La Junta de Andalucía no tiene intención de enmendar o modificar el proyecto de decreto que fija los precios de organización de los servicios sanitarios públicos y privados y que, por primera vez, abre la puerta a la extensión de este modelo a la atención primaria, el actual cuello de botella en el sistema publico El decreto fija los precios en Primaria: “Consulta médico general, 65 euros. Primera consulta, 150 euros. Consultas sucesivas, 90 euros. Consulta en alta resolución, 210 euros”. La orden detalla una lista de precios para cirugías, pruebas diagnósticas, estancias diarias en hospitales, cuidados intensivos, centros de salud mental, radioterapia y, por primera vez, consultas.
El portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró durante su comparecencia tras la rueda de prensa del Consejo de Gobierno que esta ordenanza «se limita a regular una tabla de precios» y no privatizará la sanidad pública. Será “la potestad de cada ministerio”, aclaró el vocero, quien insistió en que “el actual Gobierno con este presidente no tiene intención de hacerlo”. El decreto fija precios concertados con la empresa privada en varios servicios, incluido el de atención primaria, porque “si circunstancias excepcionales lo requieren, se hará y para eso tenemos precios fijos”. El borrador no especifica cuáles serían esas circunstancias excepcionales ni en qué supuestos extraordinarios se aplicarían los acuerdos con la empresa privada. “No es una hoja de ruta ni una estrategia”, insistió. “Si algún día lo tuviéramos que hacer, ya sabemos lo que nos va a costar y punto”, subrayó Fernández-Pacheco, “ahora sabemos las reglas del juego” y “no hay intención de hacerlo”, añadió . .
El origen del conflicto es un «proyecto de orden que actualiza y desarrolla el sistema de presupuestación y tarificación de los convenios y conciertos suscritos por el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en los centros de salud». El pedido anterior data de 1998. Tan antiguo que los precios estaban en pesetas en lugar de euros.
La gran diferencia entre la anterior orden, aprobada por el PSOE, y la ahora formulada por el PP es que por primera vez en España se abre la puerta a que estos conciertos se realicen en atención primaria. Además, el decreto fija las tarifas que la Oficina pagará a las empresas privadas por la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en establecimientos pertenecientes a la administración, lo que supone en la práctica la puesta a disposición de los establecimientos de salud públicos a las empresas privadas para que puedan cumplir con las órdenes del propio SAS. Por ejemplo, un departamento de anestesia privado puede ir, previo pago, al quirófano de un hospital público.
El portavoz del Gobierno insistió en que «una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad» y consideró que es «absolutamente falso, una mentira» que se privatize la atención primaria u hospitalaria en Andalucía. “Nos vamos a proteger de estas deudas de un millón de dólares que seguimos pagando por los conciertos que daban los socialistas sin ningún control sobre la sanidad privada”, dijo Fernández-Pacheco. “Fijamos precios máximos que tienen en cuenta todas las casuísticas. Algunos sucederán y otros no. Nos protegemos en caso de desastres”, agregó, cuando se le preguntó si el gobierno había planteado el tema durante su reunión semanal o si el presidente de la junta había dado una indicación para rectificar esta nueva norma.
.
