calmen, instándoles a no cambiar nada en sus planes lingüísticos. El «presidente», Pere Aragonès, calificó la decisión judicial de «gravísima». “El catalán no se puede tocar en la escuela”, ha subrayado tras precisar que la inmersión es garantía de cohesión social e igualdad de oportunidades.

Las fuentes del Ministerio de Educación, de momento, no emiten opinión alguna ya que la sentencia aún no ha sido recibida oficialmente. Una vez llegados a los servicios legales, se discutirá en detalle.

En cualquier caso, ahora sería el TSJC el que debería moverse y decidir cómo se lleva a cabo la sentencia, cómo ese 25% se traslada a las aulas y se aplica. El asunto es de enorme complejidad legal, por lo que nadie espera una solución rápida y sencilla.

Batalla politica

Todos los expertos en educación reconocen el éxito del modelo de inmersión lingüística de la escuela catalana, cuyo principal objetivo es evitar la segregación. Es más que asumido por la gran mayoría de familias. Sin embargo, el uso del catalán y el castellano se ha convertido en una ardua batalla política, iniciada, en su momento, por Cs y el PP.

En la anterior ley de educación – Lomce, más conocida como la “Ley Wert” por el nombre del entonces ministro de Educación del PP que le hizo la guerra al catalán – se establece que “el castellano es la lengua vehicular de la educación en todo el estado y la co- Las lenguas oficiales son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable ”. Ningún otro estándar educativo anterior había mencionado el español como una “lengua franca”. Esta misma ley incluyó muchos artículos que luego fueron derogados por la Corte Constitucional, como el que instaba a la administración educativa a «garantizar una oferta educativa financiada con fondos públicos en la que se utilice el español como lengua vehicular en una proporción razonable». .

La ley constitucional también anuló el artículo de Lomce por el cual las comunidades pagarían el centro concertado o privado a las familias que no pudieran enviar a sus hijos a una escuela pública con el español como lengua franca. El “cheque Wert” fue solicitado por 154 familias, lo que representa el 0.04% de los estudiantes.

El estándar actual, como todos a excepción de la Ley Wert, tampoco menciona el español como lengua franca. Lo que dice la ley (Lomloe, más conocida por el apellido de la exministra, Isabel Celaá) es que los estudiantes en Cataluña deben completar la educación secundaria obligatoria con las habilidades lingüísticas requeridas en catalán y castellano. Si un estudiante tiene deficiencias en cualquiera de los dos idiomas, las escuelas promoverán medidas para compensar estas deficiencias. El objetivo es el dominio completo del bilingüismo. Es decir, el Lomloe mantiene la corriente de buceo, pero en cierto modo será flexible y compensado.

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