Bartolomé Cursach será absuelto. La última acusación contra él, la de los empresarios de Magaluf, también tira la toalla. En una carta enviada hoy a la Corte, la abogada Teresa Bueyes le dijo a la corte que retiraba todos los cargos. Este movimiento también beneficia a la mano derecha de Cursach, Bartolomé Sbert, y al técnico de Calvià Jaime Nadal, que han sido acusados por este partido. Así, el macrojuicio del caso Cursach queda reducido a dos agentes de la Policía Local de Palma.
Horas antes, el empresario Ángel Ávila, quien ejercía uno de los tres cargos privados, también se retiró del juicio. Esta parte solo mantuvo los cargos contra Bartolomé Sbert, para quien exigió una pena de nueve años y medio de prisión. El abogado Álvaro Martín adelantó que tampoco mantiene esta acusación. “Después de practicar toda la prueba, entendemos que no hay suficiente prueba incriminatoria para sustentar la acusación”, explicó al inicio de la audiencia.
Ángel Ávila y sus socios de la discoteca Level/Divino del Paseo Marítimo de Palma mantienen desde hace años graves cargos contra el magnate y un nutrido grupo de agentes de la Patrulla Verde de la Policía Local. Argumentaron que el Grupo Cursach tenía a la policía bajo su mando para realizar inspecciones arbitrarias y promover sanciones injustas contra su empresa. Ávila ha denunciado, tanto ante el Juzgado 12 de Instrucción como públicamente, numerosas maniobras encaminadas a perjudicarle. Durante el juicio dijo que cuando trabajaba para Cursach le llegaban avisos de inspecciones y que cuando empezó a trabajar para el certamen se inició una situación de “acoso”. Reclama una indemnización de 8,5 millones de euros.
Con el retiro de este cargo en particular y la renuncia total de la oficina del fiscal de distrito, solo quedaban dos cargos privados que buscan condenas para Cursach, Sbert y dos policías. La ejercida por el empresario de Magaluf José Manuel Bover, que reclamó casi 40 años de prisión para Cursach y Sbert, así como 13 años de inhabilitación para un ex alto cargo del ayuntamiento de Calvià, Jaime Nadal. Su acusación se basaba en unas vallas que supuestamente el grupo Cursach instaló junto a la discoteca BCM para impedir el acceso de turistas a su local en la plaza Pitiusas. A primera hora de la tarde, su abogado anunció en una carta a la Corte que también se jubilaban.
Tras estos movimientos, el macroproceso se reduce a la mínima expresión. El propietario de Sa Trobada, un negocio situado en la rue Metge Josep Darder, mantiene la acusación contra dos policías de la Patrulla Verde a los que acusa de haber cometido actos de deslealtad que provocaron el cierre del local durante años. Reclama para ellos respectivamente 6,5 y 9,5 años de prisión. Por el momento.
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