El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó a declarar como acusada el 1 de marzo a la consellera de cultura, Natàlia Garriga, por los preparativos del referéndum unilateral 1-0, según una decisión dictada por el juez instructor. .
La Audiencia Nacional asumió hace unos días la investigación que hasta ahora llevaba el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por la situación del miembro de la ejecutiva Pere Aragonés y unificó el caso del ‘asesor’ al sumario que se instruye contra el diputado ERC y exsecretario general de Vicepresidencia y Economía Josep Maria Jové y el también diputado republicano y exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó por su participación en el referéndum soberano.
Según la fiscalía, la «consellera» cometió un delito de desobediencia grave por haber «interpretado mal» los mandatos del Tribunal Constitucional cuando era directora de los servicios del secretario general del departamento de la vicepresidencia, a pesar de haber sido exonerada. del delito de presunta malversación. Garriga fue procesado por un tribunal de instrucción antes de convertirse en miembro del gobierno catalán. En ese momento, se le atribuye su participación en la adjudicación de varios contratos menores para el establecimiento de un call center que funcionara como centro de recogida de datos del 1-O, así como sus gestiones para conseguir un lugar para almacenar material electoral, facilitar el acceso al sitio del referéndum y asistir a un acto de la vicepresidencia a favor de la consulta.
el supuesto enlace
La acusación pública argumenta, por ejemplo, que el titular del Departamento de Cultura «ejecutó un enlace» entre Jové y otro de los tratados por el 1-O para conseguir un lugar de almacenamiento del material electoral del referéndum y vino «transmitir instrucciones». “para el traslado de determinadas naves en Bigues i Riells (Barcelona). Garriga también tomó medidas para que la web del referéndum fuera accesible para todo el mundo y asistió a un acto el 21 de abril de 2017, organizado por la Vicepresidencia, «con el que se pretendía trasladar a la ciudadanía el compromiso de los diputados y otros altos cargos del Gobierno con la referéndum ilegal que se iba a convocar en breve”. El alto cargo del Gobierno figuraba entre los detenidos durante la operación 20-S.
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