El gran escollo del Gobierno en los últimos meses ha sido la ley del “solo sí, es sí”, una de las grandes apuestas de la coalición, y en especial de Unidas Podemos, para esta legislatura. La extensión del delito de agresión sexual a todo lo que antes se consideraba abuso sexual y la consiguiente ampliación de los rangos de sentencia ha llevado a algunas reducciones de sentencia para violadores previamente condenados. ¿Error del Ministerio de Igualdad o mala interpretación de los jueces? Más de la mitad de los españoles atribuyó el fiasco a una laguna en la ley, aunque una cuarta parte culpó a los tribunales. Los votantes de los dos partidos de Gobierno están divididos, especialmente los del PSOE.
Según el barómetro del GESOP de noviembre, el 57,1% de los ciudadanos atribuyen las rebajas de pena a un error en la elaboración de la norma, es decir, señalan con el dedo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que hasta la fecha ha evitado cualquier autocrítica y señalado al «machismo» que aún subyace en algunos magistrados. El 25,7% de los españoles se pone del lado de Montero y defiende que el problema es la aplicación que algunos tribunales han hecho de la nueva normativa. El 17,3% evita nombrar a los culpables.
Aunque la mayoría de ambos géneros piensa que el gobierno se equivocó, el porcentaje de mujeres que acusan a los jueces de torturar la ley (28,8%) es 6,5 puntos superior al porcentaje de hombres que apoyan esta idea (22,3%). Por edades, en todos los tramos excepto en los mayores de 60 años, cerca del 60% ve algún defecto en la norma. Solo el electorado más joven está fuera del promedio, un tercio del cual responsabiliza a los tribunales.
Por electorado, la división de opiniones es evidente entre los votantes de los dos partidos de gobierno. En efecto, mientras entre los podemistas la mayoría culpa del fiasco a los jueces, entre los socialistas son más los que se autocrítican y admiten que la ley tuvo un vicio legal. El 40,7% de los votantes del PSOE cree que el error es de Irene Montero, pero el 37,1% señala con el dedo a los juzgados. En la zona de durazno morado, el 40,4% de los votantes de Unidas Podemos atribuye el error a los magistrados, aunque el 29,7% reconoce que la decisión provino del Departamento para la Igualdad.
Curiosamente (o no), los más condescendientes con el Gobierno son los votantes de ERC, entre los que solo dos de cada 10 ven un error en la ley y, por el contrario, dos de cada tres culpan a los magistrados. El electorado de las Junts está tan dividido como el del PSOE: el 44,1% culpa a Montero del fiasco y el 41,6% culpa a los jueces. Entre los votantes de los partidos de derecha, la balanza se inclina claramente en contra de la ministra de Igualdad.
Por comunidades autónomas, los que menos culpan al Gobierno son los catalanes y los vascos. De hecho, en Euskadi hay casi igualdad entre quienes acusan a Montero (31,2%) y quienes designan a los magistrados (30,6%). En Cataluña, el 49,6% considera que el error viene del ejecutivo central y el 34,1% apunta al judicial. En el resto de autonomías, el porcentaje de críticas al ministerio roza o supera el 60% en todos los casos.
Ficha técnica
– Empresa responsable: GESOP.
-Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas.
-Campo de estudio: España.
-Población: Adultos con derecho a voto.
-Muestra: 1.001 entrevistas.
-Tipo de muestreo: Proporcional por comunidad autónoma y tamaño del municipio. -Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad.
-Margen de error: +/- 3,16% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
-Trabajo de campo: Del 21 al 24 de noviembre de 2022.
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