El Congreso ha acordado tratar un proyecto de ley del Grupo Socialista que dará luz verde a la posibilidad de computar por jubilación parcial, el servicio social femenino, obligatorio en España entre 1937 y 1978.
Todos los grupos parlamentarios dieron su apoyo este martes al trámite de esta iniciativa que supone «un paso decidido por la igualdad real y efectiva, una cuestión de justicia y reparación histórica», tal y como defiende la diputada socialista Mercè Perea.
En la votación participó la Primera Vicepresidenta y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se llevó a cabo con 339 votos a favor.
Esta regla se sumará a la bonificación incluida en la reforma de pensiones, que posibilita computar el servicio social de las mujeres para el acceso a la jubilación anticipada en las mismas condiciones que los hombres que han cumplido el servicio militar o el servicio social de sustitución.
Así, ambos ya están reconocidos para estas prestaciones de acceso a la jubilación anticipada con un límite máximo de un año o hasta alcanzar los 33 años de cotización (por extinción forzosa) o los 33 años (por voluntariado).
Perea ha explicado que la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2021, que reconoce días de prestación social a las mujeres para acceder a la jubilación anticipada, «ha beneficiado ya a 427 mujeres».
«No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar el presente, mejorando la vida de esas mujeres que lo tenían todo más complicado por ser mujeres», aseguró Perea, quien añadió que aunque su impacto no sea demasiado grande, se trata de «una cuestión de la dignidad».
La mujer como «madre y esposa»
En sus primeros años (1937-1940), el servicio social de la mujer se realizaba en centros de asistencia social, en la primera línea de la guerra civil y en hospitales, que luego serían gestionados por la Falange, que se dedicaría a dar clases a aprender a ser una «buena madre y esposa», dijo Perea.
Lo encabezaba entonces Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio Primo de Rivera, que defendía que «la mujer debe ser femenina y no feminista», explicó la diputada de Bildu Merche Aizpurua, que prestó este servicio social en sus últimos años de vigencia. para poder estudiar en la universidad.
Aunque varió a lo largo del período de vigencia, este servicio era obligatorio para mujeres de entre 17 y 35 años, solteras y de clase media o baja que quisieran conseguir un trabajo, hacer un examen, obtener un título universitario, un pasaporte o un carné de conducir. licencia, dijo Aizpurua.
De esta forma, las mujeres eran objeto de «doble discriminación: por ser mujer y por no casarse», añadió Perea, quien defendió la norma como un paso para reducir la brecha de género en las pensiones.
La formación que debían superar estas mujeres se refería a «cursos de cocina, corte y costura o elaboración de cestas para bebés», según ha explicado la diputada de Junts Pilar Calvo, que sin embargo critica el retraso de esta norma.
retraso estándar
«Tiene décadas de atraso, la gran mayoría de las ‘flechas’ ya no están con nosotros o hace tiempo que se jubilaron. Las últimas mujeres tienen al menos 62 años», aseguró Calvo, a quien se sumó la diputada de Asturias. Foro Isidro Martínez Oblanca.
«Es una ley simbólica», defendió pese a todo la diputada de Unidas Podemos Isabel Franco, mientras que la de Compromís Joan Baldoví mostró su apoyo a su tratamiento -que también contó con el apoyo de PP y VOX- «aunque solo beneficie a una mujer». »
Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran consideró que hubiera sido mucho más rápido si el Gobierno lo hubiera aprobado mediante un real decreto, ya que habría entrado en vigor de inmediato, mientras que el diputado del BNG Néstor Rego ya anunció que lo hará. presentar enmiendas en su procedimiento parlamentario.
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