El asunto del cuartel, con un teniente general y un teniente coronel acusados de supuestas irregularidades en la adjudicación de puestos de cuartel en hasta 13 provincias, asestó un duro golpe a la imagen de la Guardia Civil, que a su vez se vio gravemente dañada por la investigación abierto a otro general, Francisco Espinosa, en el caso del Mediador.
De hecho, los dos procesos judiciales convergen en un mismo punto, el empresario canario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como «Mon», que ya figuraba en el sumario de la supuesta trama de corrupción en favores y recompensas a Canarias y que está la pieza central del «asunto de los cuarteles»: fueron sus empresas las que realizaron las obras que hoy están vigiladas, porque en muchos casos no se realizaron o no se realizaron.
El caso, descubierto en exclusiva por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y los medios del Grupo Prensa Ibérica, está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 3, que sigue a la espera de la pericia a realizar en el cuartel de toda España. , para comprobar si las sumas pagadas a las empresas «Mon» se corresponden con el trabajo realizado. El juez deberá vincular los presuntos delitos cometidos por los cuatro imputados en un caso sobre el que aún existen tantas dudas como certezas.
¿Quiénes son los encuestados?
El más importante es el teniente general Pedro Vázquez Jarava, que ocupó uno de los más altos cargos del Instituto Armado hasta que ingresó en la reserva a finales de 2018. Según el informe de Asuntos Internos de la Guardia Civil que ha abierto el trato, el responsable para la subdirección de apoyo ordenó a los comandantes de hasta ocho provincias contratar con las compañías de Tejera de León. Otro de los imputados es el teniente coronel Carlos Alonso, jefe de la comandancia de Ávila desde mayo de 2015 hasta noviembre de 2017, periodo en el que el empresario canario obtuvo 27 contratos por valor de 170.000 euros. Alonso, según el testimonio de varios testigos, habría ordenado a su vez un contrato con ‘Mon’ y habría dado luz verde para pagar las facturas de los trabajos no realizados. El tercer imputado es el propio ‘Mon’, que en Arrecife tiene otro procedimiento abierto acusado de evasión fiscal por 162.000 euros; y el último es un profesional de la pintura independiente contratado por ‘Mi’ para realizar los trabajos, Salvador GE
¿De qué se les acusa?
En principio, se les imputan los delitos de malversación de fondos y falsificación de documentos, aunque los funcionarios de Interior atribuyeron inicialmente a Jarava hasta cinco delitos: los dos mencionados, más cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
¿Puede haber más acusados?
No está excluido, aunque parece poco probable. El juez está a la espera de que los arquitectos examinen los cuarteles donde se realizaron las obras investigadas, en concreto decenas de instalaciones en Algeciras, Albacete, Ávila, Alicante, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, La Coruña, Toledo, Tenerife y Valladolid y Murcia. Por ahora, el juez se inclina por no imputar a los jefes de los comandos investigados que dieron luz verde a las obras ejecutadas a pesar de que en algunos casos no estaban terminadas. Tampoco los ha llamado como testigos todavía.
¿Cuántos contratos se han adjudicado a “Mis” empresas?
La Sección de Interior de la Guardia Civil puso la lupa sobre la corrupción en 193 obras por un importe total de 2.964.761,05 euros, aunque la cantidad total cobrada por el empresario canario fue de 3,3 millones de euros. Las reformas se ejecutaron entre el 12 de marzo de 2014 y el 10 de abril de 2019.
¿Cómo se firmaron los contratos?
Los contratos más grandes siempre se han gestionado para que no superen los 50.000 euros, lo que marca la diferencia entre un contrato pequeño y una subasta ordinaria. Sin embargo, el método preferido fue el de «slicing» del trabajo en asignaciones de menos de 5.000 para aprovechar un mecanismo de la Guardia Civil llamado anticipos fijos en efectivo en el que el Jefe del Mando puede otorgar pequeñas cantidades para gastos de funcionamiento. .
¿Hubo enriquecimiento ilícito de los Guardias Civiles?
La investigación de asuntos internos no pudo determinar esto. En el caso de Carlos Alonso, la Guardia Civil estimó que el teniente coronel se había incautado de 21.000 euros en efectivo, cuyo origen «no ha podido determinarse», lo que niega su defensa, que da por acreditado el origen del dinero. Los agentes han comprobado que Jarava recibió beneficios del empresario canario en forma de viajes a Cádiz y Canarias y dos finales de Champions.
¿Quién llevará a cabo la pericia del cuartel y cuándo?
Unos peritos de la Dirección General de Patrimonio (dependiente del Ministerio de Hacienda) certificarán la principal sospecha levantada por Interior: que la obra ordenada no se ha realizado, o se ha realizado de manera deficiente, o que se ha ha sido presupuestado y facturado por más paredes pintadas, paredes demolidas o mostradores de cobertura fija de lo que realmente se hizo. El caso es que el juez lleva al menos ocho meses intentando obtener información sobre estos controles, que son imprescindibles para poder seguir avanzando en la investigación. La pericia se retrasó en los juzgados porque inicialmente se contrató a un arquitecto para realizar los controles en Ávila, y cuando se amplía a 13 encargos, el caso debe corresponder a Hacienda, ya que es la autoridad competente para controlar el gasto de las obras en Ávila. servicios públicos. .
¿El caso será investigado por el Congreso?
Sí, el PSOE acordó el pasado martes con ERC y EH Bildu que no se creará una comisión ad hoc para tratar el caso Cuarteles, sino que estudiará las comisiones ordinarias del Congreso de interior y calidad democrática, donde serán convocadas para testimoniar las acusaciones de Interior y de la Guardia Civil.
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