Un tribunal militar libio ha condenado a muerte al general Khalifa Haftar, aliado de las autoridades con sede en el este del país, por los atentados con bomba contra una escuela de defensa aérea en la ciudad de Misrata, que afectan el proceso electoral del país ya que el mariscal es un candidato a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 24 de diciembre. Este tribunal de Misrata ha juzgado en rebeldía y ha sentenciado con la misma pena a otros comandantes aliados de Haftar, como Abdelrazik al Nathori, Saqr al Jerushi o Abdelsalam al Hassi, quienes, junto al general, quedan privados de sus derechos civiles y liberados del servicio militar.
Por otro lado, la entidad solicitó a la Agencia de Investigación Criminal que ejecute una orden previa para detener a Haftar por cinco casos y actos que violaron leyes militares entre 2019 y 2020, informa el diario libio ‘Libya Observer’. Al respecto, lamentó que desde que se aceptó la candidatura presidencial del general, la ley indica que solo puede incurrir en un máximo de «cinco años de prisión». La fiscalía militar ya había pedido a la comisión electoral que suspenda temporalmente el procedimiento de admisión de las candidaturas de Haftar y Saif Al Islam Gaddafi, hijo del exlíder libio Muammar Gaddafi, hasta que sean interrogados sobre el proceso en su contra.
Haftar está siendo investigado por un tribunal en el estado estadounidense de Virginia – tiene doble ciudadanía estadounidense – también en relación con la comisión de crímenes de guerra durante los combates entre sus fuerzas y el gobierno en Trípoli reconocidos por la comunidad internacional. En el contexto electoral, la comisión anunció este miércoles que Saif al Islam, uno de los principales candidatos y acusado de crímenes de guerra, había sido descalificado de la contienda electoral por no haber cumplido los criterios, aunque había apelado de la decisión. El hijo mayor de Gaddafi, que alguna vez fue considerado un posible referente de cambio en el país, fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, desde que estuvo retenido en la ciudad de Zintan a manos de un grupo de milicianos que se negaron a entregarlo a las autoridades libias. Además, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante el levantamiento de 2011 que acabó con el régimen de Gaddafi, quien fue asesinado por milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre del mismo año. Saif al Islam también es buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 como parte de una amnistía otorgada por el gobierno con sede en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte del sátrapa.
Libia ha tenido un gobierno de unidad desde marzo después de un proceso de conversaciones para unificar las administraciones contrarias, luego de que autoridades reconocidas internacionalmente con sede en Trípoli el año pasado repelieran la ofensiva lanzada en 2019 por Haftar, leal a las autoridades de Oriente. El nuevo Ejecutivo tiene entre sus principales objetivos la organización de elecciones legislativas y presidenciales, previstas para el 24 de diciembre, con las que debe poner fin a la crisis institucional que se abrió en 2014 y la inestabilidad que sufrió desde la captura y ejecución en octubre de Gaddafi 2011.
.
