Con más de seis meses de retraso respecto a la fecha prevista para junio pasado, el Tribunal Constitucional consolidará este lunes su mayoría progresiva con la investidura de cuatro magistrados correspondientes a los turnos de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Gobierno. Con la entrada de los que han sido magistrados César Tolosa y María Luisa Segoviano en representación del órgano de gobierno de la judicatura, y el exministro Juan Carlos Campo y la que ha sido asesora de Moncloa Laura Díez por el ejecutivo, el órgano va tomando un cambio drástico hacia una sensibilidad predominantemente progresista que continuará al menos hasta junio de 2030.
En todo caso, el sector conservador debería estar integrado por cinco magistrados si no queda vacante la plaza del magistrado Alfredo Montoya, designado en su momento por el Senado a propuesta del PP y que dimitió en su momento por motivos de salud. . Su sustitución requeriría un acuerdo en la Cámara Alta entre los dos principales partidos, lo que parece improbable mientras persista la falta de acuerdo para renovar otro órgano constitucional, el propio CGPJ, una situación anómala que amenaza con prolongar el resto de la legislatura. .
La designación del presidente del órgano de garantía, cargo clave, ya que es el presidente quien convoca los plenos y la elaboración del orden del día, de manera que controla los momentos de resolución de los problemas.
Al tratarse de un órgano de mayoría progresista, y por tradición no escrita, la presidencia debe corresponder a uno de los dos magistrados de esta sensibilidad que afrontan su última etapa en el órgano, que en este caso son el exfiscal general del estado Cándido Conde. -Pumpido y María Luisa Balaguer. Pero el resultado final aún no parece claro.
¿Comte-Pumpido o Balaguer?
La elección corresponde a los propios magistrados -que deberán votar por su candidato en un pleno que se celebrará una vez constituido el órgano con sus nuevos componentes- y el nombramiento de Conde-Pumpido, a pesar de su personalidad jurídica y de su reconocida capacidad, suscita una fuerte oposición entre amplios sectores del PP y la derecha judicial y mediática, por su proximidad a determinados postulados de gobierno.
Por su parte, la profesora malagueña también aspira al puesto, y podría reunir las simpatías del sector más conservador e incluso progresista, como el nuevo magistrado segoviano. La primera mujer en presidir una sala (social) del Tribunal Supremo siempre se ha pronunciado a favor de aumentar la presencia de mujeres en la dirección judicial, y en sus últimas manifestaciones públicas ha señalado que una de las virtudes que tiene el nuevo presidente o El presidente del TC debe tener «empatía» con el resto de sus compañeros.
El CGPJ consigue la renovación de la Constitución cuando Tolosa y Segoviano obtienen la unanimidad del pleno
La fecha de la votación, en todo caso, será la que designe este lunes Ricardo Enríquez, que es el magistrado de mayor edad y por tanto el encargado de presidir puntualmente el órgano cuando se vaya el actual presidente, Pedro González-Trevijano, ahora y también Vice- presidente Juan Antonio Xiol (con Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares). La intención de Enríquez es convocar el pleno en cuanto se produzca la sustitución, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.
Aborto, eutanasia, reformas legales
Entre las cuestiones a resolver se encuentran las relativas a las dos últimas reformas a la ley orgánica del Poder Judicial – prohibir los nombramientos de la dirección judicial por un órgano de gobierno de jueces y fijar un plazo legal para la renovación del propio TC – , así como así como el intento de introducir modificaciones a la reforma penal para acelerar la renovación de la instancia, ya que ha sido paralizada como medida cautelar, pero queda por decidir sobre el fondo. También se puede recurrir contra la ley catalana que suprime la cuota del 25% de españoles en clase, o contra leyes de gran trascendencia social como la actual sobre el aborto -que tiene más de doce años de retraso- o la ley de la eutanasia.
Otros recursos pendientes de fallo a la Constitución son los presentados contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para la votación del 3 de febrero de 2022 sobre la reforma laboral, que se produjo tras el voto electrónico por error del diputado popular Alberto Casero. También se espera sentencia para los recursos contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado mes de agosto, así como las impugnaciones contra la nueva ley de educación, la LOMLOE, también conocida como ley Celaá -la ministra que la impulsó–. Asimismo, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño.
Magistrados y relaciones políticas
En los últimos días, el Partido Popular ha criticado a los nuevos magistrados elegidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, dada su reciente vinculación política con el propio Ejecutivo. Nunca antes ha estado en el tribunal un exministro de Justicia, y en este caso también un exdiputado del PSOE, pero sí lo han hecho exdiputados del PP, como Carlos Ollero, e incluso ha habido polémica cuando supimos que el que estaba presidente de entre 2013 y 2017, Francisco Pérez de los Cobos, había estado afiliado al partido que ahora preside Alberto Núñez-Feijóo.
Estas críticas, sin embargo, parecen hacernos olvidar el fuerte vínculo popular del actual magistrado Enrique Arnaldo, que entró en trámite en noviembre de 2021 en el turno del Congreso de los Diputados a propuesta del PP. En ese momento, los de Casado no tenían en cuenta la actividad de su despacho, que realizaba múltiples trabajos para administraciones gobernadas por el PP y lo compaginaba con su condición de abogado en las Cortes, a lo que se sumaban sus colaboraciones en la FAES. y su vinculación con el expresidente de Baleares condenado por corrupción Jaume Matas, un pasado que para algunos ha empañado su imagen independentista
Campo presentaciones y abstenciones
Esta imagen de independencia también será tenida en cuenta frente al exministro Campo a la hora de repartir ponencias sobre temas que habían correspondido a los magistrados que ahora dejan el cuerpo. El ex titular de justicia deberá abstenerse si corresponden a presentaciones de leyes en las que pudo haber participado desde el Consejo de Ministros.
Recreación de las más de nueve horas del tenso Pleno del Tribunal Constitucional que frenó la renovación
Hay recursos importantes que ya sabemos que no le van a corresponder, como el presentado contra la eutanasia, que es de Ramón Sáez, el presentado contra la actual ley sobre el aborto, que se repartió a Arnaldo tras la salida de Ollero en noviembre 2021 y que interpuso contra la “Ley Celaá”, que pertenece a Ricardo Enríquez. “En los demás es difícil predecir a quién afectará porque el sistema de traslado de papeles es complicado”, explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes judiciales, que añaden que “habrá que ver cuáles se les asignan y tendrá que decidir en principio de qué se abstiene».
Las mismas fuentes añaden que durante la adhesión de Arnaldo y Espejel se redactó una ordenanza muy restrictiva con las disputas basadas en la carrera profesional de los magistrados, basándose en que se dice personal, jurídica y política en la que se basa su elección. y que nadie acuda al Tribunal sin decisiones previas. “Habrá que estudiar en profundidad cada expediente y ver dónde se establece la línea”, concluyen las mismas fuentes judiciales.
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