Las tramas de espionaje político están presentes desde hace años en las luchas internas por el poder del PP de la Comunidad de Madrid. Desde el «gestapillo» montado por el gobierno de Puerta del Sol para vigilar a los rivales políticos de Esperanza Aguirre hasta el espionaje de Ignacio González en Colombia o el asunto de las cremas que acabó hundiendo a Cristina Cifuentes. Sin embargo, ninguno de estos casos resultó en una condena. Así lo publica El Periódico de España.
El supuesto espionaje solicitado por presuntos altos cargos del PP madrileño para investigar si el hermano de Isabel Díaz Ayuso recibió una comisión por el contrato de compra de mascarillas en uno de los peores momentos de la pandemia de covid ha vuelto a poner al PP frente a su espejo.
El hilo conductor de estas distintas etapas es la agencia de detectives Mira, propiedad del empresario Julio Gutiez. Esta firma ya ha sido identificada como la presunta responsable de la vigilancia del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en Colombia entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2008.
Según el relato del comisario José Manuel Villarejo sobre los hechos del asunto del ático de González, el entonces vicepresidente de Madrid habría viajado a este país sudamericano de la mano del exasesor de Martinsa, José Manuel Serra Peris. Los detectives lo grabaron con una cámara oculta con bolsas de basura. Este hecho fue objeto de una investigación por parte de la Comisaría General de Policía Judicial en el marco de un expediente judicial, que terminó por archivarse.
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La «gestapo»
Varios investigadores privados que participaron en el seguimiento permanecieron imputados en dicho sumario durante casi ocho años, negándose a brindar datos sobre quienes los contrataron. Sin embargo, Villarejo apuntó a la posibilidad de que fueran contratados por la constructora OHL, cuyos directivos siempre lo han negado.
El asunto del ‘gestapillo’ también se remonta a 2008, cuando ‘El País’ publicó que Manuel Cobo, entonces mano derecha del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada hicieron del tema a vigilancia por parte de agentes de seguridad de la Comunidad de Madrid. Fue el propio Cobo quien bautizó a esta trama como el “gestapillo”.
Por entonces, Gallardón tenía una gran rivalidad con la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, que ese año también amenazó con presentar una candidatura a su rival Mariano Rajoy durante el congreso del partido celebrado en Valencia. La pugna interna por el poder provoca fuertes tensiones, incluso entre los favoritos de Aguirre, su «número dos» y su «número tres», Ignacio González y Francisco Granados, que ni siquiera podían verse.
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apartamento de González
De hecho, según los diarios de Villarejo, la investigación llevada a cabo por este polémico comisario sobre el desván que Ignacio González tenía en Estepona (Málaga) se inició 17 días después de que Aguirre «despidiera» a Granados de la Comunidad de Madrid. Según este relato, este último habría denunciado la supuesta corrupción de Ignacio González durante su paso por el ejecutivo de Esperanza Aguirre.
En el caso del espionaje, los informes de vigilancia hechos públicos correspondían en detalle a la vida cotidiana del teniente de alcalde Cobo. “Alguien se ha dedicado a seguirme. Puede que alguna gente haya querido saber información mía para usarla en mi contra, pero yo no sé”, dijo Cobo entonces, llamando a todo lo sucedido en la comisión de investigación. Realizó la Asamblea en Madrid para intentar traer luz y taquígrafos a lo sucedido.
«Nunca supimos si era asunto de González o de Granados, o de los dos a la vez», aseguran fuentes del PP madrileño sobre un espionaje en el que nunca se pudo demostrar que se estuviera utilizando dinero público.
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«Un camión volquete»
Fue en 2012 cuando en una reunión que los implicados mantuvieron con Francisco Granados, que fue grabada y publicada por el diario El Mundo años después, se habló de celebrar que una declaración ante el juez había ido bien con “un volquete de putas”. .
Los seis imputados en el llamado «caso del espionaje» fueron declarados no culpables del delito de malversación de caudales públicos, según el veredicto del jurado popular en el juicio. Estos seis policías y guardias civiles trabajaban en la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, dependiente de Granados.
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena y estableció textualmente: «Las pruebas practicadas no ofrecen la solidez, claridad y fiabilidad necesarias, y el jurado planteó una duda más que razonable que bajo el principio ‘in dubio pro reo’ y el de la presunción de inocencia, debe resolverse a favor del imputado”, indica la sentencia.
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anti corrupcion
El caso de Tomás Díaz Ayuso podría acabar en los tribunales, sobre todo después de que grupos de la oposición de la Comunidad de Madrid presentaran denuncias por separado en Anticorrupción. Si esta fiscalía ve evidencia de un delito cometido por el presidente, debe llevar sus investigaciones a la fiscalía de la Corte Suprema.
Cristina Cifuentes no ha sido investigada por el robo de un tarro de cremas. Pero dimitió como presidenta de la Comunidad de Madrid.
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