Dado el número de procesos ya abiertos, cada juez de instrucción de la Audiencia Nacional ha conocido dos o tres de estos casos. Sin embargo, no todas tienen la trascendencia mediática de la investigación sobre el contrato de Priviet Sportive para la compra de mascarillas en la que intervino Tomás Díaz Ayuso, hermano del presidente madrileño. En este caso, el garante de la investigación es el juez central número 1, Alejandro Abascal.
El caso derivó en un enfrentamiento sin precedentes entre los representantes de la Fiscalía Europea en España, Concepción Sabadell, y la Fiscalía Española Anticorrupción, que se zanjó de forma salomónica, con dos investigaciones paralelas, que aún no han concluido. completado Institución europea.
También es de interés una segunda investigación abierta por la Fiscalía Europea para determinar si el empresario y exdirigente de Convergència Democràtica (CDC) David Madí pretendía influir en el reparto de fondos europeos para la recuperación de la economía española tras la pandemia de covid-19. importancia política 19 y se los habría apropiado indebidamente
La mayor parte de los expedientes que llegan a los jueces de la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes, se refieren a empresas españolas que pueden haber sufrido presuntos fraudes de subvenciones comunitarias o fraude del IVA, que son responsabilidad de la Fiscalía con sede en Luxemburgo. el Tesoro Europeo.
Lejos del papel de «jueces estrella» que suelen adoptar los investigadores de la Audiencia Nacional en casos de corrupción como «Púnica», «Lezo» o el caso «Gürtel» -cuya primera condena provocó finalmente el fin del mandato de Mariano Rajoy al frente de gobierno en 2018-, en el caso de las investigaciones europeas, la labor de estos magistrados está muy limitada por ley.
En su artículo 8, el reglamento que debía aprobarse el pasado mes de junio para permitir el trabajo de la Fiscalía Europea en España atribuye garantizar a los jueces la autorización de diligencias de investigación que restrinjan derechos fundamentales, como un registro; además de acordar medidas cautelares respecto de las personas investigadas.
Meses desde la notificación del Fiscal Europeo
Las fuentes consultadas indican que los jueces españoles aún no han sido obligados a realizar ninguna de estas tareas y, en la mayoría de los casos, han pasado semanas o meses enteros desde la llegada de la comunicación de la Fiscalía Europea sin que tuvieran ninguna otra información. sobre el asunto que se les encomiende.
Sí, han tenido que resolver impugnaciones contra los decretos del Ministerio Fiscal Europeo Delegado en nuestro país, que es otra competencia que les atribuye la norma. Su papel cobrará relevancia al final de la investigación de la Fiscalía Europea, ya que en ese momento será el juez español quien decidirá si pone en el banquillo a los imputados o sobreseye el ‘asunto’.
Los jueces de la Audiencia Nacional, al ejercer las funciones de juez de garantías de la Fiscalía Europea, son responsables de otras funciones no menores en una investigación, tales como asegurar la fuente de las pruebas personales frente al riesgo de pérdida de las mismas, la la autorización del secreto de la investigación y su ampliación y la adopción de medidas para la protección de los testigos y peritos que procedan a instancia del Fiscal Europeo.
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