El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que desde su aprobación en mayo de 2020 entra en vigor de forma escalonada, en 2022 inicia uno de sus capítulos más importantes: la puesta en marcha de las rutas de inclusión, los programas que harán que el ‘IMV deje de ser un simple ayuda económica y se convierte en un plan integral para ayudar a los beneficiarios a salir de una situación de pobreza y exclusión. El Ministerio de Inclusión ya ha llegado a un acuerdo con 16 instituciones -autogobiernos, ayuntamientos y ONGs- para poner en marcha varios proyectos piloto de apoyo a los beneficiarios de este subsidio, que se desarrollará a lo largo de un año y medio y que debería llegar, según los datos del departamento que preside José Luis Escrivá, a 77.061 personas.
Cada una de las entidades participantes ha diseñado su plan con un enfoque propio de acuerdo a sus necesidades, intereses o fortalezas; así, por ejemplo, el acuerdo con Asturias persigue la inclusión social digital, con medidas como bonos para la compra de tablets y para conectar el hogar a Internet durante un año o rutas formativas en grupos de seis participantes que se impartirán por todo el Principado ; la ONG Save the Children se centrará en la transición de las familias con niños de la exclusión social a la plena integración social y laboral con medidas que actúen “sobre toda la unidad familiar”; y el Ayuntamiento de Madrid ha propuesto intervenciones que, además de la atención socioprofesional propia de estos programas, incluyen también medidas de «apoyo familiar» (apoyo a la conciliación, como la vigilancia de los menores o su acompañamiento en sus desplazamientos a centros educativos). centros) y “estrategias parentales positivas” (que reducen el “estrés familiar” y permiten a los adultos centrarse en su integración laboral).
Además de las instituciones mencionadas, también participan las Comunidades Autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Navarra y País Vasco, el Ayuntamiento de Barcelona y la ONG Plena Institución, Hogar Sí. los proyectos piloto. , Fundación Secretariado Gitano y Cáritas.
Ensayo controlado aleatorizado
Estos acuerdos se firmaron en los últimos compases de 2021, se hicieron públicos en las últimas semanas (este lunes se presentó en Toledo el acuerdo entre Inclusión y Castilla-La Mancha) y este martes comenzaron a publicarse en el Boletín Oficial del Estado ( BOE). Serán financiados por los fondos europeos Next Generation EU (109 millones de euros entre los 16 acuerdos), y además de los controles y condiciones habituales, presentan un requisito adicional para las instituciones que los llevan a cabo: que su eficacia sea evaluada a través de la metodología de ensayo controlado aleatorio (ECA), es decir, entre los beneficiarios se selecciona un grupo al que se le aplican los nuevos programas y otro al que no (el grupo de control), de manera que se puede verificar el impacto de las medidas con datos empíricos. datos. rigor. La misma técnica que se utiliza en última instancia en la investigación clínica para probar nuevos medicamentos.
Además de este procedimiento de evaluación, Inclusión ha acordado con el Banco de España un nivel adicional de análisis: el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI), dependiente del organismo de control, realizará investigaciones a partir de los resultados obtenidos en el marco de los proyectos piloto. Los datos, convenientemente anonimizados, serán facilitados por el Ministerio, y el CEMFI facilitará estimaciones del impacto de las medidas en la inclusión social y laboral. El propio Escrivá señaló, al firmar el convenio con el Banco a mediados del mes pasado, que este tipo de fórmulas permite “políticas públicas con un enfoque diferente, basadas en datos, evidencias y evaluaciones”, y que “la evaluación independiente hace posible diseñar políticas robustas que perduren en el tiempo”.
Las vías de inclusión no sólo están previstas como posibilidad en el reglamento del IMV desde su concepción; también están comprometidos en Bruselas, y la implementación de proyectos piloto es una de las condiciones para recibir fondos europeos a cambio. El documento que regula exactamente los pasos a seguir para activar los desembolsos, el denominado convenio operativo, establece que en el primer trimestre de 2022 el Gobierno deberá publicar en el BOE ocho convenios con «administraciones públicas subnacionales, agentes sociales y del Tercer Sector». entidades” que incluyen rutas destinadas a aumentar el número de beneficiarios y la eficiencia del IMV; este hito se alcanzó esta semana. Para el primer trimestre de 2023, el acuerdo con la Comisión Europea especifica que se deben firmar otros 10 convenios, y en el primer trimestre de 2024 se debe completar y publicar la evaluación de los 18.
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