Si las leyes que esperan su momento en el Congreso fueran juguetes que cobran vida, como en Toy Story, habría leyes muy tristes. Unos veinte, más precisamente. Estos son los proyectos o propuestas que llevan un año o más esperando a que dos grupos de la Mesa decidan el inicio de su tratamiento en la comisión correspondiente.
Los partidos, generalmente de oposición, se enojan mucho cuando ven semana tras semana que sus propuestas no se quitan de la mesa. Este procedimiento del Congreso es opaco. Las leyes, cuando son calificadas en el órgano de gobierno de la Cámara, es decir cuando son ratificadas para que inicien su curso parlamentario, corren el riesgo de quedar bloqueadas en el limbo de las prórrogas de las enmiendas. Basta que cinco representantes de este organismo estén de acuerdo. Ahora que el PSOE y Unidas Podemos forman mayoría, y que también son los partidos del Gobierno, basta con que decidan sus seis miembros.
Un ejemplo reciente que ilustra el malestar y la peculiaridad: el presidente Pedro Sánchez, a mediados de octubre, durante la clausura del congreso federal del PSOE, anunció que la reforma laboral del PP y la ley mordaza del anterior ejecutivo de Mariano Rajoy . El portavoz del PNV, Aitor Esteban, en su perfil de Twitter expresó su decepción y pidió más hechos y menos palabras.
Esteban tenía motivos de sobra para expresarse críticamente, ya que su grupo, un año antes, había logrado que el pleno apoyara la consideración de un proyecto de ley que reemplazaba la Norma de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza. La Mesa recibió la resolución de la mayoría del pleno y abrió el plazo de enmiendas, que a los pocos días se amplió cada semana hasta alcanzar las 40 enmiendas consecutivas.
Fuentes del grupo del PNV recogieron una protesta que suele caer en saco roto: dar más transparencia a las decisiones de la Mesa. ¿Qué partidos hacen que las leyes se alarguen en este limbo? ¿Qué razones dan sus representantes?
El caso es que, aunque con más retraso del previsto, el Gobierno comunicó en noviembre al PNV que comenzaría a tramitarse su propuesta de derogación de la ley mordaza. Actualmente, la presentación de la Comisión de Interior está ultimando el dictamen que servirá de base al texto que deberá ser ratificado por el Pleno.
contra el olvido
El récord de longevidad de leyes olvidadas lo ostenta la propuesta del Senado sobre la financiación del transporte público, que votó todo el debate (las enmiendas para volver a la norma) en octubre de 2020. Desde entonces acumula prórrogas sin dejar que nadie hazlo. cualquier cosa para evitarlo.
Muy cerca de su edad es una iniciativa legislativa popular, que emana de los ciudadanos luego de recolectar una cuota de firmas. Más concretamente, el que aboga por cambiar la ley de dependencia. La iniciativa de aumentar el ratio de enfermeras y así garantizar la seguridad de los pacientes también lleva tiempo acumulando polvo. Por norma general, este tipo de propuestas que surgen en el tejido asociativo civil suelen tardar meses y años en tramitarse, qué paradoja.
La pandemia nos ha cambiado la vida en muchos sentidos… También en algunos hábitos legislativos. Si bien el uso y abuso del decreto-ley ha sido nota común en distintos gobiernos, la situación de urgente y extraordinaria necesidad en la que se encontraba sumido el país a partir de marzo de 2020 catapultó a límites muy altos la presencia de esta figura legislativa. Cada decreto debe pasar al Congreso 30 días después de su aprobación por el Consejo de Ministros, como máximo, para ser validado o derogado. Siempre, después de esta votación, hay otra, la de la transformación del texto en proyecto de ley, que equivale a abrir la puerta a ciertos cambios. La norma ya está en vigor, pero el decreto se reserva la posibilidad de que los grupos hagan correcciones “a posteriori”.
Si sale el sí, la Mesa recibe el texto y lo mete en el mismo cajón que el resto de proyectos de ley, es decir las propuestas enviadas por el Gobierno. Y es probable que permanezca allí durante mucho tiempo.
En esta introducción merece destacarse que en el Congreso hay siete iniciativas de estas características: recuperación económica, apoyo al turismo, situaciones de vulnerabilidad en la vivienda y el transporte, sobre el Brexit, fondos europeos (el que salvó a Vox con una abstención), defensa del empleo y reducir la brecha de género. Todos ellos, derivados de otros tantos decretos-leyes, acumulan plazos de enmienda desde principios de 2021. Una fuente parlamentaria cree que nunca saldrán de ahí, de este cajón.
También están muy cerca, más polvorientos si cabe, de dos billetes. La diferencia entre proyecto y propuesta radica, en este caso, en que el primero es promovido por el gobierno; el segundo, un grupo parlamentario. El PNV, que venía aterrorizado por la retirada de su iniciativa de derogación de la ley mordaza, tiene una aún más acorralada: la de los secretos oficiales. Las fuentes del grupo vasco se preguntan cuáles son las razones que empujan al Gobierno a tal despecho. Desde septiembre de 2020 hiberna.
Como un juguete triste y oxidado, aparece también la propuesta sobre los bebés robados, que duerme desde septiembre de 2020, al igual que sobre los secretos oficiales. Lo mismo ocurre con lo relativo al control de la morosidad. Un pedido de reforma a la ley del Tribunal Constitucional está latente desde abril de 2021, así como el de incentivos fiscales al clientelismo y la reforma del voto solicitado, que exige modificar la ley electoral.
Del Senado, aunque ya empinados, llegan los textos de la citada ley de financiación del transporte público, que obliga a bajar el IVA en los servicios de dependencia y el texto refundido de la ley de la Seguridad Social.
trucos politicos
Un exfuncionario del gobierno familiarizado con los procedimientos legislativos le dijo a El Periódico de España que las decisiones de extender los plazos de enmienda generalmente se aplican a leyes que no son de interés para el gobierno por dos razones: inconvenientes políticos e inconvenientes temporales. En el pasado, cuando gobernaba el PSOE o el PP y en la Mesa tenían que ponerse de acuerdo para definir los ritmos legislativos, el pacto de adormecer determinadas leyes obligaba a las contrapartes. Actualmente, nada de esto está sucediendo. O no pasa tanto.
Por lo general, el PSOE y Unidas Podemos deciden qué leyes dormirán mucho y cuáles dormirán poco o nada. Por regla general, responden a nociones ejecutivas. Siempre se ha hecho así, eso no es una advertencia. Son los secretarios generales de los grupos quienes enumeran las reglas que deben ralentizarse o dejarse de lado directamente. La interlocución con el funcionario del Gobierno encargado de las relaciones con los Tribunales debe ser fluida en este ámbito, especialmente para actuar con previsión cuando sea necesario. “Recuerdo que pidió a los ministerios que prepararan enmiendas si había la mínima posibilidad de que se desbloqueara una ley”, indica el exfuncionario consultado.
Pero «el gobierno tiene interés en mover los billetes», su reglamento. Cualquier otra cosa puede ser una amenaza, y en un Congreso tan fragmentado como el actual hay que minimizar ese riesgo.
Y así algunas leyes se convierten en juguetes tristes.
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