Sindicatos y patronal exigen aunar fuerzas y escuchar el reto del transporte

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Vídeos de violencia contra camiones y conductores circulan de móvil en móvil en los transportistas: grupos de personas vestidas con chalecos reflectantes obligando a los vehículos a parar, tirando piedras a los que no quieren parar, pinchazos de ruedas, insultos, peleas, golpes… Los sindicatos denuncian que parte de los independientes que apoyan el paro convocado por la Plataforma por la defensa del sector del transporte de mercancías por carretera, que entra este viernes en su quinta jornada, agreden con toda impunidad a los camioneros asalariados, y piden el Ministerio del Interior para proteger a estos trabajadores; La patronal alimentaria FIAB, por su parte, pidió abiertamente la «fortaleza» de la actuación policial. El gobierno ha respondido movilizando a 23.500 agentes para acudir al lugar donde se están produciendo los hechos.

“Esto no es una huelga, que es una situación regulada por ley en la que los trabajadores pueden decidir no trabajar; Se habla de huelga de cuentapropistas: estos señores son comerciantes que no circulan si no quieren, pero los camioneros asalariados a quienes violan no pueden hacerlo; corren el riesgo de ser sancionados o despedidos por su empresa”, explica un responsable del sector de Carreteras de CCOO, que no quiere dar su nombre por miedo al clima de violencia desencadenado por las manifestaciones.

Según el diagnóstico de este vocero, la situación no hace más que empeorar: “Los pactantes se han puesto en un callejón sin salida al llamar a un paro indefinido; pasan los días, la gente se calienta más y más, y no hay una solución simple para esto. “, subraya.

En UGT también temen la radicalización si la situación continúa, «como los ‘chalecos amarillos’ de Francia», añade un portavoz del sector, en referencia al movimiento que empezó a protestar contra el aumento de los carburantes y ha desembocado en meses de violentos altercados en Francia. el país vecino.

Ante este escenario, los sindicatos creen que es necesario combinar el garrote con la zanahoria: firmeza policial con medidas que respondan rápidamente a algunas de las demandas de los movilizados. Así lo ven también en la CEOE, que este jueves celebró una reunión interna de los sectores afectados para analizar la situación de coacción y escasez que afecta a varios sectores productivos. “Hay que tomar medidas ya para reducir el precio del combustible”, explica uno de los participantes en este encuentro. “La policía no es suficiente: Camioneros en huelga toman foto de camión [que no se suma al paro]lo pasan por sus grupos de WhatsApp, y si no pueden hoy porque hay agentes, en cuatro días lo destruyen”, agrega.

“Otros países europeos ya están adoptando políticas de control de precios, y aquí en cambio el gobierno dice que quiere esperar al Consejo de Ministros del 29 de marzo, es decir dentro de 12 días”, razona este empresario. En UGT también piensan que hay que anticiparse a esta medida: «nosotros mismos lo exigiremos en la calle el día 23», lanza uno de sus responsables sectoriales, en alusión a las movilizaciones convocadas esta semana por los sindicatos y otras organizaciones sociales para exigir -entre otras cosas- el control de los precios de la energía.

A la espera de que el Gobierno decida adelantarse a algunas de sus decisiones anticrisis, la policía está lista para intervenir. Según el acta de una reunión entre la patronal y el ejecutivo a la que tuvo acceso El Periódico de España, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este periódico, se creó un grupo interministerial para el seguimiento de las manifestaciones, en el que no son Agricultura, Transportes, Interior y Administraciones Públicas, que coordinarán la actuación de los cuerpos policiales y atenderán las llamadas de auxilio de las empresas implicadas, organizando convoyes para proteger varios camiones a la vez en caso de ser necesario. La prioridad, según este documento, será garantizar «los servicios básicos y esenciales: alimentación, combustible, medicamentos y material sanitario», y se vigilarán especialmente los «puntos críticos: puertos, mercados y grandes plataformas de distribución».

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