El Gobierno prevé aprobar este martes una reforma de la prima social de la electricidad a la que tienen derecho más de 1,2 millones de hogares para desvincularla de la evolución del precio mayorista de la electricidad, así como ampliar las actuales bonificaciones fiscales para contener la electricidad cuenta.
Así lo confirma al menos el diario Cinco Días de este lunes, al afirmar que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes, mediante un real decreto-ley, una batería de medidas encaminadas a reducir la factura de la luz, especialmente a los más vulnerables consumidores y empresas.
Entre ellas, se impulsará una reforma del vínculo social eléctrico al que tienen derecho 1,2 millones de consumidores vulnerables para desvincularlo de la evolución del precio en el “pool” (mercado mayorista donde se fijan diariamente los precios de la electricidad).
Paralelamente, se aprobará un nuevo modelo de financiación de dicha obligación, que también incluiría como financiadores a las empresas reguladas que gestionan las redes: el transportista, Red Eléctrica, y las distribuidoras.
Además, se ampliará la reducción de los impuestos sobre la electricidad (suspensión del impuesto sobre la producción del 7% y reducciones del IVA al 10% y del impuesto sobre la electricidad al 0,5%).
Los peajes de la industria también se compensarán en un 80% a través de los presupuestos, dada la nueva flexibilidad para otorgar ayudas estatales, como ya lo hacen Alemania y Francia sin la oposición de la Comisión Europea.
El Gobierno también regulará la revisión extraordinaria anticipada de la retribución de las energías renovables denominada Recore, que reducirá el cobro de la factura en casi 2.000 millones de euros, mientras que podría aprobar el desarrollo de las subastas de energía primaria.
Ribera: «Las eléctricas y las gasistas deben aceptar ganar menos»
Según el diario, lo que no se va a aprobar por el momento es la imposición de un tope al precio del ‘pool’, algo que apoya el Gobierno y que permitiría a las eléctricas con tecnologías que no requieren gas detenerse. recibiendo lo que se llama «beneficios divinos».
Ese mismo lunes, en una entrevista con Expansión, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, defiende que las empresas que más ganen deben contribuir más a bajar el precio de la electricidad, un reto en el que participan las eléctricas, pero también las gasistas. , tienen que asumir que podrían cobrar menos.
El vicepresidente cuarto del Gobierno también defiende que ante los precios récord de la electricidad y el gas en toda Europa hay que actuar en varios frentes.
«Por un lado, contener los precios» de forma inmediata y con «medidas urgentes» que deberían adoptarse a nivel europeo, indica sin excluir que España «actúe antes» si no hay consenso, yd’ por otro lado, «revisar las reglas del mercado».
Es un desafío «histórico», dice Ribera, que implica cambiar las regulaciones que existen desde hace décadas. Entre otras cosas, defiende que es necesario «sacar el gas del mercado eléctrico mayorista -lo que se llama desacoplamiento-.
En la práctica, “se deja en suspenso parte del régimen europeo que organiza el mercado” y las autoridades intervienen, aunque quedan por concretar los términos de esta desvinculación.
Entre las posibilidades que se contemplan está la fijación de un precio máximo en el mercado eléctrico, o un precio máximo del gas en las licitaciones de centrales eléctricas. Una tercera vía sería “sacar definitivamente el gas del mercado eléctrico” y pagar a cada central según costes y rentabilidad.
En cualquier caso, insiste, los próximos días serán decisivos, con la mirada puesta en el Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 24 y 25 de marzo.
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