El Instituto Nacional de Estadística (INE) prepara un cambio total en la forma en que mide la evolución de los precios de la electricidad para calcular la inflación, con el objetivo de ajustar mejor sus datos al consumo real de los hogares españoles. La intención de la agencia era tener listo el cambio en la medición del precio de la electricidad a partir de enero, pero el plan se pospuso hasta que las eléctricas envíen datos más precisos para el cálculo del índice de precios al consumidor (IPC).
Hasta ahora, el INE sólo utilizaba el precio de la tarifa eléctrica regulada para calcular la inflación, a pesar de que en la actualidad este tipo de tarifas -denominadas precio voluntario para pequeños consumidores, PVPC- no suponen sólo alrededor del 40% de todos los pequeños usuarios. después de años de decadencia. El objetivo del INE era que la nueva base de cálculo del IPC, aplicable desde enero, permitiera dejar de medir únicamente la evolución de la tarifa eléctrica regulada e incluir también las tarifas del mercado libre, que desde hace años se concentran la mayoría del pequeño mercado de consumo.
El precio de la tarifa regulada está directamente ligado a la evolución del mercado eléctrico mayorista, que es el que ha experimentado subidas desorbitadas en los últimos meses y que ha seguido alcanzando máximos históricos. Los diez millones de clientes que contrataron PVPC pagaron un 40% más que el año anterior debido a estas subidas en el mercado mayorista que reflejaron incrementos en los precios del gas y los derechos de emisión de CO2, y a pesar de las medidas gubernamentales para contener la subida con rebajas de impuestos y la parte regulada de la factura.
Las tarifas de mercado abierto son tradicionalmente más caras que la tarifa regulada, pero como la mayoría tienen un precio fijo y estable fijado por la compañía eléctrica, no reflejaron la fuerte subida del mercado mayorista el año pasado (lo harán en las revisiones que haga la electricidad a sus clientes) y se han beneficiado de los descuentos del gobierno.
distorsión ascendente
En plena crisis energética y una espiral de precios al alza de la electricidad, el INE ha utilizado para calcular el IPC únicamente las tarifas que más han subido, aunque ya son minoritarias en número de clientes, no las tarifas del mercado libre, que fueron las que se mantuvieron estables e incluso cayeron por las medidas gubernamentales. El resultado es que el IPC del año pasado reflejó una fuerte distorsión al alza que no reflejó todo el consumo de los hogares, sino sólo una parte de él.
“Se puede concluir que el IPC estuvo claramente sesgado al alza en 2021 por esta omisión”, señala el servicio de Estudios de CaixaBank en un reciente informe, al que ha accedido El Periódico de España, en referencia a que no tuvo en cuenta la evolución de tipos de mercado libre para calcular la evolución de la inflación. Las estimaciones de los analistas del banco apuntan a que utilizar tanto el PVPC como el mercado libre en los cálculos habría rebajado el IPC medio anual en casi un punto en 2021 y que en diciembre habría sido 1,8 puntos inferior al dato oficial.
Si incluyéramos los precios del mercado libre y no solo los del mercado regulado, la inflación de diciembre no hubiera sido del 6,5%, sino del 4,7%; y la media anual de 2021 no habría sido el 3,1% con el que cerró oficialmente el año, sino el 2,2%, según las conclusiones de CaixaBank. “De hecho, aunque asumiéramos que los precios en el mercado libre fueran estables, obtendríamos un promedio anual de 2,3% en 2021”, especifica.
Hace una década, más del 90% de todos los clientes de electricidad se beneficiaban de la tarifa regulada, por lo que fue la única medición realizada por el INE para calcular la evolución de la inflación. Pero en los últimos años se ha disparado la fuga de clientes de PVPC y el paso a las tarifas de mercado libre -aunque normalmente más caras- ha sido masivo y ya supone casi el 61% del mercado de pequeño consumo.
Cuando se renueva la base de cálculo del IPC (se revisa cada cinco años y la anterior data de 2016), también se actualizan los datos del año anterior para hacerlos comparables. El INE señala, no obstante, que se modifica la base de cálculo, pero que las variaciones del IPC registradas durante el año anterior se mantienen en la serie histórica, por lo que la modificación no repercute en las zonas en las que se recogen los datos. usado. su cálculo, como pensiones, alquiler de viviendas o aumentos de salario, por ejemplo.
El Gobierno aprobó la semana pasada la revalorización de las pensiones y la compensación de la diferencia en relación con la inflación de 2021. El incremento de las pensiones contributivas fue del 2,5%, ya que esta fue la inflación media entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021; la revalorización de las pensiones no contributivas y mínimas fue del 3%; y también se aprobó un pago compensatorio por el aumento de precio de este 2,5%.
En total, el aumento por esta revalorización supuso un gasto para las arcas públicas de 6.500 millones de euros. La desviación del IPC detectada por CaixaBank para todo 2021 por el precio de la luz no es extrapolable para los cálculos de revalorización de las pensiones, pero apunta a que la subida habría sido varias décimas inferior, con un coste de varios cientos de millones inferior al cubierto por Seguridad Social. .
Reforma aplazada
El INE ha trabajado durante meses con las grandes eléctricas para incorporar las tarifas del mercado libre al cálculo de IPC este mismo enero, pero los nuevos datos facilitados por las compañías no son suficientemente precisos para las exigencias del INE y la modificación en el cálculo se postergará algunos meses. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que aún representan el 80% del total de clientes, remitieron los datos correspondientes al conjunto de 2021 y enero con información de los precios pagados por todos los clientes cuya potencia contratada es inferior a 10 kilovatios (kW).
Desde hacía semanas, el INE advertía en sus contactos con las empresas eléctricas de un problema con la información enviada, a saber, que el organismo necesitaba que las empresas desagregaran los datos de los contratos de hogares y pequeños comercios. Sin embargo, las grandes eléctricas argumentan que no pueden desagregar más la información y no tienen forma de saber si un apartamento está ocupado por una familia o por una empresa como una consultora de abogados, una agencia o un centro médico.
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