Unos cinco millones de hondureños están convocados este domingo para elegir el reemplazo del cuestionado presidente Juan Orlando Hernández (JOH), así como miembros del nuevo Congreso y autoridades municipales. Quince candidatos compiten por la presidencia. Las últimas encuestas atribuyen posibilidades a Nasry Asfura, del gobernante Partido Nacional; Yani Rosenthal, (Partido Liberal) y, en particular, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación (Libre). Es esposa del expresidente Manuel Zelaya, cuyo derrocamiento en 2009 por un complot militar y judicial abrió las puertas a una profunda crisis política, económica y social que se ha prolongado hasta el día de hoy.
Surge el dilema entre continuidad o cambio. Según varios analistas, el nivel de participación tendrá un impacto en las urnas: cuanto mayor sea el número de abstenciones, menores serán las posibilidades de que los opositores derroten al partido gobernante.
El legado de JOH, un político acusado por un tribunal norteamericano por delitos de tráfico de drogas, es devastador: Honduras es 80% pobre. Muchos de ellos sobreviven de las remesas. El 20% del PIB de este país proviene de envíos que, este año, alcanzarán los 8.000 millones. El futuro presidente tendrá que enfrentar no solo este flagelo sino también otra de sus consecuencias más preocupantes: la violencia de las bandas criminales y los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Las caravanas de familias desesperadas a este país han tenido un fondo dramático enorme en medio de la pandemia. En los primeros diez meses de este año, 44.697 hondureños fueron deportados de Estados Unidos, un 27,2% más que en 2020.
La violencia política
Las elecciones de una sola vuelta fueron precedidas por numerosos episodios de violencia política. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha contado al menos 29 muertos desde el inicio de las elecciones primarias en 2020. Las elecciones llevan la marca de la sospecha. En 2017, la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuestionó la integridad y la calidad del resultado que permitió la reelección de JOH. Pero la administración de Donald Trump ha respaldado las ambiciones del presidente de permanecer en el poder.
Tres años después, Hernández es visto como el jefe de una especie de narcoestado. La fiscalía de Nueva York lo implicó a él y a su hermano en una conspiración relacionada con la entrada de cocaína a Estados Unidos. Los resultados del domingo no son ajenos a derivaciones legales. Se teme que el veredicto de las urnas cambie como hace cuatro años porque es el único medio que parece tener JOH para garantizar un cierto nivel de impunidad. Los rivales del partido gobernante han advertido al menos durante la campaña que los días de la indulgencia han terminado. Una victoria del partido gobernante en estas condiciones podría abrir una nueva ronda de fuertes enfrentamientos en Honduras, advierten los expertos.
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