El Gobierno se muestra incómodo asistiendo al debate que ha abierto el Tribunal Supremo en su revisión de las sentencias de los líderes de los «juicios». Los magistrados, que confirman la inhabilitación hasta 2031 de Oriol Junqueras para ejercer funciones públicas, subrayan en su resolución que la derogación de la sedición impulsada por el ejecutivo y ERC crea un espacio de «impunidad». Al mismo tiempo, no consideran aplicable a lo ocurrido en el referéndum de 2017, en contra de lo que querían socialistas y republicanos, la nueva malversación diluida, también aprobada a fines del año pasado.
Sin embargo, aunque la decisión no fue bien recibida, en Moncloa excluyen que reabrirá la crisis territorial, después de varios años, desde que Pedro Sánchez jurara como presidente por primera vez en 2018, marcado por la reanudación del diálogo entre administradores. “Conseguimos normalizar la política institucional, los afectos entre catalanes y catalanes con todos los españoles. No queremos mirar atrás. Cataluña tampoco quiere volver atrás”, dijo el martes la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al día siguiente de la publicación de la orden de los magistrados.
Según la portavoz de ERC, Marta Vilalta, la decisión del alto tribunal supone un «golpe a la democracia» por parte de un poder judicial «retrógrado» que ha convertido la reforma penal en «papel de desecho».
Rodríguez a évité de faire ce type d’évaluation après le Conseil des ministres, se limitant à transférer le «respect» du gouvernement aux décisions judiciaires, mais il s’est efforcé de réduire l’impact politique que la décision de la Cour suprême peut haber. Sobre todo, ante el escenario que se vislumbra ante los tribunales, con cerca de una veintena de cabecillas de los ‘juicios’ (los llamados de segundo grado) que serán juzgados próximamente y a los que, en principio, el desfalco atenuado aprobado hasta el momento finales del próximo año, lo que aumenta sus posibilidades de acabar en prisión.
Cohabitación»
“Afortunadamente, gracias a la herramienta del diálogo hemos logrado llevar lo que antes era un problema político y judicial a hoy por el camino de la convivencia. La Cataluña de hoy no tiene nada que ver con la Cataluña de 2017. No creo que podamos volver a este escenario: la sociedad catalana ha evolucionado, no quiere volver a 2017. Y entiendo que las fuerzas políticas catalanas no quieran dar marcha atrás tampoco”, ha dicho. También ha insistido la ministra de Política Territorial, en referencia al partido de Junqueras.
Porque en Moncloa insisten en que ERC, aliado clave del Gobierno en la promoción de leyes en el Congreso, no puede criticar al Gobierno por lo ocurrido en el Supremo. Después de todo, insisten los asesores del presidente, la reforma penal se acordó de principio a fin con los republicanos.
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