En ese momento comenzó una avalancha de solicitudes de evolución de contratos hacia tarifas reguladas, denominadas tarifas de último recurso (TUR), que aún persiste; y Competencia ha abierto un expediente de información sobre las cuatro grandes empresas obligadas a ofrecer estas tarifas (Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies), que aún está en curso.
La CNMC comenzó entonces a solicitar la información que las cuatro grandes compañías gasistas deben facilitar cada mes sobre los medios técnicos y humanos implantados para hacer frente a la afluencia de solicitudes de cambio de tarifa, el número de llamadas atendidas y los tiempos de espera y el número de registros ejecutados que se mantienen. sin respuesta, después de que muchos consumidores se quejaran de tiempos de espera iniciales muy largos, debido a la falta de información y dificultades para completar el contrato.
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La competencia ha decidido mantener esta obligación de informar a las empresas al menos hasta finales de abril, cuando reevaluará la necesidad de continuar con el seguimiento o suspenderlo. Una solicitud de información que ya no se limita a las tarifas reguladas que pueden contratar los clientes particulares, sino que se extiende también a la nueva tarifa local para comunidades de propietarios.
A la espera de decidir si se mantiene o no el expediente de información, la CNMC descarta dar el paso de abrir un expediente sancionador contra las grandes empresas energéticas, según han confirmado fuentes oficiales del organismo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. La apertura de un expediente disciplinario implicaría haber encontrado pruebas suficientes de que se han cometido infracciones y esto abriría la posibilidad de aplicar sanciones a los grupos.
El expediente de información es el primer paso en los procedimientos de seguimiento que la CNMC puede realizar en los sectores regulados. En muchos casos, funciona como un aviso a la gente de mar con el objetivo de que las empresas corrijan sus actuaciones antes de abrir un expediente sancionador. Y en este caso, el organismo considera que ha funcionado.
Refuerzos y «normalidad»
Desde Concurrencia se apunta que los problemas de «mal servicio» a los clientes por parte de las energéticas se concentraron en septiembre y, sobre todo, en octubre por el «crecimiento exponencial» de solicitudes de modificación de contratos, pero que esto volvía a ser «la normalidad». a partir de la segunda quincena de noviembre gracias a los refuerzos aplicados por las empresas energéticas en los circuitos de comercialización de sus filiales a tarifa regulada. “Por este motivo, actualmente no está prevista la apertura de un expediente disciplinario”, especifica la agencia.
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Lo que está valorando la dirección de la CNMC es la posibilidad de imponer «medidas preventivas» permanentes a las empresas para evitar más colapsos en el futuro. En este sentido, el organismo pretende establecer que las comercializadoras de tarifas reguladas dispongan de un canal de contratación online automatizado y fácil de encontrar en las webs de las empresas, y no solo en los canales telefónicos o en las oficinas de venta presencial como hasta ahora.
EL TRANSFER CONTINÚA
Las principales compañías energéticas continúan registrando un masivo trasvase de clientes a tarifas reguladas de gas natural debido a las ayudas activadas por el Gobierno para abaratar la factura en plena crisis energética. Las transferencias de contratos no solo no se detienen después de la ráfaga inicial de los últimos meses, sino que incluso se han intensificado en lo que va de año. Una reversión comercial completa de la tendencia de los últimos años donde las tarifas reguladas tenían una base de clientes cada vez más reducida mientras que las tarifas de mercado abierto se expandían.
Al calor de las ayudas estatales, los grandes grupos energéticos sumaron unos 200.000 nuevos clientes a sus comercializadoras de gas a precio regulado sólo en enero. Un nuevo trasvase masivo de clientes que se suma a las cerca de 550.000 altas a tarifa regulada -cuyo precio fija trimestralmente el Gobierno ya las que aplica actualmente importantes descuentos- registradas durante los últimos meses del año pasado.
Actualmente, alrededor de 2,2 millones de hogares tienen contratadas tarifas reguladas de gas, más de un 33% más que el volumen que existía cuando el Ejecutivo activó su último plan de ayudas el pasado mes de octubre. Sin embargo, el número de clientes cubiertos por las tarifas del mercado libre de gas -cuyos precios fijan libremente las empresas- es muy superior al número de clientes de actividad regulada -cuyo precio fija el Gobierno trimestralmente en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyos incrementos han tenido un techo desde el año pasado.
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Las tarifas de mercado abierto continúan siendo la opción mayoritaria y unos 6 millones de clientes aún las utilizan, a pesar de que actualmente experimentan grandes aumentos debido a la retarificación de los contratos y al impacto de los precios más altos del gas en los mercados internacionales.
El Gobierno activó el pasado mes de octubre un paquete millonario de medidas para abaratar el precio de las tarifas reguladas de gas, lo que en la práctica pasa por aplicar un subsidio directo a las facturas de aquellos clientes que acaban facturando a las grandes energéticas. Un escudo anticrisis con ayudas de 3.000 millones de euros que prevé seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los ya más de 2 millones de clientes de la tarifa regulada de gas a lo largo de 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa reducida para viviendas que dispongan de calefacción central en la comunidad de vecinos (a la que se habrían sumado en la actualidad unas 2.000 comunidades de vecinos).
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