Hasta cinco años de internamiento en régimen cerrado y tres años de libertad vigilada es la pena máxima que podría cumplir el joven que confesó el asesinato de sus padres y su hermano en Elche, en caso de que un juzgado de menores lo condenara. Un crimen que conmocionó a la provincia y levantó viejas polémicas sobre la ley de menores. Si un joven de 18 años hubiera cometido estos mismos delitos, la pena a imponerse sería la de prisión permanente revisable. En el caso de los menores, a la edad de 21 años, estarían libres y completamente libres de antecedentes penales, con el fin de facilitar su reinserción social.
Este domingo se cumplirá una semana desde que un juzgado ordenó el internamiento del joven de 15 años que confesó haber matado a sus padres y a su hermano de 10 con una escopeta. Como le dijo a los propios investigadores, el martes 8 de febrero le disparó por primera vez a su madre mientras estaba sentada en un sofá después de una discusión sobre las calificaciones. Luego mató al niño de diez años que entró en el dormitorio alertado por los golpes. Y finalmente, esperó hasta las cuatro de la mañana a que su padre llegara a casa del trabajo para recibirlo a tiros. Luego arrastró los cuerpos a un cobertizo y se quedó en la casa jugando un videojuego durante tres días, hasta que aparecieron otros miembros de la familia para ver qué estaba pasando. Está acusado de un total de tres asesinatos. Desde el pasado domingo se encuentra hospitalizado en un centro de menores de Valencia, mientras continúa la investigación judicial por el triple crimen.
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El triple parricida del Elche no es el primer menor que se sienta en el banquillo por matar a sus padres. En 1994, Cyril Jaquet fue condenado a sólo dos años de prisión por haber matado a sus padres en Benijófar. Tenía 15 años y se le aplicaba la antigua ley de menores. José Rabadán, conocido como el asesino de la katana, fue condenado a seis años de prisión y dos más en libertad vigilada por matar a sus padres y a su hermana en Murcia el 1 de abril de 2000. Similares penas tendría que ejecutar contra el menor actualmente detenido en Elche, en caso de condena. En unos días cumplirá 16 años. Fuentes consultadas por este diario indicaron que la edad máxima de hospitalización es de 21 años, por lo que el tiempo que pasaría en el centro sería de cinco años.
La ley del menor en España no se dirige tanto al castigo del autor de un delito como a su rehabilitación y reinserción social. Esta misma normativa también prevé que una vez que el condenado haya cumplido los 18 años, puede pasar el resto de su condena en una prisión, aunque las fuentes consultadas por este periódico descartan que esto suceda en este caso. Una vez cumplida esta pena, deberá pasar hasta un máximo de tres años en libertad condicional, tiempo durante el cual el infractor estará sujeto a una vigilancia especial para que adquiera las habilidades necesarias para su integración social.
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Instrucción
Según las previsiones que se tratan con el Parquet de los menores, la investigación no se demoraría. Fuentes de los juzgados de Benalúa, donde se encuentran los juzgados de menores, indicaron que el caso podría ser juzgado y sentenciado en tres meses. En este momento, la investigación está a la espera del análisis de todos los rastros recogidos en la escena del crimen.
La confesión del principal sospechoso y la cantidad de detalles que aportó sobre el desarrollo de los hechos podrían incluso hacer innecesario el desplazamiento a Elche para participar en una reconstrucción de los asesinatos, prueba generalmente habitual en este tipo de investigaciones. No se espera que abandone el centro hasta que sea el momento de ser trasladado al tribunal para el juicio. Salvo que el menor o su abogado soliciten una nueva declaración.
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Herencia
Las fuentes consultadas por este diario indicaron que, según el Código Civil, el menor no podía heredar la casa, ni los bienes de sus padres asesinados. Las personas que hubieran sido condenadas por un tribunal por haber atentado contra la vida de sus padres no tendrían ni siquiera derecho a la vida legítima. Aunque las fuentes judiciales señaladas por este diario señalaron que para que esto surta efecto, alguien tendría que ejercerlo a través de la vía judicial.
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