La alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz, actualizó el pasado miércoles la declaración de bienes que presentó a la Cámara Alta en noviembre de 2019, cuando asumió el cargo.
La revisión patrimonial llega en un momento en que la Audiencia Nacional investiga a su marido, el empresario sueco Lars Broberg, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal de tráfico de drogas.
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En el nuevo comunicado, Muñoz reconoce tener todos los derechos sobre la sociedad Hacienda Property SL, propietaria de unos terrenos, una nave industrial y un atraque en Puerto Banús, uno de los muelles más exclusivos del sur de Europa.
El alcalde se hizo con todos los derechos de la empresa a finales de julio de 2020, cuando adquirió el 50% de Broberg.
El valor de mercado de los activos de la compañía se sitúa en torno a los 3,5 millones de euros, según elDiario.es.
Muñoz también declara ante el Senado que posee todos los derechos de una casa ubicada en Suecia, mientras que en la declaración de 2019 aseguró que el 50% de la propiedad le pertenecía.
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La casa, con una superficie de 560 metros cuadrados, con acceso directo a la playa, embarcadero propio y comprada a mitad de camino con Broberg en 2005, costaría alrededor de 2,5 millones de euros, según elDiario.es.
Los cambios en la declaración patrimonial de Muñoz ante la Cámara Alta se produce en pleno trámite de la Audiencia Nacional a su marido por su presunta participación en una supuesta red liderada por ciudadanos de nacionalidad sueca que habría exportado grandes cantidades de marihuana y hachís des de España a países nórdicos.
También están incluidos en la causa su hijastro, Joakim Broberg, a quien el juez procesó por pertenencia a banda criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales; y un policía local que formaba parte de la escolta del consejero.
El magistrado encuentra indicios de que el marido de Muñoz participó «activamente» en la supuesta red delictiva y estima que el empresario sueco y su hijo habrían blanqueado alrededor de 7,3 millones de euros a través de empresas fachada.
El juez impuso una fianza de 25 millones de euros al empresario sueco.
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