El Tribunal Supremo ratificó la condena de 6,5 años de prisión y 18 años de recusación del juez Salvador Alba por manipular una instrucción para perjudicar a la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno por violencia de género, cuando era diputada por Podemos.
La sala de lo penal del alto tribunal desestimó tanto los recursos de Alba como los de la Fiscalía que llevó a cabo Rosell, que pedía un aumento de la condena a 10 años de prisión, y al que se sumó Podemos.
De esta forma ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que declaró a Alba culpable de tres delitos cometidos durante el tiempo en que sustituyó a Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria: prevaricación, mentira y corrupción. Además de las mencionadas penas de prisión y exclusión, el tribunal ordenó a Rosell pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros como parte de su responsabilidad civil.
En esa sentencia, que confirmó el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dijo que había constancia de que Alba había manipulado una investigación abierta al empresario Miguel Ángel Ramírez para perjudicar al juez que la había presidido antes. Él, Victoria Rosell, cuando ya era diputada. del Congreso.
La resolución señaló que como investigador del caso, Salvador Alba se había reservado una reunión reservada con el empresario para manifestar su intención de obtener pruebas que demostraran que Rosell había intervenido en el caso a pesar de intereses económicos. Indirectos en el caso, algunas supuestas relaciones comerciales entre su socio y las empresas del antiguo propietario de Seguridad Integral Canaria.
Este posible vínculo -que, de ser cierto, habría obligado a Rosell a retirarse del caso- había sido objeto de una investigación disciplinaria abierta a solicitud del Ministerio Público de Las Palmas, que culminó en dos resoluciones favorables a la Juez, tanto del Consejo del Poder Judicial como de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. En su sentencia, la Corte Suprema afirma que durante esta reunión entre el juez y el empleador, se acordó introducir datos y documentos durante una declaración que acordó realizar.
El objetivo principal, agregaron los magistrados, no era interrogar al imputado, «sino crear y aprovechar la oportunidad de introducir en el caso aquellos datos que pudieran dañar el crédito o el prestigio del juez» «instrucción previa». En definitiva, la condena ahora confirmada establece que Alba «torció» el procedimiento para obtener ilegalmente contratos que pudieran incriminar a Rosell, ofreciendo incluso al empresario acusado la posibilidad de archivar su expediente.
.
