La Fiscalía se apoya en el Estatuto para defender la competencia del Tribunal Supremo para reclamar a Puigdemont

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La justicia europea activa la cuenta atrás para esclarecer el futuro de Carles Puigdemont

Cadena, que viajó a Luxemburgo con la exfiscal general Consuelo Madrigal, argumentó que «la competencia para conocer de cada proceso penal corresponde a los jueces», porque «es ilógico que el país anfitrión controle las reglas de competencia del país emisor». En el ‘juicio’, dijo, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se pronunciaron sobre este aspecto en varias ocasiones, negando cualquier vulneración de derechos y aprobando la competencia del Tribunal Supremo a la hora de resolver los recursos de amparo de todos los condenados en el ‘juicio’. . .

Y sus sentencias están «respaldadas por una ley explícita con reglas que marcan la competencia», como la ley orgánica del Poder Judicial, la ley procesal penal y el propio Estatuto, cuyos artículos declaran la competencia del Tribunal Supremo para Instruir a los Diputados. del Parlamento que delinquen fuera de Cataluña. Entre estos delitos, que por conexión atraen a otros, citó la creación del censo de catalanes en el exterior.

problema sistémico

A su discreción, se incorporaron la Abogada del Estado Andrea Gavela y Julio Baquero Cruz, en representación de la Comisión Europea. El primero que sostenía que a ojos de Bélgica, la Euroorden sería una “herramienta inoperante” y que si hubiera un problema sistémico en el sistema judicial español, afectaría a todos los casos y no solo a determinadas personas.

El segundo señalaba que la propia sentencia belga negaba las vulneraciones sistémicas de derechos en España y señalaba que debería haber denegación de la entrega, salvo en determinados supuestos, como la enfermedad del imputado, argumento que luego desmiente uno de los los magistrados que integran la Sala, Lucía Serena Rossi, en las preguntas que pueden hacer a las partes para dictar su sentencia.

Respecto al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, en el que se basó el juez belga para alegar la supuesta vulneración de los derechos de Puig, Cadena sostuvo que fue negado por los tribunales españoles y que la jurisprudencia europea exige que el riesgo de vulneración de derechos la ley no es «mera especulación», sino que debe ser un riesgo «cierto» y «relevante». Las defensas, en cambio, lo han defendido con las veces que una delegación española ha participado en su trabajo y lo «desmiente», para no compartir sus conclusiones.

termina ahora

El abogado de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Gonzalo Boye, argumentaron que sus clientes pertenecían a la minoría catalana dentro del Estado español y que, como miembros de este grupo, fueron víctimas de persecución por haber convocado un referéndum «brutalmente reprimido», a pesar de ello. no es un delito ni en España y estimó que en ningún «lugar del mundo» por algo que después añadiría que «hay 3.000 represalias catalanas».

Boye argumentó que el Supremo decide la competencia de forma «arbitraria» y recordó que no esperó a que el propio TJUE se pronunciara sobre la inmunidad del presidente de ERC Oriol Junqueras antes de dictar la sentencia del ‘procés’ que le condenó a 13 años de prisión. Argumentó que «el Tribunal Supremo utiliza los autos europeos con fines políticos» y por ello los retira o los reitera. Ha recordado la comparecencia de Puigdemont en Bélgica y sus detenciones en Alemania y Cerdeña, así como que nunca pudo viajar al territorio por el que fue elegido eurodiputado, Cataluña, porque el Tribunal Supremo no respeta la inmunidad que le confiere esta asiento. «Tiene que parar ahora», dijo.

En su intervención fue muy consciente, con referencia expresa a si los miembros de la Corte, de que el magistrado del Tribunal Constitucional Enrique Arnaldo no se apartó de las sentencias que negaban las violaciones de derechos, aunque afirmó, antes de su incorporación a el TC el encarcelamiento de Puigdemont.

efecto desaliento

Isabel Elbal, en representación de Ponsatí, argumentó que los hechos por los que está siendo procesada carecen de fundamento jurídico, ya que ello introduciría un marco de arbitrariedad y un efecto desincentivador sobre las libertades de reunión y manifestación en la Unión Europea, que no puede ser permitido.

Por su parte, Andreu van den Eynden, en representación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que huyó a Suiza, argumentó que «es imposible saber cuál es el criterio», porque hay gente que, por los mismos hechos que se le atribuyen a Puig se les ha buscado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como a Josep Maria Jové.

El propio Tribunal Supremo acaba de devolver la causa contra Meritxell Serret, cuya acusación probablemente sería similar a la de Puig, ya que solo fue acusada de desobediencia. En su informe también tuvo en cuenta la sentencia constitucional sobre Junqueras y destacó los votos particulares de tres de los nueve magistrados que participaron en las deliberaciones, a favor de revocar su sentencia. El abogado del Estado, al pronunciarse, que ninguno de ellos se debió a la incompetencia del Tribunal Supremo para conocer de los ‘juicios’.

Benet Salellas, en representación de Anna Gabriel, que huyó a Ginebra, señaló que, aunque ya no es miembro de la Copa, el Tribunal Supremo se niega a declinar la jurisdicción de los tribunales catalanes, porque no empieza a disponer de los españoles. justicia. , como hizo Serret. «Estamos hablando de proteger los derechos fundamentales, no de desprotegerlos», dijo, citando la jurisprudencia que dice que no hacerlo te convierte en cómplice de la violación.

España vs Bélgica

Terminados los abogados, llegó el turno de las denuncias de España y Bélgica. El fiscal Andrea Gavela restó importancia a las conclusiones del grupo de trabajo y consideró que aceptar el criterio belga para denegar un eurocomando, porque dejaría «inoperante esta herramienta», en la que no debería tener igual importancia el derecho interno del país requerido, porque la directiva especifica las condiciones que la rigen.

Por su parte, la representante belga hizo hincapié en la separación de poderes y recordó que ya ha habido varias condenas por rechazar órdenes europeas por el riesgo de vulneración sistemática de derechos fundamentales. El relator de sentencias Lars Bay Larsen dirigió sus preguntas a Bélgica, cuya delegación dejó la puerta abierta a modificar sus criterios en base a lo que llamó un cambio de jurisprudencia.

Tras escuchar a todas las partes intervino Julio Baquero Cruz en representación de la Comisión Europea, que quiso centrar el debate. “Aquí lo que se determina es ver si se necesita un problema sistémico para el rechazo o si basta con un problema puntual”, explicó para admitir que no solo se rechazan aquellos en los que ocurrió lo primero, sino también en caso de enfermedad grave. de la demandante, porque en España no existe un problema sistémico en España y Bélgica así lo dijo en su sentencia.

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