Nuevo capítulo en la polémica por la destitución del exfiscal del caso Villarejo Ignacio Stampa. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha cerrado el litigio que este funcionario presentó contra la decisión de la Fiscalía General de la Nación de negarle el acceso al expediente completo de la investigación que se le seguía por una supuesta revelación de secretos a abogados de Podemos, que acabó archivado hace un año.
El fiscal, que se sienta hoy en los juzgados de Madrid, presentó una demanda para que el tribunal superior declare si tenía o no derecho a acceder a las comunicaciones internas que la fiscalía mantuvo durante el procedimiento que se seguía contra él por un presunto delito de revelando secretos.
Estas comunicaciones, de las que parte del contenido se hizo público esta semana, reabrieron la polémica que se arrastraba desde que Stampa abandonó el caso en octubre de 2020 al no obtener ninguno de los ocho puestos fijos en la Anticorrupción que le habían dado entonces. . El caso derivó en un polémico Consejo Fiscal en noviembre pasado en el que el titular de la Secretaría Técnica, Álvaro García, y el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, tuvieron que explicar esta decisión y la investigación interna abierta a la fiscalía de Stampa que no logró cerrar el asunto. En efecto, por la mayoría Asociación de Fiscales (AF) se pide la destitución de Delgado por su gestión de todo el expediente.
En su resolución, de fecha 7 de marzo, ya la que tuvo acceso El Periódico de España, diario perteneciente al mismo grupo Prensa Ibérica, este diario, la sección séptima de lo contencioso de este juzgado declara cerrado el presente proceso «por satisfacción» -La Stampa obtuvo finalmente los documentos el pasado mes de diciembre- por lo que detiene el expediente y la devolución a la Administración del expediente administrativo.
Condena al Fiscal
El punto importante viene a continuación, ya que la Sala integrada por los magistrados María Jesús Muriel, Ignacio del Riego, Santiago de Andrés y Manuel Ponte añade la «condena expresa de las costas del presente incidente a la administración demandada», es decir a el Ministerio Fiscal, “hasta un máximo de 1.000 euros, más IVA en su caso, por todos los conceptos incluidos en el mismo”. Se trata de atribuir cierta responsabilidad a la Administración aunque no se haya podido fallar a favor del demandante, según las fuentes judiciales consultadas.
Así lo subraya la Sala en su auto, en el que recuerda que «dada la resolución inicial de negativa expresa de la Administración, que obligaba al recurrente a acudir al juzgado para satisfacer sus pretensiones, con el posterior reconocimiento de éstas, ya avanzado el procedimiento». por un acto en sentido contrario”, el Ministerio Público deberá responder con el pago de las costas del procedimiento.
Según la resolución, el 9 de diciembre García emitió un acuerdo en el que entregaba a Stampa «el contenido íntegro de los expedientes gubernamentales» que previamente habían sido denegados «de acuerdo con las singularidades del caso y los hechos ocurridos con posterioridad a la anterior». la negación».
Documentos internos
En el escrito, el Procurador General de la Secretaría Técnica agregó, en todo caso, que dicha documentación es “de carácter interno y reservada para las comunicaciones derivadas de la rendición de cuentas del artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público y no puede trascender a terceros.
La resolución se conoce en medio de la última disputa por este caso, tras conocerse una comunicación directa a Delgado del fiscal general de Madrid en diciembre de 2021, cuando aún estaba abierta la investigación interna de Stampa, lo que contradiría las explicaciones oficiales según las cuales señalaron. que el Ministerio Público -cuyo socio, Baltasar Garzón, dirige un despacho de abogados que defiende a los imputados en el caso Villarejo- siempre había permanecido ajeno a este caso.
Ante estas acusaciones, la Fiscalía explicó a El Periódico de España que la situación fiscal obligaba a mantener informado a Delgado sobre este caso, que era de conocimiento general y no significa que interviniera la Fiscalía.
Tras hacerse pública la demanda, el caso de Stampa llegó al Consejo Fiscal en noviembre pasado, y la Asociación de Fiscales (AF) -que también tiene su propia demanda ante el TSJ por el mismo caso, aún sin resolver- instó a la fiscal general del estado, Dolores Delgado, a permitir le dio acceso al caso, que le fue negado por tratarse de un «caso reservado».
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