El asesinato por poderes del domingo en Sueca hizo saltar todas las alarmas. En este sentido, una de las primeras reacciones fue la de la ministra de Justicia, Gabriela Bravo, quien convocó una reunión de urgencia para la tarde de ayer con todos los operadores en materia de violencia de género con un único objetivo: analizar posibles fallos o crackear procedimientos. para evitar, en la medida de lo posible, hechos similares.
Una de las primeras conclusiones a la luz de lo sucedido es la falta de conexión entre los juzgados de VBG y los juzgados de familia. En el caso de Sueca, el mayor procesó y condenó al presunto parricida, José Antonio AC, por un episodio de malos tratos a su entonces esposa, desconociendo que en paralelo, el juzgado de familia procedió al divorcio de mutuo acuerdo que terminó otorgando la custodia compartida de Jordi, el hijo de los dos asesinados por el padre este domingo.
La desconexión, sin embargo, es sólo parcial. El Juzgado de Familia de Sueca tuvo acceso al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), la base de datos que recoge todos los procesos penales -sean o no de violencia de género-, tanto condenas como medidas de protección, denuncias,. .. Esto quiere decir que, de haber consultado los nombres de José Antonio AC y de su esposa, habría aceptado automáticamente el proceso penal que lo condenó a 40 días de trabajo en beneficio de la comunidad y la orden de alejamiento de la misma.
Bravo subrayó ayer, al término de la reunión, que «el juzgado no está obligado a consultar al SIRAJ», pero subrayó la «tremenda» utilidad de la herramienta para que los jueces de familia «puedan tener conocimiento de los hechos y condenas de género». basada en la violencia».
Habilitar el acceso a todo
Precisamente por ello, y dado que actualmente sólo los juzgados de lo penal y los mixtos (ambos de Sueca lo son) tienen acceso al SIRAJ, se comprometió a pedir al Ministerio de Justicia, del que depende este registro, “que se abran los juzgados puros de familia”. [no mixtos]», como son, por ejemplo, los de la ciudad de Valencia.
Así, se pretende conseguir una plataforma específica para la C. Valenciana que dé acceso a todos los juzgados a esta base de datos y a otras que, como VioGén (el registro de víctimas y actuaciones policiales y judiciales en el contexto de la violencia de género), proporcionen información imprescindible en cualquier trámite.
A ello se sumará, a partir de noviembre, con la digitalización de la justicia valenciana, la creación de un sistema de alertas informáticas en «todos los sistemas de gestión procesal». Son dos instrumentos con el mismo fin, uno automatizado y otro proactivo, ante “la posibilidad de que uno de ellos se averíe”.
Además, ya ha pedido a la ministra de Justicia una reunión en la que explicará otras medidas derivadas de la reunión de ayer: “Instar al Gobierno español a modificar el Código Penal para que no recaiga el peso de la supervisión del cumplimiento de la orden de protección, como hasta ahora, sobre la víctima, sino sobre el agresor», a favor de la «desvictimización» de las mujeres víctimas de violencia de género.
La tribuna de los jueces
Durante este debate, al que asistieron todos los operadores judiciales y representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad reunidos por Bravo, a excepción de los magistrados, que renunciaron porque preferían asistir únicamente a la reunión extraordinaria convocada mañana por la coordinación provincial. Comisión de Violencia de Género, se abordó otro tema: la función de las Unidades de Evaluación Forense Integral (UVIF), figura recogida en la Ley Integral de Violencia de Género y en la que la C. Valenciana es líder con 13 sedes en todo su territorio.
Bravo destacó los beneficios de este recurso, “ya que cada unidad está compuesta por un médico forense, un psicólogo clínico y un trabajador social, y sus informes van más allá de las valoraciones policiales de riesgo”. Estos últimos, que son los que establecen el grado de riesgo de la víctima, son elaborados por la policía a partir de un cuestionario en el que sólo se interroga a la mujer, la víctima, mientras que los informes de la UVIF también se realizan sobre el agresor y su entorno familiar, lo que da una idea mucho más amplia, defendió.
Pese a que algunas de estas unidades, como la de Valencia, existen desde 2016, «sus informes apenas son necesarios, y es un recurso que puede solicitar el juez, pero también la fiscalía y los abogados de las víctimas». Por ejemplo, en todo el año 2021 solo se solicitaron unas 2.000 denuncias de los 14.536 casos de violencia de género tramitados en la provincia de Valencia. Un mísero 14%.
La conclusión es clara: “Debemos seguir trabajando coordinadamente, hacer un mayor uso de todos los recursos y todas las herramientas que ya existen y corregir las disfunciones de estos recursos. Porque no podemos permitir que comprometan la vida de las personas.
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