Las grandes empresas hoteleras españolas maniobran para obtener una millonaria compensación por parte del Estado por el golpe económico que supuso el cese forzoso de su actividad durante el primer estado de alarma de 2020. Tras un largo proceso administrativo en el que el Gobierno no ha respondido a sus reclamaciones, Meliá y NH Hotel Group ultimarán el siguiente paso y activarán la batalla legal en los tribunales para pedir una indemnización de más de 200 millones de euros.
El gobierno decretó en marzo del mismo año el cierre obligatorio de todos los hoteles del país para evitar que sea un foco de propagación del covid, dando a las cadenas un plazo máximo de una semana para cerrar todos sus establecimientos. Solo se salvaron unos 300 hoteles específicos, que continuaron operando para atender a los trabajadores esenciales en sus inevitables viajes.
El Ministerio de Sanidad ordenó el cierre de hoteles bajo el paraguas legislativo que ofrece el estado de alarma para decretar restricciones extraordinarias. Posteriormente, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional este primer estado de alarma para no limitar derechos fundamentales, sino suspenderlos, en una decisión muy ajustada (la votación fue de seis magistrados contra cinco).
Tanto Meliá como NH han activado la vía administrativa para reclamar al Gobierno una indemnización por los perjuicios que ha causado en sus cuentas el cierre total de hoteles al inicio de la pandemia. Meses atrás, las cadenas presentaron sus reclamaciones inmobiliarias a la administración, por la que Meliá reclamaba 116 millones de euros y NH en torno a 100 millones.
Silencio administrativo
El Gobierno no respondió a ninguna de estas dos solicitudes. En el caso de Meliá, el plazo legal para recibir esta respuesta ya ha expirado y en el caso de NH también está a punto de expirar y sigue a la espera. El silencio administrativo en este tipo de reclamos de tierras es visto como negativo; es decir, la ausencia de respuesta implica que el Estado rechaza la solicitud. Una vez agotada la vía administrativa, los dos grupos hoteleros pretenden llevar el caso a los tribunales con la presentación de un recurso por la vía contencioso-administrativa.
“Hemos tomado la decisión de reclamar a la administración en un ejercicio de responsabilidad, por diligencia debida con nuestros accionistas y demás grupos de interés, reclamación que entendemos sólidamente fundada”, explica Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá Hotels International , en declaraciones al JOURNAL D’ESPAIGN. “Estamos adoptando las vías judiciales expeditas por circunstancias como la que se ha producido, que es la de la reclamación patrimonial a la administración. Una vez desestimado por expiración del plazo para valorar el silencio administrativo negativo, éste nos obliga a transitar por la vía contencioso-administrativa.
Meliá cerró con pérdidas de 596 millones de euros en 2020 y entre enero y septiembre de 2021 (último dato oficial hecho público) las cifras rojas fueron de 469 millones. “Nuestras pérdidas en 2020, más las que volveremos a presentar este año, suponen una pérdida de valor muy importante que nos costará tiempo y esfuerzo recuperar”, apunta Escarrer.
Desde el grupo hotelero mallorquín se destaca que la reclamación de 116 millones se limita a los perjuicios del primer estado de alarma que sufren la matriz y los propietarios de varios de los hoteles que gestiona, se espera que presente el litigio-recurso administrativo en las próximas semanas, y da por sentada la “ilegalidad e inadmisibilidad” del golpe económico a la empresa por las restricciones aprobadas, más aún después de que el Tribunal Constitucional dictaminara la primera alerta estatal de inconstitucionalidad.
Desde NH Hotel Group, controlado por la minera tailandesa, se apunta que en su caso la reclamación por la vía administrativa aún no ha agotado el plazo. Pero, al borde de que se materialice también el silencio administrativo del gobierno, se advierte que “la empresa seguirá defendiendo el interés social ante las autoridades judiciales”, previendo el salto a la vía contencioso-administrativa para reclamar una indemnización cuyo monto La La cadena no lo confirma, pero eso las fuentes del sector sitúan en el entorno de los 100 millones de euros.
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