La decisión del Gobierno de excluir los ingresos de las tarifas reguladas de electricidad y gas y todos los demás precios regulados del nuevo impuesto del 1,2% a las empresas energéticas reducirá a la mitad su capacidad recaudatoria, según cálculos del Banco de España. El organismo que preside Pablo Hernández de Cos estima que el cambio introducido en el Congreso de los Diputados en el proyecto de ley que regula el nuevo impuesto reducirá la capacidad recaudatoria del nuevo impuesto a 1.000 millones en cada uno de los dos años que estará en vigor vigente (2023 y 2024), en lugar de permitir la entrada de los 2.000 millones anuales (4.000 en total) previstos antes de la modificación.
El cálculo de la caída de la recaudación por la reforma parlamentaria que hace el Banco de España (1.000 millones menos cada año) multiplica por cinco la estimación que hace el Ministerio de Hacienda. La ministra María Jesús Montero explicó la semana pasada que, según cálculos de Hacienda, dejar los ingresos de las actividades energéticas reguladas fuera del impuesto del 1,2% restará al impuesto un 10% de capacidad recaudatoria: es decir, 200 millones menos cada año y 400 millones menos los dos años de vigencia del impuesto, hasta dejar la suma de sus ingresos en 2023 y 2024 en 3.600 millones.
Durante su comparecencia de este martes ante la Comisión de Presupuestos del Senado, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, limitó en el Parlamento a 2.500 millones de euros la capacidad recaudatoria anual de los dos nuevos impuestos sobre la banca y las empresas energéticas para su aplicación en 2023 y 2024. Esta cantidad de 2.500 millones es inferior a la recaudación anual de 3.500 millones que estimó inicialmente el Gobierno en julio, cuando se anunció la creación de los dos nuevos impuestos (7.000 millones en dos años). Después de la comparecencia del gobernador en el Senado, el propio Banco de España ha aclarado la razón de esa diferencia: «Esta cifra (2.500 millones) es inferior a la estimada inicialmente por el Gobierno (3.500 millones) como consecuencia de la incorporación, durante su tramitación en el Congreso, de una enmienda al gravamen de las empresas del sector energético, que excluye del mismo a las actividades del mercado regulado. Estimamos que esto podría reducir la recaudación de este gravamen a la mitad (de 2.000 a 1.000 millones de euros anualmente)». Esto se explica en una nota al pie incorporada en el texto de la aparición del Gobernador en el Senado el 29 de noviembre.
El proyecto de ley pendiente en el Parlamento establece que los ingresos del impuesto a las nuevas energías se utilizarán para financiar ayudas a familias y empresas vulnerables a la subida de precios y la construcción de nuevas infraestructuras en el sector.
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