Una vez renovado el Tribunal Constitucional y consolidada su mayoría progresista (de siete magistrados frente a cuatro conservadores), la batalla pasa a la presidencia, que permanece vacante tras la salida este lunes del cuerpo de Pedro González-Trevijano y su vicepresidente, Juan Antonio Xiol. Una tradición no escrita es que el cargo lo ocupe uno de los magistrados que se encuentre en el tercero más cercano al final de su mandato -en este caso, uno de los que fueron designados en 2017 a propuesta del Senado- y que pertenezca a la sensibilidad dominante.
En ambos casos, el magistrado del Tribunal Supremo y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y la profesora de derecho constitucional María Luisa Balaguer, quienes, aunque no lo anunciaron oficialmente, expresaron su interés en presidir este órgano hasta finales de 2025, cuando finalice su mandato. terminará.
Para lograrlo, uno u otro necesita el apoyo de la mayoría de su grupo, o de parte de él más los magistrados del sector minoritario. Esta ruptura condicionará el resultado y los primeros pasos de la organización de garantía recientemente renovada.
El pleno para elegir al presidente fue convocado para las 13 horas de este miércoles por Ricardo Enríquez, quien ocupa interinamente el cargo por ser el magistrado de mayor edad del último tercio. Hasta entonces, y dado que no hay un candidato claro, como ha ocurrido en otras ocasiones, ya sabemos que los distintos bloques se reunirán el martes por separado para intentar fijar posiciones.
Bloquear reuniones
La reunión de los siete magistrados progresistas -que, además de los dos candidatos presidenciales, están integrados por Ramón Sáez, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano- tendrá lugar a partir de las once de la mañana. , y allí se escucharán los «programas» o planes previstos para el órgano con los que Conde-Pumpido y Balaguer esperan ganarse el favor de sus colegas. Otro encuentro diferente reunirá a Concepción Espejel, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Ricardo Enríquez para acordar también su postura.
Fuentes judiciales señalaron que es muy probable que Conde-Pumpido, quien es visto por su entorno como el «candidato nato» para el puesto, se haya ganado el apoyo de la mayoría de sus compañeros dada su reconocida talla jurídica y su experiencia en puestos de responsabilidad. como la oficina del Fiscal General. Su candidatura apuntaría, según las fuentes consultadas, a lograr un Tribunal Constitucional más ágil en casos de trascendencia política que llevan meses o incluso años pendientes y que, a juicio del exmiembro del Tribunal Supremo, requieren el impulso eso se le puede dar a alguien con experiencia en foros cuyas decisiones también suelen tener trascendencia como la Corte Suprema.
Además de su antigüedad, el magistrado del Supremo ya ha demostrado dotes de mando ante el propio Tribunal Constitucional en temas especialmente sensibles, ya que fue él quien encabezó la comisión que elaboró todos los proyectos de sentencia que desestimaron los recursos de casación de los condenados. para el «juicio», e incluso acabó siendo detenido por los líderes independentistas Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.
perspectiva de genero
En su contra pesa el hecho de ser considerado el «candidato oficial» del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le ha convertido en una suerte de «bête noire» para determinados sectores de la derecha política, judicial y mediática. De ahí recuerdan las palabras que pronunció en 2006, cuando José Luis Rodríguez Zapatero era Fiscal General, cuando afirmó, coincidiendo con el alto el fuego de la banda terrorista ETA, que «el robo de vestidos de los fiscales no evitará el contacto con la polvo del camino”, en alusión a un necesario acercamiento del ministerio público a la realidad social.
A ello se suma el enfado suscitado entre sus compañeros por lo que el propio Conde-Pumpido calificó de filtración de un borrador de su voto privado sobre la sentencia que declaraba inconstitucional el primer estado de alarma. En dicho texto, la resolución fue calificada de «extravagante, propia de un laico y un jurista de salón».
Ante ello, la candidatura de María Luisa Balaguer, una reconocida feminista, defensora de la introducción de la perspectiva de género en las decisiones judiciales y cuyo carácter conciliador, según algunas fuentes consultadas, podría llevar a algunas de sus compañeras del sector mayoritario y sumar a los cuatro conservadores, que lo verían como un resquicio en la designación de Conde-Pumpido como candidato más cercano al ejecutivo.
De su entorno asegura que la aspiración de su compañera no supondrá en modo alguno dar un paso atrás, y menos en un juzgado que, por primera vez, ha conseguido sumar cinco magistrados frente a un pasado de presencia femenina muy minoritaria.
La profesora, que en las últimas semanas ha concedido entrevistas en diversos medios, siempre se ha comportado fuera de los bloques y algunos la consideran un «verso» dentro del cuerpo, lo que ayudaría a reforzar una imagen de independencia que muchos consideran importante recuperar.
Además, siempre ha sido partidaria de separar el debate jurídico del ruido político, y así lo ha demostrado con el tiempo ampliamente dedicado a las ponencias que se le encomiendan, como el recurso contra la primera reforma judicial que vetó las candidaturas en el seno del Consejo General de el Poder Judicial cuando éste esté fuera de su cargo.
Sus creencias progresistas también están fuera de toda duda, como demuestran publicaciones como su «Contrarrelato de la transición política en España» de 2021, donde argumentaba que la Ley de Amnistía de 1977 no puede obstaculizar el deber de investigar las desapariciones durante el franquismo. .
El voto segoviano
A la incógnita de lo que sucederá en la próxima votación del miércoles se suma el hecho de que la votación es secreta. En una primera vuelta se requerirá mayoría cualificada (lo que obliga al sector progresista a votar en bloque), si no se alcanza, en una segunda votación se resolverá por mayoría simple.
En este caso, bastaría con que Balaguer obtuviera el apoyo de los cuatro conservadores, su voto y el de otro miembro de su grupo, y en este punto la posición adoptada por María Luisa Segoviano, una mujer de carácter independiente y convencida. defensora del acceso de las mujeres a altas responsabilidades en el sistema de justicia. Ella misma rompió un techo de cristal al ser la primera en presidir una sala (la social) del Tribunal Supremo.
Finalmente, otra cuestión a resolver será la de la vicepresidencia. En los últimos mandatos siempre se ha optado por equilibrar el organismo asignando este rol a uno de los magistrados de salida del sector minoritario, que en el presente caso correspondería a Ricardo Enríquez (el cuarto elegido por el Senado, Alfredo Montoya, dejó su puesto vacante este verano por motivos de salud). A pesar de que sucede, cuando se llega a un acuerdo con la presidencia entre conservadores y progresistas, no parece surgir la posibilidad apuntada por algunos de que se acuerde una vicepresidencia de Balaguer o Conde-Pumpido si no hay apoyo mayoritario .
.
