Yolanda Díaz insiste reiteradamente en que Sumar no es ni un partido ni una plataforma electoral. Desde que presentó públicamente el proyecto el 8 de julio, lo ha definido como un «movimiento ciudadano». Y este viernes señaló, casi como un desafío a quienes le preguntan si ese es el embrión de su candidatura, que se trabaja con un ritmo diferente al de las elecciones y al de «dar un título con respuestas rápidas». No en vano subrayó que su lógica va más allá de las urnas y que el objetivo es diseñar “un proyecto de país para una década”. No estará lista hasta dentro de cinco meses y sujeto a ese calendario, presentó el que será su escudo intelectual para poner en blanco y negro los contornos de una España que debe ser «progresista, europea y verde».
Hasta 35 expertos de reconocida trayectoria y perfil académico y técnico animarán los grupos de trabajo que construirán este programa. Un elenco que incluye nombres como el del antropólogo, ingeniero y profesor Yayo Herrero al frente del archivo de transición ecológica equitativa o el filósofo Ignacio Sánchez Cuenca al frente del archivo de calidad democrática. Este último, presente en la manifestación, advirtió de los riesgos de caer en «el fatalismo y la resignación», los mejores aliados de la desmovilización. También el escritor Bernardo Atzaga al frente del ámbito de la cultura, el exmagistrado del Tribunal Supremo Fernando Salinas en el ámbito de la justicia o el politólogo Joaquim Brugué en el ámbito de la administración y el buen gobierno. Todos tendrán hasta febrero para llevar a cabo un proceso deliberativo y participativo que conduzca al desarrollo de una propuesta.
El nuevo horizonte para Sumar es, por tanto, de cinco meses. En un principio, Díaz tenía previsto que a finales de año anunciara si sería la candidata al espacio que debería albergar a Unidas Podemos. Este calendario, a merced de sus palabras, comienza a expandirse junto a las dificultades de pactar el encaje con los morados en un espacio que nos recuerda que no tiene por qué ser una mera suma de siglas. «No se trata de tropezar, saltar hacia adelante, alboroto o correr. Se trata de pensar en nosotros», dijo. Una línea que contrasta con la velocidad con la que se construyó Podemos en su época.
Díaz ha buscado en todo momento poner en valor lo que quiere que sea un proceso «lento». Su proyecto de país, martilleó, «no encaja en los proyectos electorales» y enmarcarlo en urnas o en una lista electoral significa que lo restringiría o volvería a caer en la fórmula «cortoplacista» que sí «comprometía». muchos errores» en forma de «políticas incoherentes». En un intento por evitar las dobles lecturas, lo ilustró en los aeropuertos sin aviones o las miles de casas vacías cuando miles de personas no pueden pagar su alquiler o su hipoteca. Pero es inevitable oponer su filosofía a otros proyectos dentro del espacio de izquierda que quiere recomponer para tener opciones reales de transformación, y no sólo de influencia, desde Moncloa.
De Suárez a Zapatero
Para el vicepresidente segundo, en España ha habido «cuatro grandes proyectos de país»: los de Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Desconoció al Gobierno de Pedro Sánchez, del que ella misma forma parte, y resaltó que quería articular la quinta mano a mano con el grupo de expertos. “Su tarea es que tengamos un proyecto de país para el siglo XXI”, les instruyó. Extender la democracia, reinventar el estado del bienestar, reformar la fiscalidad, hacer frente a la emergencia climática, el buen gobierno y el nuevo contrato social son los seis ejes que, según él, deben ser la columna vertebral del proyecto.
En medio del debate sobre el impuesto al patrimonio alentado por el PP, Díaz advirtió de que la presión fiscal en España es cinco puntos inferior a la media europea y subrayó la «enorme injusticia fiscal» que supone que haya gente muy rica que pague pocos impuestos. Para ella, solucionarlo no pasa por «lanzar un día un impuesto» -lo dijo en plena resaca del impuesto temporal a las grandes fortunas anunciado por el PSOE-, sino por reformar el sistema de recaudación de las Rentas Públicas.
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