Tras el estallido de la guerra en Ucrania, 110.000 refugiados llegaron a España para empezar una nueva vida, lejos de las bombas y la destrucción. Estos son los datos que procesa el Ejecutivo central, aunque solo hay 47.000 desplazados registrados oficialmente, según ha revelado este viernes el presidente Pedro Sánchez tras visitar el centro de acogida de La Fira de Barcelona. En Cataluña, 7.954 ucranianos ya tienen permisos de protección temporal, aunque la Generalitat dice que hay 19.000 refugiados atendidos. “Estamos dando ejemplo de colaboración, cooperación y coordinación”, dijo el presidente durante su comparecencia ante los medios.
El Centro de Acogida, Atención y Orientación para Refugiados Ucranianos abrió sus puertas el pasado 18 de marzo en un pabellón de la Fira de Montjuïc, aunque existen otros similares en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Alicante (Comunidad Valenciana) y Málaga (Andalucía). . Estas instalaciones sirven para atender y asesorar a los niños, mujeres y ancianos que buscan cobijo en Barcelona, ofrecerles un techo en algún hotel o pensión, y también tramitarles los permisos de protección temporal, es decir, los papeles para residir y poder trabajar legalmente en España. El lugar está repleto de sillas donde los refugiados esperan a ser atendidos, también hay un comedor donde pueden comer y una pequeña ludoteca donde los niños juegan y se divierten con los voluntarios de Cruz Roja. El de Barcelona es el tercer centro que visita Pedro Sánchez y lo ha hecho este viernes acompañado de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la ‘consellera’ de Igualtat, Tania Verge; el consejero de Inclusión, Jose Luis Escrivá, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín.
Durante su comparecencia ante los medios, sin hacer preguntas, Pedro Sánchez ha asegurado que el conflicto de Ucrania «nos cuestiona a todos» y ha destacado que el ataque del presidente ruso Vladimir Putin al país eslavo «es un acto de barbarie» que «ataca el proyecto europeo». . , derechos y libertades, democracia y paz”. “Estoy convencido de que Ucrania resistirá, que Europa triunfará y que los crímenes de guerra no quedarán impunes”, añadió el jefe del Ejecutivo español. También agradeció el trabajo de las administraciones y ONG implicadas en el sistema de acogida y aseguró que los más de 100.000 refugiados que han llegado a España, y los que lo harán en el futuro, recibirán «la mayor atención y ayuda posible para que se sienten como en casa, y cuando termine la guerra, pueden regresar a su país”.
Por su parte, la alcaldesa Ada Colau defendió Barcelona como una «ciudad acogedora». «Es un volumen de llegadas que hace tiempo que no veíamos y estamos trabajando juntos para que esta barbarie pare y nadie tenga que huir de su país y de su casa», ha dicho Colau, que también ha valorado la colaboración de las distintas administraciones. en el dispositivo. La ministra Escrivá agradeció el «trabajo cercano» con la Generalitat, especialmente para garantizar el acceso a la educación y la sanidad de las personas refugiadas.
La ‘ministra’ de Igualtat, Tania Verge, criticó que la forma de tratar con los refugiados ucranianos debería extenderse a otras personas que huyen de conflictos en todo el mundo. «Europa ha demostrado que se puede recibir de otra manera, esta norma debe mantenerse», ha subrayado, antes de añadir que la estrategia del Gobierno es distribuir a los refugiados ucranianos entre diferentes municipios catalanes para «evitar estresar los servicios». El titular de Igualtat también se comprometió a devolver a los municipios catalanes los gastos que tuvieron que afrontar por la llegada de desplazados, y anunció «ayudas a las familias ucranianas» que acogen refugiados.
Demi, sin papeles
Según datos de la Generalitat, alrededor del 70% de los refugiados que llegan a Cataluña no se alojan en hoteles autorizados por Cruz Roja, sino con compatriotas. Hay un total de 19.000 personas, pero más de la mitad aún no tienen reconocido el estatuto de protección temporal. Los agentes de la Policía Nacional tramitaron 4.703 casos en La Fira de Barcelona, pero también hay que sumar los 1.168 que tramitaron las comisarías de Girona, los 1.061 de Tarragona y los 1.022 de Lleida.
“Me dieron cita para junio, y mientras tenga estos papeles no podré empezar a trabajar aquí”, se queja Alexandra Tomashevska, una ucraniana que lleva 10 días alojada en un hotel de la Cruz Roja. “Lo peor es esta expectativa, no poder hacer nada”, dice en inglés mientras escucha, sin entenderles, las declaraciones de los políticos.
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