Socios del PSOE llevan al Congreso un nuevo intento del franquismo de ir a los tribunales

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El pleno del martes comenzará con un debate que tendrá una miga. Miga política y miga histórica. Se trata de una propuesta legislativa encaminada a realizar un único añadido a la ley del código penal de 1995: un nuevo artículo para que se juzguen los delitos cometidos por la dictadura franquista.

Así vuelve a la Cámara Baja un clásico reciente, el fin de la impunidad del franquismo, y como siempre que los diputados empiezan a discutirlo, la polémica está asegurada. Lo que discutirá el plenario es la consideración de la propuesta. De avanzar, que no lo hará, el Congreso iniciaría el proceso de reforma oportuna del Código Penal.

Sin embargo, los propios simpatizantes dan por hecho que no habrá una mayoría que acepte el procedimiento porque el PSOE no está a la altura. Lo que quieren los socialistas es acotar el debate dentro del proyecto de ley de memoria democrática, guardado de momento en un cajón de la Comisión Constitucional. Fuentes del entrenamiento de Pedro Sánchez aseguran a El Periódico de España que su tratamiento no se detiene, sino que se ralentiza. Las fuentes parlamentarias de los grupos aliados son más lacónicas: “Tiene muy mala pinta.

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Cinco grupos presentaron la factura en noviembre de 2020: ERC, Plural (BNG, JxCat, Más País), PNV, EH Bildu y Mixta (la CUP). Posteriormente, todas las firmas fueron retiradas a excepción de la CUP. No lo hicieron porque de repente se arrepintieron, sino porque al ver que no había señales de progreso, optaron por hacerse a un lado y proteger sus respectivas rondas de presentación de propuestas. . Esto no es algo menor en la técnica parlamentaria. Para los grupos minoritarios, tener un cupo de propuestas legislativas es la única posibilidad de incidir en el “motu proprio” dentro del BOE. En una convención con diez grupos, los más pequeños suelen tener solo una opción para cada período de sesiones, por lo que es recomendable ir sobre seguro.

Mireia Vehí, de la CUP, se quedó como única seguidora, pero eso no quita que esté sola en la votación. La mayoría de los simpatizantes, consultados así por sus fuentes, apoyarán la medida, e incluso uno que no esté en la lista de noviembre de 2020 no votará en contra. En Unidas Podemos, si bien no especifican si apoyarán su decisión, tienen claro lo que no harán: rechazarla.

¿Supone esto un nuevo roce entre socialistas y “violetas”? Fuentes de ambos partidos lo niegan, entre otras cosas porque antes de finales de 2021 presentaron una enmienda conjunta para calificar los crímenes del franquismo como imprescriptibles y no amnistiables. Esta reforma forma parte de la batería de cambios que los dos grupos quieren hacer a la Ley de Memoria Democrática. La diferencia es que si el PSOE apuesta por traducir el deseo en norma, Unidas Podemos no puede eludir otros caminos para conseguir el objetivo: el fin de la impunidad del franquismo.

En cualquier caso, este martes los socios de la coalición de gobierno votarán, como era de esperar, de forma diferente. Prevalecerá el «no» porque, al igual que los socialistas, el pueblo se expresará, y eso ya es una barrera infranqueable.

El proyecto de ley

La reforma que se solicita es la siguiente: incorporar un artículo 2 bis con la siguiente redacción: «Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no impedirá el enjuiciamiento o la condena de los actos u omisiones que, al tiempo de su comisión, constituyeron, conforme a la ley reconocidos por las naciones que integran la comunidad internacional, los delitos a que se refieren los capítulos II, II bis, III y IV, del título XXIV del libro II de este código penal”. Los «artículos anteriores» citados entre comillas son los que establecen que los delitos no considerados como tales por la regla «antes de su comisión» no serán sancionados.

La exposición de motivos del texto, ya en el primer párrafo, enmarca bien la iniciativa: “Ante la situación generada en el Estado español respecto al mantenimiento de una situación de impunidad derivada de la ausencia de investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo dictadura (…), es necesario incorporar a nuestro derecho interno una disposición contenida en diversos instrumentos internacionales ratificados”.

Más adelante, el objetivo específico: “Se trata de aplicar los artículos 607.1 y 607 bis del vigente Código Penal a hechos anteriores a su aprobación y entrada en vigor, pues los delitos que caracterizan ya estaban vigentes en el derecho internacional. Vigente bajo el franquismo, por supuesto.

Estos artículos se refieren a la destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, es decir, al genocidio, y a los crímenes de lesa humanidad que, como señalan los firmantes de la iniciativa, «eran clara y comprensibles a nivel internacional antes de ser cometidos por los dictadura franquista». Sobre esta base, los aliados del PSOE pretenden introducir en el Código Penal la investigación y eventual enjuiciamiento de este tipo de delitos. Se cita jurisprudencia y tratados internacionales al respecto.

La ley de la memoria democrática

Antes de que finalice el año, el PSOE y Unidas Podemos acuerdan la siguiente modificación del Proyecto de Ley de Memoria Democrática: “Se interpretarán y aplicarán todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la tortura se consideran imprescriptibles y no amnistiables”.

El párrafo levantó mucho polvo. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, líder y diputado de Unidas Podemos, omnipresente negociador de la formación, reconoció que el alcance era limitado, ya que llegaría a pocos supervivientes del franquismo. Sin embargo, la defendió, porque se trataba de acabar con la impunidad legislativa de la dictadura. En términos similares se pronunció el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

ERC, de nuevo aliado indispensable, como en toda legislación progresista, se enfadó. Gabriel Rufián fue el encargado de poner el enfado en palabras. Destacó que la propuesta del gobierno era «humo». Era urgente, según él, la derogación de la ley de amnistía, y sobre todo, la declaración de ilegalidad del franquismo.

Ahí está el gran desnivel, el tema que, de hecho, pone en riesgo el futuro de la ley memorial democrática, fundamental en la agenda del Ejecutivo. Al menos lo era a principios de año. Comprobar que los desacuerdos, en lugar de desvanecerse, persisten, complica el tratamiento de la norma. De momento, si no se para, se va al ralentí.

Porque ERC, al igual que EH Bildu, exigen no sólo la derogación de la ley de 1977, sino también una compensación económica para las víctimas. Lo que el PSOE y Unidas Podemos muestran como opción, el independentismo quiere como compromiso.

Esta divergencia se convertirá en reproches cruzados este martes, en el Congreso. Nada nuevo, aunque sea un síntoma de que la relación con el pasado ni siquiera genera emociones similares en el hemiciclo.

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