La fiscalía solicitó este lunes al inicio del juicio del caso Astapa la inclusión de un nuevo bloque temático en el proceso con el fin de verificar el origen de la investigación y la validez de las fuentes de las pruebas, cuestionadas por las defensas.
En este caso se juzga una supuesta trama de corrupción urbanística y política en Estepona (Málaga) por la que se sienta en el banquillo el exalcalde socialista del municipio, Antonio Barrientos, entre medio centenar de imputados citados en una macrocausa que comenzó a la Audiencia Provincial de Málaga con las cuestiones anteriores.
La audiencia comienza después de más de quince años desde que se conoció el caso y al menos dos imputados se beneficiarán de una orden de sobreseimiento por la prescripción del delito por el que fueron imputados y otros, como el exconcejal Francisco José Zamorano, pretendían gozar de este misma ventaja.
El abogado de la exalcaldesa de Barrientos, María Gutiérrez, solicitó la cancelación de los expedientes que dieron lugar a las escuchas telefónicas y, con ellos, la cancelación de las pruebas obtenidas a raíz de las mismas, a la luz del artículo 579 de la Ley Penal. Ley de Enjuiciamientos.
Para la letrada, que planteó en su intervención cinco cuestiones previas, se ha vulnerado el derecho fundamental de la exalcaldesa a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, ya que -según ella- esta medida se adoptó sin ningún indicio de tipicidad, sin revisión judicial. y sin respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.
Gutiérrez también incidió en la tesis ya planteada en su línea de defensa sobre la existencia de numerosas «irregularidades» en los atestados policiales aportados en el marco de la investigación y volvió a nombrar como encargado al excomisario José Manuel Villarejo.
«Villarejo fabricó pruebas», dijo la abogada, y «tuvo un grupo de policías para hacer informes falsos en el caso Astapa», agregó para señalar que el papel del excomisario, con acceso a información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e intereses inmobiliarios en Estepona, es fundamental en la investigación del caso.
Con la idea de apropiarse indebidamente de las pruebas, la defensa de Barrientos también cuestionó la denuncia interpuesta ante la UDEF por los compañeros del partido del exalcalde -que dio origen a la investigación- alegando que faltan datos para sustentar las afirmaciones planteadas.
Con 351.114 páginas y 774 tomos (128 anexos principales y 646 documentales), la fase de preguntas preliminares se extenderá hasta el jueves 12 de enero y continuará los días 16 y 17 de enero, luego de lo cual el juicio se interrumpirá hasta el próximo Le 7 de marzo, cuando el la audiencia se reanudará con la fase de prueba.
La investigación por el caso Astapa se inició en noviembre de 2006 cuando dos concejales socialistas enviaron una carta a la UDEF en la que apuntaban a una posible trama de corrupción en el Ayuntamiento de Estepona.
Las defensas del resto de imputados, cada uno con su casuística particular, se sumaron a las anteriores cuestiones planteadas por la defensa de Barrientos.
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