Así fomentan los paraísos fiscales la competencia desleal

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A finales de 2019, el periodista británico Oliver Bullough presentó en España su último libro «Moneyland» (Principal de los Libros), con el que volvió a sacar a la palestra un tema que no suele ocupar las primeras planas de los informativos pero que , en la oscuridad, sigue funcionando y causando estragos. La existencia de los paraísos fiscales y el daño que sufren las naciones cuando sólo unos pocos juegan en un tablero paralelo al resto de los mortales a saquear y esconder sus fortunas, lejos de las normas fiscales que rigen en cada estado.

En su libro, Bullough hace un exhaustivo (y descorazonador) repaso por los ejemplos más escandalosos que están íntimamente ligados, incluso, a la quiebra de países enteros. Y su intención es muy clara: saber “por qué los ladrones y tramposos controlan el mundo y cómo quitárselo”.

¿Es esto un problema real?

Analizando la cuestión, Daniel Vaccaro, especialista fiscal y profesor de EAE Business School, señala en primer lugar que no existe una lista única y clara de territorios que son paraísos fiscales. Por ejemplo, países como Luxemburgo o Irlanda no son de la UE, mientras que sí lo son de otras organizaciones internacionales. Además, según él, es necesario saber diferenciar entre quienes las utilizan para lavar fondos provenientes de actividades ilícitas o delictivas, y quienes las utilizan como “pistas de aterrizaje para ganancias corporativas; No tiene nada que ver el uno con el otro”, dijo.

Y es que, tal vez, y solo tal vez, pueda parecer que los paraísos fiscales son exclusivamente islas o rincones lejanos donde ladrones o delincuentes esconden sus riquezas, pero en realidad es un concepto mucho más amplio e involucra a países mucho más cercanos de lo que imaginamos. “Cuando pensamos en el concepto tradicional de paraíso fiscal, pensamos en países donde se paga poco (o nada) de impuestos”, explica Carmen Cámara, profesora de derecho financiero y tributario de la UDIMA. “Obviamente estos países, entre los que podemos mencionar a Trinidad y Tobago o Fiji, entre otros, representan una amenaza en términos de pérdida de ingresos, pero también hay otros países (como Holanda, Luxemburgo o Irlanda) que si bien no pueden ser considerados paraísos de un modo u otro, ofrecen regímenes preferenciales o tipos impositivos reducidos que en muchos casos implican la deslocalización de empresas a estos territorios”, explica. En efecto, en la actualidad, como recuerda la Sala, organismos internacionales como la OCDE o la propia Unión Europea (UE) ya incluye factores de transparencia a la hora de calificar a un país como paraíso fiscal, como “falta de intercambio de información o secreto bancario”.

Impacto en la economía

Estas condiciones, de «secreto bancario y tributación nula o baja», hacen de estos países «un destino ideal para quienes tienen fondos o capitales que quieren mantener fuera del control de Hacienda», estima Benja Anglès, profesor de Derecho estudios en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Y en el contexto actual, el peso de las multinacionales es muy importante, “en un mundo globalizado con libre circulación financiera”, subraya Octavi Serra, profesor del departamento de economía de la Universidad de Girona. Según él, “toda multinacional establece su sede en países de tributación favorable, sea o no paraíso fiscal”; eso sí, “siempre pensando en la seguridad jurídica”. Además, señala que esta decisión de las empresas no solo se basa en la inseguridad jurídica y los tipos impositivos, sino también en «las malas expectativas económicas, la inseguridad política, los riesgos cambiarios o la inflación».

Obviamente, estas prácticas tienen un claro impacto en las economías nacionales. Según Cámara, «hay muchas filiales de empresas europeas (y, en particular, españolas) ubicadas en paraísos fiscales, en el sentido amplio del término», lo que acaba produciendo una innegable «erosión de las bases imponibles y una deslocalización de beneficios a países de nula o baja tributación”. Y es que, si por un lado “eluden las actuaciones y demandas de la administración tributaria y los tribunales”, ya que es imposible solicitar información sobre los fondos, por otro Por otra parte, “se ahorran los impuestos que tienen que pagar si declararon o dispusieron de dichos fondos en España”, dice Anglès en referencia al caso de nuestro país.

De esta forma, estas multinacionales hacen un flaco favor al sostenimiento de las arcas públicas, lo que, como apunta Anglès, “además de ser desfavorable y perjudicial para el conjunto de la sociedad, en el caso de las empresas, genera una competencia desleal, teniendo menos costes que el resto de empresas del sector que cumplen con sus obligaciones tributarias”. “Digamos que los paraísos fiscales practican la competencia desleal”, dice Serra en la misma línea.

Trabajar y unificar los criterios

Lógicamente, todo indica que las Administraciones y organismos internacionales están trabajando para acabar con esta práctica, pero ¿se está haciendo todo en esta dirección? En opinión de la Cámara, es cierto que se están haciendo esfuerzos para luchar contra los paraísos fiscales, «tanto por parte de los distintos organismos internacionales como a nivel interno», pero lo cierto es que queda un largo camino por recorrer. “porque la lista de paraísos fiscales, contenida en el Real Decreto 1080/1991, requiere una actualización para adaptarse a la realidad del entorno actual”.

Anglès, dans ce combat, rejoint cette voie législative, une autre administrative qui comprendrait «des contrôles et des inspections de l’Agence fiscale, ainsi que la voie juridictionnelle, à travers des procédures judiciaires contre les activités illicites de fraude fiscale et de blanchiment d ‘dinero». Además, defiende la posibilidad de incentivar la repatriación de fondos, “mediante amnistías fiscales que permitan la declaración voluntaria de capitales evadidos en su momento con la promesa de una sanción menor, pero con el incentivo de que comenzarán a tributar íntegramente en sucesivas años». años.» Sin duda una medida controvertida (y en España lo sabemos bien), pero que Anglès considera plausible.

Vaccaro, por su parte, apunta más a la necesidad de unificar criterios, “porque algunos países quieren actuar, pero otros se sienten cómodos con el statu quo”. Por eso, y en última instancia, se necesita “coraje político” y voluntad para “hacer cumplir las reglas”, con sanciones efectivas. “Se ha avanzado mucho, pero aún queda mucho por hacer”, concluye Vaccaro, recordando que, para empezar, “España aún tiene que transponer la directiva europea sobre blanqueo de capitales”.

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