Bangkok, 1 feb (EFE).- Una decena de embajadas en Birmania, incluidas la de la Unión Europea y la de Estados Unidos, denunciaron este martes el «impacto devastador» en Birmania del golpe militar perpetrado hace apenas un año.
«Más de 14 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, la economía está en crisis, las conquistas democráticas se han revertido y el conflicto (armado) se extiende por todo el país», resumieron las delegaciones diplomáticas en un comunicado común.
Los militares birmanos dieron un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 y acabaron con el gobierno electo de Aung San Suu Kyi por presunto fraude electoral en las elecciones generales celebradas el año anterior, a pesar del aval de los observadores internacionales.
Las embajadas señalan al régimen militar como «responsable» de la crisis y «de haber socavado gravemente la paz y la estabilidad en Birmania y la región».
Las misiones diplomáticas, que incluyen a Australia, el Reino Unido, Corea del Sur y Nueva Zelanda, entre otras, están instando a la junta militar a «cesar de inmediato la violencia» y, en su lugar, entablar un «diálogo constructivo» entre todas las partes para resolver pacíficamente la crisis birmana.
Además, la declaración pide la «liberación» de todos los detenidos arbitrariamente, incluida la líder derrocada Aung San Suu Kyi y otros representantes políticos civiles.
Al menos 1.503 personas han muerto desde el levantamiento militar tras la brutal represión de las autoridades, que detuvo a más de 11.800 personas, según los datos recogidos hoy por la Asociación para la Asistencia a los Presos Políticos en Birmania.
Este martes, los birmanos fueron llamados por las fuerzas opositoras a una huelga silenciosa para denunciar las atrocidades cometidas por la junta militar que tomó el poder el 1 de febrero de 2021.
Con motivo del primer aniversario del golpe, algunas embajadas, como las de la UE, EE. UU. y España, cambiaron hoy fotografías en sus perfiles de redes sociales por una imagen en negro.
Las misiones diplomáticas también piden que se permita el acceso «sin trabas» de la ayuda humanitaria, especialmente en las zonas más afectadas por los conflictos que desplazaron a unas 400.000 personas tras el golpe.
Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Nueva Zelanda han impuesto sanciones específicas contra los comandantes militares y sus intereses económicos.
Los militares justifican el golpe por un presunto fraude masivo en las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado fue anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como en 2015, con el aval de observadores internacionales.
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