Raquel Sánchez anuncia 500 millones para movilidad sostenible en las ciudades

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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, aseguró a Barcelona que «dos de cinco euros» de los fondos europeos para el ferrocarril en Cataluña son para el tren de cercanías. Sánchez, que participó en una jornada sobre movilidad sostenible organizada por EL PERIÓDICO, diario del grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, aseguró que su departamento ya ha movilizado el 60% de los fondos europeos y subrayó la apuesta por «la promoción del ferrocarril en Cataluña”. A su vez, anunció el lanzamiento de una segunda convocatoria en el plan de recuperación de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y la transformación del transporte para los municipios de 500 millones de euros más para completar un total de 1.500 millones “transformar las ciudades en espacios más saludables, seguros y amigables con las políticas de movilidad”.

Durante la sesión, en la que también intervino el secretario general de la Vicepresidencia y Políticas Digitales y Territoriales, Ricard Font, se debatieron las respuestas a una realidad social indiscutible: la necesidad de configurar un modelo de transporte más eficiente que mejore la competitividad de el sistema del sector productivo, que facilita la integración de los ciudadanos, aumenta la calidad de vida, no compromete la salud y brinda más seguridad.

Durante la jornada, patrocinada y apoyada por Cellnex, Abertis, Cepsa, la Generalitat y Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) y el Área Metropolitana de Barcelona, ​​la ministra Sánchez ha subrayado que actualmente nos encontramos en un momento en el que debemos tener claro que la transición ecológica es una urgencia innegable y el transporte, “una de las áreas prioritarias de actuación para descarbonizar las ciudades”. Añadió que todo ello, unido a la digitalización, permitirá «aumentar las alternativas al vehículo privado» y, además, la puesta en marcha «de nuevos proyectos como el coche eléctrico, las baterías, las estructuras de carga, los drones o la micro movilidad o compartida». soluciones de movilidad». .

Hacer frente a estos retos requería de un marco normativo y, por ello, Sánchez indicó que la nueva ley de movilidad sostenible ha supuesto un «cambio radical de enfoque» que garantiza la movilidad de todos los ciudadanos como un derecho. Además, gracias a las medidas que prevé la ley, según ha explicado la ministra, se reducirán «las ineficiencias en el gasto de las instituciones públicas que se han estimado en 8.000 millones de euros en un año» y se mejorará la productividad de las empresas. aumentará «en un 2,3% en un período de 10 años» y, en lo que respecta al marco de competencias, también tendrá efectos positivos.

Más allá de las inversiones directas, Sánchez insistió en las «ayudas de 1.000 millones para zonas de bajas emisiones y la transformación del transporte para entidades locales» que, ya en la primera convocatoria en Cataluña, se han llevado a cabo «más de 200 millones de euros en ayudas para 41 municipios Ayuntamientos y el área metropolitana de Barcelona.” Garantizaba la transferencia a la Generalitat de “155 millones de euros para la transformación de la movilidad en el marco de sus competencias”.

En cuanto a las convocatorias de empresas, ha explicado que se ofrecerá «una subvención de 580 millones de euros en toda España», con el objetivo de fomentar el transporte sostenible de mercancías y, además, «la transferencia a la Generalitat de 22 millones de euros para subvencionar la renovación de las flotas de transporte y de las carreteras”, es decir, sin dejar de lado el mensaje principal que es que “por cada usuario que decide abandonar el vehículo y utiliza el transporte público, las emisiones de CO2 se reducen en un 60% por kilómetro recorrido.

Por su parte, Ricard Font, que clausuró la jornada, destacó que “no hay soluciones universales, solo soluciones singulares” para descarbonizar las ciudades. Barcelona, ​​añadió, no está rodeada de ciudades dormitorio, como en el caso de Madrid, que merece soluciones ad hoc. Destacó que se necesitarán recursos públicos y colaboración público-privada. Respecto a soluciones como el pago por uso o el pago por contaminación, defendió que los recursos obtenidos por la primera vía se destinan al mantenimiento de infraestructuras y la segunda, a invertir en transporte público.

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