Entra en vigor nueva ley de juegos que aumenta la protección de los usuarios

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La nueva ley del juego, que entre otras cosas amplía la protección de los usuarios de juegos de azar y la prevención de conductas adictivas, entrará en vigor mañana tras su publicación este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Con esta norma, que modifica la anterior de 2011, se amplía también el control de la manipulación de las competiciones deportivas, así como la evasión fiscal de las apuestas, a través del Servicio Global de Investigación de Mercados de Apuestas (Sigma).

Este instrumento técnico, que será gestionado por la Dirección General de Ordenación de los Juegos de Azar (DGOJ), conservará durante un plazo máximo de un año los datos de las personas que hayan podido incurrir en conductas o posibles fraudes relacionados con la competición.

Todas las entidades interesadas en erradicar el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas pueden incorporarse a esta red interactiva de cooperación accesible por medios telemáticos: el Consejo Superior de Deportes, las federaciones deportivas, las ligas profesionales, los operadores de juego y las fuerzas de seguridad estatales y autonómicas.

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La publicidad de los operadores de juego deberá realizarse de acuerdo con el principio de “responsabilidad social”, con lo que estarán prohibidos, aquellos que inciten a actitudes o comportamientos antisociales o violentos de cualquier tipo, entre otros.

En virtud de esta norma, el Gobierno podrá crear un Registro General de Prohibiciones de Acceso a los Juegos (registro de prohibiciones) y alentará a las entidades locales a interconectar la información en sus correspondientes registros.

Con esta reforma, también se modifica la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios de forma que las sanciones impuestas se adapten a la capacidad económica de la empresa infractora, siendo eficaces y disuasorias.

Las infracciones pueden ser desde leves (entre 150 y 10.000 euros), graves (entre 10.001 y 100.000) hasta muy graves (entre 100.001 y 1.000.000 euros), en las que se prevé la clausura temporal de establecimientos, instalaciones o servicios durante un máximo de cinco años.

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