El gobierno corre contrarreloj para aprobar sus leyes de bandera

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El tiempo de juego parlamentario es largo y corto al mismo tiempo. Un poco más de un año de Parlamento puede dar para mucho, porque al Gobierno le interesa agilizar y desatascar iniciativas pendientes y pendientes que puede vender a su electorado, o por poco, porque el proceso en Cortes es a veces protuberante y largo. Y quedan poco más de dos sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero a junio, más el tiempo que se permita el próximo verano y los plenos que quedan a principios de otoño de 2023, antes de la disolución de las dos Cámaras en octubre. si no hay pago anticipado para las elecciones. En consecuencia, la ventana de oportunidad para el ejecutivo se estrecha, también porque después de estas vacaciones el ambiente preelectoral se desarrollará hasta la primera etapa, la de las elecciones regionales y municipales de mayo, y esta batalla crucial dificultará los pactos.

El bipartidismo PSOE y Unidas Podemos tienen varias leyes simbólicas pendientes. Algunas, muy cercanas al BOE, como la memoria democrática o el “solo sí es sí”, la quiebra o la ciencia. Pero otras están mucho más bloqueadas por falta de acuerdo con los socios, como la ley de vivienda o la derogación de la “ley mordaza”. Un puñado está todavía en una etapa muy temprana (como la ley trans, la abolición de la prostitución o la creación de impuestos a bancos y compañías eléctricas) y otro grupo está formado por los que aún no han aterrizado en el Congreso y los que todavía están tiempo de cocción, como el de los secretos oficiales, el regulador CNI o el de la diversidad familiar. Además, por supuesto, de los presupuestos generales del Estado para 2023. Negociaciones que ahora tendrá que llevar a cabo, por cierto, el nuevo portavoz parlamentario socialista, Patxi López.

De las 154 normas ya aprobadas, la mayoría, 82, son reales decretos ley validados por el Congreso. Sánchez apunta a la voluminosa producción legislativa como prueba de estabilidad

El Gobierno de coalición ha conseguido ya aprobar 154 leyes desde que comenzó su andadura en enero de 2020. Serían 155, de hecho, si el Congreso no hubiera derogado la Orden Ejecutiva de Remanentes Municipales en septiembre de 2021. De estas 154 iniciativas, la mayoría son reales decretos leyes validadas por el Congreso: 82 (la número 83, la de los restos, ha sido derogada). El 53,25% del total, un volumen que se explica por la pandemia y la mayor facilidad de tramitación para el Ejecutivo, ya que se trata de un trámite rápido y, la mayoría de las veces, sin modificaciones posteriores por parte de los grupos.

Otras 48 son leyes ordinarias (31,17%) y 23 leyes orgánicas de rango superior (14,93%), cifras a las que hay que añadir un Real Decreto Legislativo. El cómputo aumentará próximamente a 157 normas, porque hay tres decretos-leyes -entre ellos el 14/2022, sobre eficiencia energética- que tendrán que ser ratificados por sus señorías a finales de agosto o principios de septiembre como muy tarde. . Pedro Sánchez y su equipo suelen señalar la abundante producción legislativa del ejecutivo como prueba de que, a pesar de la fragmentación parlamentaria y la dificultad para tejer alianzas, la coalición es estable y mantiene sus compromisos.

El fin de la ‘ley mordaza’ tropieza con la acción policial, mientras que la ley de vivienda se empantana en un enfrentamiento judicial

Pero los que aún se quedan en la mochila tienen un calado enorme para el PSOE y Unidas Podemos. Como la ley de vivienda. El presidente y Pablo Iglesias ya han acordado legislar juntos sobre el precio de los alquileres para sus primeros presupuestos. Fue en octubre de 2020. Entonces comenzó un largo enfrentamiento entre los dos socios que impidió que el proyecto viera la luz. El acuerdo político se alcanzó para las siguientes cuentas del Estado, en octubre de 2021. El texto aún tenía que ir al pie de la letra, y finalmente el Consejo de Ministros pudo enviarlo al Congreso el 1 de febrero. Un mes después, adoptó todas las enmiendas, pero todo se detuvo allí. Falta de acuerdo con los socios de investidura, que temen una usurpación de jurisdicción.

Muy cerca del BOE

La falta de consenso con los grupos que suelen apoyar al Ejecutivo explica también el atasco sufrido por la derogación de la «ley mordaza» (o reforma de la ley de seguridad ciudadana), otro de los compromisos bandera del ejecutivo. El PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo sobre las enmiendas e incluso acercaron posiciones con los socios sobre cómo sancionar la resistencia a la actuación policial, pero uno de los escollos sigue siendo el tipo de material antidisturbios a utilizar por los agentes. Los socialistas esperan dar un impulso definitivo a ambas normas a partir de septiembre.

El trámite de la Ley de Memoria Democrática sigue en el Senado, y muy pronto entrarán en vigor las reglas del «solo sí, es sí», ciencia y quiebra

De hecho, las negociaciones se desarrollaron en paralelo a las de la ley de memoria democrática, pero se pudieron desbloquear gracias al pacto con Bildu y PNV (ERC se abstuvo). El texto solo debe ser tratado en el Senado, y si se aprueban modificaciones, regresaría a la Cámara de Diputados. Las que el Gobierno calculó en julio que estarían en el BOE fueron las leyes del “solo sí es sí”, ciencia y concursal, en las que se introdujeron enmiendas frente a las previsiones que obligan a su regreso al Congreso para su aprobación definitiva.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de junio el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, pero aún debe ser matizado por la Mesa. El órgano de gobierno del Congreso también debe admitir a trámite el proyecto de ley del PSOE y Unidas Podemos para crear impuestos temporales y extraordinarios a la banca y la energía (promesas realizadas por el presidente durante el debate nacional), entre las que se incluye la aprobación por las Cámaras en paralela a la de los Presupuestos de 2023, para que entren en vigor el 1 de enero. En cualquier caso, como ocurrirá con el polémico decreto-ley sobre ahorro energético, el gobierno deberá atraer a sus socios, ante la oposición de la derecha.

Las cuentas públicas del próximo año serán, efectivamente, la gran prueba de resistencia del bipartidismo en su último año de parlamento y las que pondrán de manifiesto si la relajación con ERC, facilitada por la entrevista a Pere Aragonès y la mesa de diálogo posterior, el pasado mes de julio, ha se consolida. El PGE 2022 ha florecido gracias al apoyo de 11 formaciones: PSOE, UP, ERC, PNV, Bildu, PDECat, Más País-Equo, Compromís, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel Existe. La dificultad añadida para las cuentas de 2023 es que, como prometió Sánchez ante la OTAN, contendrán un aumento del gasto militar al que Unidas Podemos se opone enérgicamente.

La nueva ley del CNI está en preparación

Pero otra combinación puede conducir a la abolición de la prostitución, una clara apuesta de los socialistas que genera fricciones con sus aliados ejecutivos. El Congreso aprobó la consideración de la propuesta con el voto del PSOE, el PP y Unidas Podemos, pero con el rechazo de los comunes.

La abolición de la prostitución y la nueva ley sobre información clasificada causan fricciones entre los socios de la coalición

La nueva Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la Ley de Secretos Oficiales de 1968, fue aprobada en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 1 de agosto, pero provocó la oposición inmediata de los morados y las críticas de los socios habituales, lo que provoca que se den cambios. anticipado antes de que la ley llegue a la cámara baja. La nueva normativa que reforzará las garantías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aún está en preparación por parte de Defensa. Y el Proyecto de Ley de Familia Mixta y Apoyo a la Familia, obra de un ministerio de Unidas Podemos, Derechos Sociales y Agenda 2030, apuesta por el regreso de las fiestas, un año después de que el Ejecutivo estudiara el texto en primera vuelta.

Sin embargo, estas son solo las regulaciones fetiches del bipartidismo, pero la hoja de ruta del Gobierno es su Plan Anual de Regulación (PAN) 2022 y la consecución de los hitos y objetivos acordados con la Unión Europea para el desembolso de los fondos vinculados al RELANZAMIENTO. . Y el Ejecutivo tendrá que seguir haciendo frente a la emergencia provocada por la guerra de Ucrania, fuente, seguramente, de otros reales decretos-leyes, como los dos paquetes anticrisis ya validados o las iniciativas de ahorro energético duramente criticadas por el PP, y la contingencia que exige Bruselas y que debe estar lista para septiembre.

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