En una sala casi desierta, el diputado de Vox, Javier Ortega Smith, mostró una foto del expresidente catalán Carles Puigdemont tras las rejas. “El único cartel electoral que se podría autorizar a hacer a los prófugos de la justicia es este”, declaró desde lo alto de la tribuna para defender un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del régimen electoral general (LOREG) para impedir que todos los que se han dado a la fuga la justicia española no puede presentarse a las elecciones. El apoyo de PP y C no fue suficiente frente al resto de la Cámara Baja, que rechazó esta reforma al considerar que vulnera el principio de inocencia y que ya existen otros mecanismos para evitar estas situaciones.
El proyecto de ley registrado pretendía introducir una nueva situación de «inhabilitación» para «aquellos respecto de los cuales estuviera en vigor una orden de detención y entrega para su sometimiento a los jueces y tribunales españoles, dictada por la autoridad judicial española, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la Constitución o sedición”. Además, también buscó ampliar los casos de quienes, aun sin sentencia firme, fueron declarados culpables de delitos “contra la administración pública, contra la Constitución, sedición y terrorismo”.
El «no» de la Casa
El diputado de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez Oblanca, fue el primero en posicionarse sobre esta iniciativa de Vox y ya marcó el discurso por el que, posteriormente, pasaron el resto de portavoces: «LOREG, en su artículo 108.8 establece A la hora de para su toma de posesión y para adquirir la plena condición de sus funciones, los candidatos electos deberán jurar o prometer el respeto a la Constitución. […] Es decir, sólo si el candidato en cuestión se presenta ante el Consejo Electoral a estos efectos puede ser considerado elegido, de modo que sólo pisando suelo español y dejando su condición de prófugo de la justicia podrá hacerlo, compareciendo ante el órgano de justicia que requiera su presencia. «.
Este mismo argumento esgrimido por Martínez Oblanca es el que sustenta el Consejo Electoral Central ante el Parlamento Europeo después de que Puigdemont se presentara como candidato en las pasadas elecciones comunitarias. La JEC, en una resolución publicada en noviembre, «considera que [Puigdemont] no ha adquirido la condición de miembro de pleno derecho del Parlamento Europeo» al incumplir la Constitución y que, en consecuencia, «su escaño debe quedar temporalmente vacante hasta que se produzca dicho cumplimiento, con la consiguiente suspensión de sus derechos y prerrogativas en la misma». términos.
El PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCat, CUP y otras formaciones minoritarias rechazaron la iniciativa del partido ultra bajo esta premisa y proponiendo otros argumentos. Por un lado, consideran que no se puede restringir un derecho por la mera existencia de un requerimiento judicial, pues se debe respetar el principio de inocencia. También criticaron que la intención de introducir la pena por «delitos contra la Constitución» como causal de ilegibilidad suponga ampliar en exceso estos supuestos, ya que incluiría, por ejemplo, injurias y calumnias contra la Corona o las instituciones del Estado. , la usurpación de poderes o la ofensa a los sentimientos religiosos.
apoyo insuficiente
Junto a Vox, se han posicionado PP y C. Los conservadores denunciaron que el PSOE, una vez más, se pone del lado de los grupos independentistas y criticaron la «doble burla» que hace que prófugos de la justicia como Puigdemont no comparezcan ante los tribunales, sino que quieran «ser candidatos en las elecciones». “Hay que proteger el Estado de derecho”, gritó la diputada Edurne Uriarte antes de pedir a los socialistas que apoyen la propuesta de cambiar “las reglas del juego” con el “mayor consenso posible”.
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