Tras admitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que su hermano cobró 55.000 euros más IVA -lejos de los casi 300.000 señalados por el presidente del PP, Pablo Casado– de la empresa Priviet Sportive, atribuyó un contrato en abril de 2020 para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia de covid, los partidos de la oposición anunciaron que estaban trabajando en la recopilación de nuevos datos para ser transmitidos a la fiscalía anticorrupción sobre otras relaciones comerciales entre Tomás Díaz Ayuso y la administración regional.
El secretario del PSOE en Madrid, Juan Lobato, ha anunciado este domingo que en los próximos días su partido facilitará al departamento que preside Alejandro Luzón datos sobre cuatro nuevos contratos entre la Comunidad de Madrid y empresas vinculadas a empresas vinculadas a la Presidente, quien será llamado a presentarse a la Asamblea Regional.
También desde Podemos se ha anunciado una ampliación de la denuncia al Ministerio Fiscal en los próximos días y se citan contratos como los del Hospital de Zendal, otros escogidos en Artesolar, donde Tomás Díaz Ayuso es el responsable de ventas, y otros documentos en los que hablan de hasta «400 millones de euros en gastos sanitarios no justificados», según informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes del partido en Madrid.
La denuncia también pretende recoger una posible vulneración de la ley de contratos del sector público, en concreto del artículo 120, que es el que regula los contratos de emergencia y obliga a la administración a suspender los contratos, albaranes y recibos de compra, añaden las mismas fuentes. .
Firma tachada de Typex
En opinión de Podemos, la mayoría de los contratos de urgencia de Ayuso, al contrario de lo que dice el Gobierno regional, no se muestran en el portal de transparencia. Es el caso del contrato Priviet Sportive que constituye uno de los ejes del escándalo que dinamitó al Partido Popular. A la fecha lo que se exhibe es una resolución sin registro de entrada y con la firma de la Viceministra, Ana Dávila, tachada a máquina, además.
En este punto, Podemos pedirá también una auditoría externa de todos los contratos de emergencia, dado que dicen desconfiar de la Bancada de Auditoría, un órgano cuya renovación lleva tres años bloqueando el PP para no perder la mayoría. recordar. El partido intentó hoy activar la comparecencia de Tomás Díaz Ayuso en la Comisión de Seguimiento de Contratos de la Asamblea Regional «y el PP la bloqueó».
Por parte de Más Madrid, los servicios jurídicos también están analizando nueva información y otros asuntos en los que llevan tiempo trabajando para tomar las medidas oportunas en materia judicial y esperan ampliar su denuncia en los próximos días, según Fuentes de esta formación.
En Anticorrupción informan a este diario que se están estudiando las denuncias presentadas por los miembros de la Asamblea de Madrid y «ya veremos», aunque no se han iniciado formalmente las diligencias demandadas por las tres partes. De hacerlo, obligaría a realizar una investigación antes de decidir si el caso debe ser llevado a juicio o, por el contrario, sobreseído por carecer de alcance penal.
En cualquier caso, fuentes jurídicas consultadas por El Periódico, del mismo grupo editorial que este diario, han advertido de que las circunstancias que se dan en cada contrato pueden ser determinantes a la hora de dilucidar si hay o no delito en estos casos. A todo ello se suma el anuncio de la propia Díaz Ayuso de que pondrá a disposición de la fiscalía toda la documentación sobre estas operaciones.
En su escrito inicial, el PSOE pedía aclarar si la adjudicación de las mascarillas por más de 1,5 millones de euros a la empresa Priviet Sportive obedeció a la relación de amistad entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y su hijo Tomás, con los responsables de la misma.
Declararon que en el presente caso era «obvio» que los controles preventivos no parecían haber funcionado ante una supuesta intermediación, remunerada y directa de un allegado, precisamente, del Presidente del Consejo de Gobierno y la Administración que juzga a las mismas, “en manifiesto conflicto de intereses personales”, lo que lleva a considerar fuertes indicios de la posible comisión de “graves delitos de corrupción”.
Quien se atrevió a citar posibles delitos en su denuncia inicial fue la portavoz de Más Madrid en el parlamento madrileño, Mónica García, quien destacó, entre otras cosas, la corrupción, la malversación y el tráfico de influencias.
En su carta, la formación dirigida por Iñigo Errejón reprodujo once mensajes SMS, que la emisora Más Madrid no identifica, en los que advertía de «un caso grave de corrupción del hermano de Díaz Ayuso» por parte de «alguien que no sabía «cómo denunciarlo» al Ministerio Público y que no quería exponerse personalmente. Podemos, por su parte, apuntó en su denuncia a hasta tres posibles delitos de corrupción cometidos por un funcionario público.
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