La Guardia Civil sostiene que seis miembros de la cúpula de ETA ordenaron el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante), en el que murieron un hombre y una niña de 6 años el 4 de agosto de 2002 y señala que este podría haber sido en respuesta al proceso de prohibición de Batasuna.
Estas son las principales conclusiones del informe de 312 páginas, al que tuvo acceso Efe, y que la Guardia Civil remitió al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acordó en julio citar como investigados a estos seis exdirigentes de ETA luego de admitir que estoy tramitando una denuncia de Dignidad y Justicia.
Los Seis – Antonio Olarra Guridi, alias Juanvi, Jon, Jokin y Fede; Ainhoa Múgica Goñi, Olga; Félix Ignacio Esparza Luri; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, alias Ramontxo o Txango; María Soledad Iparraguirre Guenechea, Marisol o Anboto, y Mikel Albisu, Mikel Antza- declararán este lunes por videoconferencia ante el juez por estos hechos.
La Guardia Civil elabora este informe tras analizar todo tipo de documentos, como informes de detención, documentos internos incautados a miembros de ETA, sentencias judiciales o declaraciones de miembros del grupo terrorista.
Los autores materiales del atentado de Santa Pola, en el que ETA mató a Cecilio Gallego y a su hija Silvia Martínez, fueron Óscar Celarain y Andoni Otegi, condenados en 2012.
El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advirtió que el cuartel general de la Guardia Civil seguía siendo objetivo «militar» y reiteró la advertencia de que «no deberían meter a sus familias en los cuarteles».
También criticó el proceso de ilegalización de Batasuna, que según la organización terrorista fue iniciado «por el PP y el PSOE tras el atentado en el cuartel de Santa Pola», cuando en realidad este proceso «ya estaba en marcha», observa el informe.
De hecho, la Guardia Civil considera «bastante probable» que fuese «todo lo contrario», que el atentado hubiese sido decidido por la Dirección de ETA «como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos políticos».
Respecto a la jerarquía de ETA, el informe recuerda que los comandos son «el último eslabón de la cadena», y es el Comité Ejecutivo el que se encarga «de que todo funcione y esté preparado para materializar su actividad terrorista».
En las fechas del atentado, estos seis exdirigentes de ETA formaban parte del comité ejecutivo. Albisu y Anboto al frente del aparato político, Olarra y Múgica del aparato militar, Esparza Luri del aparato logístico y Sagarzazu del internacional.
Como jefes del aparato militar, Olarra y Múgica Goñi ejercían el control de mando sobre Argala, y el informe aporta pruebas de ello extraídas de notas autocríticas atribuidas a ambos.
En cuanto a Albisu y Anboto, la Guardia Civil entiende que como responsables del «aparato político» de ETA, «estructura encargada de diseñar la estrategia política y militar que la banda terrorista debía llevar a cabo en cada momento», «tendrían han participado en la toma de la decisión y dictando las órdenes necesarias para facilitar los medios utilizados por el comando Argala (explosivos y vehículo utilizado como coche bomba) para llevar a cabo el atentado» en Santa Pola.
Lo mismo dice el informe respecto a los otros dos exdirigentes de ETA acusados de este atentado.
Con ello, son tres las diligencias impulsadas por Dignidad y Justicia en las que recientemente han sido imputados un total de ocho exlíderes de la banda terrorista. Los otros dos se refieren a los asesinatos de los consejeros del PP Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco. Se repiten algunos nombres de imputados, como los de Mikel Antza y Anboto.
.