El Tribunal Supremo confirmó la pena de seis meses y medio de prisión y el pago de 300 euros impuesta a una agente de la Guardia Civil de Chipiona (Cádiz) por haber insultado a un superior contra el que, en un escrito, expresó expresiones tales que estaba «no muy limpio» y desprendía un «olor asqueroso». El destinatario fue un comandante de instituto armado que fue nombrado instructor en varias causas disciplinarias abiertas al oficial por la supuesta comisión de falta disciplinaria y a quien ella recusó.
“Cada vez que se ha mostrado como un instructor, lo ha hecho de manera descuidada y desordenada, con mal olor y un anillo de sudor bastante desagradable debajo de ambos brazos, estropeando así toda la uniformidad de este cuerpo. en detrimento de los mismos con un olor fétido, siendo bastante desagradable para el imputado que está siendo tratado», dijo el oficial en la polémica carta. Por estas expresiones, el Segundo Juzgado Territorial Militar de Sevilla la consideró «autora de un delito consumado de injuria a superior en su modalidad de injuria por escrito» al mando, y la condenó en 2021 a seis meses y medio de prisión en suspenso. del servicio público durante este período y el pago de 300 euros al actual teniente coronel.
Hoy, la sala militar de la Corte Suprema de Justicia confirmó esa condena y desestimó el recurso de casación del oficial, que alegaba error en la valoración de la prueba porque el tribunal no consideró plenamente la defensa de anomalía o alteración psíquica. Para los magistrados, «el motivo alegado es manifiestamente impracticable», dado que la defensa introdujo «una cuestión que quedó fuera de la controversia» ante el tribunal que juzgó los hechos, por lo que ya no puede ser planteada ante el Tribunal Supremo.
Los hechos se remontan a 2017 cuando el agente, destinado en Chipiona y encargado del área de violencia de género, recibió la orden de reducir el riesgo de una joven que había denunciado amenazas de muerte y agresiones por parte de su pareja. , a quien ella se negó, según el procedimiento al que tuvo acceso EFE. Este hombre, que fue puesto bajo custodia, también amenazó a la Guardia Civil y provocó daños en su vehículo, por lo que pidió a su jerarquía que activara el protocolo de protección para los agentes del orden, según las alegaciones de su abogado antes de la sentencia. A partir de ese momento, la acusada, «en contra de su voluntad», fue citada para ser valorada por los servicios médicos de la Comandancia quienes, «a pesar de su oposición categórica», emitieron un informe de alta por estrés laboral. El agente, añade el escrito, sufrió una situación de «hostigamiento y derribo» con la apertura de expedientes disciplinarios por «falta muy grave» por su negativa a realizarse reconocimientos médicos, la mayoría de los cuales se encuentran en expediente.
Decide inhabilitar al comandante, a quien envía una carta en la que, además de enumerar las causales de inhabilitación, se queja de que «por el simple hecho de ser comandante» nadie le acusa de «la ausencia corresponsal del Cuerpo Disciplinario del Ejército». por haber descuidado el aseo personal y la imagen misma de este honorable Cuerpo de la Guardia Civil». El comandante, por su parte, alegó «que se sintió agredido en su honor y en su dignidad» y que «un número indeterminado de personas entre subalternos y jefes de la comandancia de Cádiz» había tenido acceso a la carta.
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