Antes de que su carrera política acabe por completo, al menos con el actual PP, Enrique López tiene deberes por delante que demostrarán su poder de negociación. Se trata de dos proyectos clave del ministerio que ha liderado durante los últimos cuatro años bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso, pero por ahora ambos están en suspenso.
Como titular del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, que fue el número dos de facto de Ayuso en su primer mandato, tenía la tarea de deshacer la maldición que pesa sobre la Ciudad de la Justicia, que lleva 20 años encadenando proyectos fallidos. y sombras de corrupción y hoy sigue siendo un complejo fantasma. En noviembre de 2021, López intentó reactivarlo con la intención de que ahora, justo en las semanas previas al final de la legislatura, Ayuso pudiera poner la primera piedra y mostrar el proyecto como uno de los grandes hitos de su gobierno durante la campaña. Pero no hay rastro de eso todavía.
Esta próxima semana, miércoles o jueves, el cabildo quitará el penúltimo pétalo del proyecto. Tras la cancelación del concurso el pasado mes de octubre (un modelo de concesión según el cual la empresa ganadora se hará cargo del mantenimiento del complejo durante los 36 años siguientes a su construcción a cambio de un canon de entre 49 y 60 millones anuales), López continuó con un procedimiento negociado sin publicidad al que fueron invitadas diez empresas y esta semana se sabrá si han aceptado las condiciones de la concesión y se decidirá cuál de ellas se quedará con él.
Fuentes ministeriales reconocen que si este procedimiento no culmina con éxito, solo quedan dos opciones, una nueva licitación con nuevas condiciones para la concesión o una adjudicación para la construcción del complejo, pero esto no implica ninguna relación con el adjudicatario de su propiedad. hacer un seguimiento. Esto es lo que pide la oposición desde un principio: que construya un tercero pero que todo el mantenimiento y posterior gestión quede en manos de la administración. Algo menos que premiado esta semana, en cualquier caso, supondría un fracaso más y prácticamente otro aplazamiento y postergación del proyecto 20 años después.
El otro proyecto que López tiene en suspenso es la Ley Autonómica de Protección Civil y Emergencias. El 20 de febrero se debatirá en comisión el dictamen y aunque la esperanza del Gobierno es sacarlo adelante, no está garantizado. Defienden en el ayuntamiento que este proyecto no es ideológico y sólo supone una mejora y una modernización de la organización de los servicios públicos de emergencia, por ello su objetivo era hacerlo avanzar incluso con la unanimidad de los grupos de la Asamblea, pero, como explicó uno de los grupos de izquierda, el gobierno no estaba dispuesto a aceptar «modificaciones apenas significativas, solo correcciones técnicas» y ante la falta de voluntad para negociar, los tres partidos de izquierda planean votar en contra. Así que solo les queda Vox.
Y como rechazaron los presupuestos de Ayuso y entramos en periodo preelectoral, los de Rocío Monasterio ya no son una apuesta segura como en meses anteriores. Esa misma semana se negaron a seguir adelante con la creación de una agencia de ciberseguridad para la Comunidad y la simpatía de Vox por Enrique López, con quien negociaron parte del presupuesto de 2021 para lograr un acuerdo del que tampoco sacaron tantos ingresos, no es particularmente alto. .
Estos son los últimos servicios que López tiene pendientes en el Gobierno de Ayuso antes de retirarse a su cargo en la Audiencia Nacional o entrar en el sector privado. Su dimisión del activismo del PP indica una vuelta a la carrera judicial, a la que no puede volver si mantiene su afiliación, y aunque el presidente subrayó el pasado viernes en un acto público que para seguir en su Gobierno no es necesario serlo. militante, la relación entre ambos se vio dañada por la guerra interna del PP, en la que López se inclinó claramente por Pablo Casado. El momento más gráfico de este cargo se produjo precisamente cuando se anunció que tres asesores del Gobierno de Ayuso saldrían a defenderla de la polémica nacida de los contratos de su hermano, el propio Enrique López, Enrique Ruiz Escudero (Sanidad) y Javier Fernández. Lasquetty (Economía y Hacienda), pero López se disculpó diciendo que tenía un compromiso previo ineludible. A partir de ese momento, el que era el número dos dejó de estar en los ojos de todos.
Un juez no puede ser agudo
El PP ha propuesto que los jueces que ocupen cargos políticos no puedan retomar su carrera como jueces de forma inmediata, pero la iniciativa nunca ha sido apoyada por el PSOE, que tiene varios magistrados en el Gobierno nacional, por lo que López tiene vía libre el visto bueno judicial si quiere recuperarse. su cargo en la Audiencia Nacional.
La propia Constitución, en su artículo 127, establece que los jueces y magistrados en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos, aunque la ley no establece ningún plazo mínimo entre el cese de esta militancia y el regreso a la carrera. .
Fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, precisan que López se encuentra en una situación administrativa de servicios especiales, que suele concederse cuando el juez en cuestión deja temporalmente este cargo. ingresar al servicio público.
Aunque ya ha formalizado su baja como miembro del Partido Popular, López no podrá solicitar su reincorporación a la judicatura mientras siga ejerciendo las funciones de Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. . Previsiblemente, lo hará cuando se convoque a la elección, para ocupar el cargo que ocupó en la Cámara Nacional de Apelaciones.
Su reincorporación, por tanto, no tardará mucho, ya que estuvo en los servicios especiales y bastará con que la Comisión Permanente del cuerpo central de magistrados valide su regreso a la Audiencia Nacional. Otra cosa sería que estuviera en excedencia -algo común entre los jueces que lo piden para desempeñar funciones privadas como la profesión de abogado-, porque en ese caso tendría que concursar nuevamente en una próxima convocatoria para que le asignen un puesto. . .
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