El Supremo valida la interpretación de la LOREG que utilizó el Congreso para expulsar a Alberto Rodríguez

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Una reciente decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo valida la interpretación de la ley electoral (LOREG) utilizada por el Congreso de los Diputados para privar hace un año de su escaño al exlíder de Podemos Alberto Rodríguez. La resolución concluye que las causas de incompatibilidad previstas en esta ley para el ejercicio del cargo -por la denominada «inhabilidad ulterior»- deben aplicarse a todos los casos en que el sujeto haya sido condenado penalmente tras la reforma de la ley en 2011, independientemente de cuándo se haya cometido el delito.

La resolución, de fecha 4 de octubre y que tiene como ponente a la magistrada Pilar Teso, se refiere al caso del exalcalde de Benamocarra (Málaga), Abdeslam Jesús Aoulad Ben Salem Lucena, del partido Por mi Pueblo. Había sido condenado en 2014 a prisión, inhabilitación y multa por los delitos de difamación, injuria y desobediencia cometidos seis años antes. La sentencia rechaza el recurso que interpuso contra la nulidad del acuerdo del pleno del concejo municipal que se negó a revocarlo.

Aunque el caso no es idéntico, puede considerarse comparable en algunos aspectos al de Rodríguez, quien fue condenado por la Corte Suprema a 45 días de prisión (reemplazada por una multa) por patear a un policía durante una manifestación que tuvo lugar en 2014 contra la llamada «ley Wert». En este caso, y siguiendo los criterios establecidos por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxel Batet, desconoció el informe realizado por los letrados de la Sala y privó del escaño en Rodríguez, un caso pendiente de decisión final de la Corte Constitucional.

Lo que tienen en común los dos casos es que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo avala la posición del presidente de la causa penal al declarar la incompatibilidad para ejercer sus funciones a pesar de que los delitos se cometieron antes de la elección de los interesados. Todo ello, en aplicación de lo dispuesto en la reforma de la ley electoral de enero de 2011.

En el caso de Aoulad Ben Salem e incluso “para no concursar al cargo cuando el representante participó en las elecciones como candidato, si la causa se produjera una vez elegido y mientras ostente la condición de alcalde o consejero, esta inhabilitación se convierte en causa de incompatibilidad, que se mantiene durante su mandato como representante”, especifica el Tribunal Supremo. El objeto de la norma, añade la sentencia, es “comprender en el caso de inhabilidad, y, por tanto, de incompatibilidad, los casos en que el reproche penal se ha hecho efectivo, cuando su conducta ya ha sido desaprobada por la condena, aunque no sea definitiva”.

En cuanto a Rodríguez, Batet desconoció un informe de los abogados del Congreso de los Diputados que rechazaron que el entonces diputado morado pudiera ser despojado de su escaño. Los abogados argumentaron que la pena de 45 días de prisión e inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo no afectó su condición de diputado porque «fue adquirida antes de la condena». La reciente decisión de la Corte Suprema dice exactamente lo contrario.

En definitiva, en lo que respecta al caso del alcalde andaluz, la sentencia precisa que «aunque la tarea no se hubiera cumplido cuando el diputado se presentó a las elecciones como candidato, si la causa se produce una vez que fue elegido y mientras ostente la condición de alcalde o consejero, esta inelegibilidad se convierte en causa de incompatibilidad que se mantiene durante su mandato como representante”.

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