La rápida subida de precios provocada por la invasión rusa de Ucrania por sus efectos en los mercados energéticos trastoca todas las previsiones, planes y programas económicos previstos o acordados en los últimos meses, y entre ellos hay uno que ha causado bastantes roces en el seno de la coalición de gobierno: el SMIC interprofessionnel (SMI). Según publica este martes El Periódico de España, la última subida, acordada hace unas semanas, dio lugar a este indicador que fija los sueldos de 2 millones de trabajadores en 1.000 euros mensuales en 14 cuotas, pero la próxima subida, que debería haber sido entre 10 y 50 euros al mes según el plan hasta ahora, cada vez está menos claro.
El motivo es que la hoja de ruta del Gobierno en este ámbito, el informe del grupo de expertos al que el Gobierno encomendó el diseño de una trayectoria para el ascenso del SMI, se está quedando rápidamente obsoleto por la evolución de precios y salarios. Este documento, presentado la pasada primavera, proponía alcanzar un salario mínimo de entre 1.011 y 1.049 euros mensuales en 2023 para cumplir la promesa del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos de subir el SMI al «60% del salario medio en España como recomendado por la Carta Social Europea». Pero desde entonces, las subidas de precios se han acumulado, empujando al alza los salarios: los aumentos salariales fijados en el acuerdo pasaron del 1,5% (diciembre) al 2,3% (febrero) en solo dos meses.
Si aumentan los salarios en general, también aumenta el 60% del salario promedio en el que debe colocarse el SMI según la promesa programática de los partidos al Gobierno; y todo indica que en los próximos meses los salarios seguirán subiendo, al calor de una inflación galopante: 2021 terminó con un aumento promedio del índice de precios al consumidor (IPC) de 3,1%, pero en 2022, el año terminado – Los datos anuales ya marcan niveles no vistos desde hace más de 30 años (7,6% en febrero), y nadie se atreve a descartar subidas de dos dígitos con una guerra abierta en Europa que afecta al suministro de petróleo y gas del continente. De ahí la urgencia entre sindicatos, empresarios y gobierno por alcanzar lo antes posible un pacto salarial que dé certidumbre a los agentes económicos. Los representantes de los trabajadores, dicen fuentes negociadoras, están ofreciendo aumentos salariales anuales del 5% más cláusulas que protegen el poder adquisitivo de los salarios.
El comité no se reunió
Los expertos que diseñaron el plan inicial para aumentar el SMI aún no han sido llamados a revisar su propuesta; Durante la presentación de su informe, en junio de 2021, la ministra de Trabajo había insistido en que el Gobierno mantenga activo al grupo de especialistas «durante toda la legislatura»: «Esta comisión ha venido para quedarse», subrayó entonces Yolanda Díaz. Dos de los miembros de este comité, consultados por este diario, se muestran comprensivos con el ejecutivo («con el lío que tienen ahora, se ocuparán de lo más urgente») aunque consideran que sería oportuno rehacer los números : “Ahora más de lo que nunca tendría sentido llamarnos, como dijeron que lo harían”, dice uno; “Las cifras que estábamos usando entonces eran de 2020, se han superado”, apunta.
La clave para actualizar su propuesta sería el pacto salarial final entre sindicatos y empresarios, que aún se está negociando, dice otro especialista: «Si el aumento salarial recomendado para este año es al final, por ejemplo, de la inflación subyacente». [la que mide los precios sin la energía y los alimentos no elaborados, ahora en el 3%] más un porcentaje adicional, el SMI tendría que aumentar tanto y algo más, para llegar a ese prometido 60% del salario medio y no quedarse al margen”, dice.
Desde el ministerio explican que convocarán la Comisión Consultiva para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional -nombre oficial del grupo de expertos- «cuando se considere oportuno». Cuando inició su labor, en febrero de 2021, el grupo contaba con 14 especialistas, entre académicos, representantes de trabajadores sociales y titulares de ministerios de trabajo, finanzas y economía.
Las conversaciones entre UGT, CCOO, CEOE y Cepyme para alcanzar un nuevo Convenio Colectivo del Estado (AENC), en el que se incluirían estas directivas sobre incrementos salariales, continúan este martes; todas las partes quieren un pacto antes de fin de mes, pero la situación es «complicada» por ahora, según uno de los negociadores.
El principal escollo, dice, son las cláusulas de garantía salarial, que actualizan los salarios para que no pierdan terreno ante la subida de precios: la patronal las rechaza, y los sindicatos (que no han podido pactar entre ellos una posición en la mesa) los requieren. Solo una sexta parte de los trabajadores están actualmente cubiertos por estas cláusulas, según datos de la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, dependiente del Ministerio de Trabajo.
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