La integridad territorial de España, respecto de Ceuta y Melilla, no puede ser cuestionada ni desde el punto de vista constitucional ni desde el ángulo del derecho internacional, que en este sentido veta cualquier pretensión que Marruecos pudiera tener sobre las dos ciudades autónomas situadas en el norte África.
Así lo señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este periódico, juristas, coincidiendo con la visita este jueves a Rabat del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que formaliza el final de más de un año de crisis diplomática y abre la puerta a una nueva etapa en las relaciones entre ambos países.
En este contexto, Ceuta y Melilla vuelven a estar en el punto de mira tras el reconocimiento por parte del Ejecutivo español del plan marroquí para la autonomía del Sáhara Occidental que, según ha confirmado el Gobierno, implica el compromiso de Rabat de ceder en su demanda sobre Ceuta , Melilla y Canarias.
Pour José Ángel López Jiménez, professeur de droit international à Comillas ICADE, une éventuelle revendication marocaine sur les villes autonomes «n’a d’autre voie que dans l’imaginaire de Rabat», car elle se heurterait à tous les critères établis par le derecho internacional. «Esto es solo retórica, no debería haber puntos de conversación, ya sea desde un punto de vista nacional o internacional».
Territorio no pendiente de descolonización
Juan Antonio Perea, del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) explica a este periódico que los territorios españoles del norte de África no se encuentran entre los que esperan ser descolonizados por la ONU, lista que, sin embargo, incluye al Sáhara Occidental.
Otros lugares cuya territorialidad continúa en disputa a nivel internacional son Bermudas, Caimán, Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas y Americanas y Gibraltar. La jurisdicción exclusiva sobre lo que se determina en estos territorios corresponde a la Asamblea General de las Naciones Unidas, según lo establece su propia Carta Constitucional.
“Tampoco hay resolución del Consejo de Seguridad o sentencia de un tribunal de La Haya que diga que Ceuta y Melilla no son españolas o que son controvertidas por cualquier otro motivo”, añade Perea. Por todo ello, considera que, a pesar de las aspiraciones que pueda manifestar el reino alauita, el camino está totalmente bloqueado en lo que respecta al derecho internacional.
Por otro lado, para Jiménez, el hecho de que el Gobierno haya citado la apuesta de Mohamed VI por las ciudades autónomas tras haber dado marcha atrás en su posición tradicional sobre el Sáhara se puede explicar como un intento de justificar de algún modo esta decisión de cara a la ciudadanía. También busca asegurar «una política de inmigración más pacífica» situando a Marruecos como «tapón» en la zona.
“Pero ya han perdido la moneda del Sáhara”, lamenta el profesor de ICADE, que califica la decisión del Gobierno de “desfalco absolutamente escandaloso”, del que no sabemos muy bien qué hay detrás.
Manifiesto crítico de la comunidad universitaria
Con el giro dado por el Gobierno de Pedro Sánchez, España asume por primera vez que el plan marroquí de autonomía para el Sáhara es «la base más seria, realista y creíble» para poner fin a un conflicto que arrastra desde 1975 y que desde entonces ha agriado las relaciones entre los dos países. Madrid entiende que Rabat, por su parte, apuesta por garantizar la «integridad territorial» de España, es decir, dejar de reivindicar la identidad marroquí de Ceuta y Melilla.
La crítica de Jiménez al cambio de postura es compartida por la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales (AEPDIRI), que denuncia en un manifiesto que apoyar oficialmente el plan de autonomía propuesto por Marruecos en 2007 constituye «la negación expresa del ejercicio del el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui y, por tanto, una grave violación del derecho internacional”.
La decisión, que, según los profesores, implica el reconocimiento implícito de la soberanía marroquí sobre la parte del Sáhara Occidental que ocupa ilegalmente, «compromete la responsabilidad internacional de nuestro Estado, en la medida en que contribuye a consolidar la grave violación de un ‘perentorio’ norma de derecho internacional”.
En diciembre de 2020, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el Sahara como una parte más de Marruecos. Unos días después, el exprimer ministro marroquí, Saadeddine al Othmani, aseguraba en una entrevista a un canal egipcio que había llegado el momento de hablar de Ceuta y Melilla. «Llegará el día», ha advertido, en que se reabrirá «la cuestión de Ceuta y Melilla, territorios marroquíes como el Sáhara».
Pese al cambio en la Casa Blanca, no ha habido cambio desde la administración de Joe Biden en cuanto al carácter marroquí del Sáhara defendido por Rabat. Y para mantener la estabilidad del flanco sur de la Unión Europea en un momento en que la guerra de Ucrania genera tensiones en el Este, la «realpolitik» se abre paso en detrimento del derecho del pueblo saharaui a elegir su futuro en un referéndum de autodeterminación.
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