El Gobierno de Canarias ha destacado que se presenta como uno de los CC «más diligentes» a la hora de establecer marcos y actuaciones para el cumplimiento del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) y la ejecución de los fondos extraordinarios europeos, según el informe de auditoría elaborado por el Tribunal de Cuentas sobre las medidas adoptadas a nivel autonómico para la ejecución de dicho Plan.
En un comunicado, el ejecutivo indicó que el documento establece que el archipiélago no solo regula en un texto normativo con fuerza de ley las principales especialidades normativas en RETC, con un enfoque integrador similar al utilizado en las normas estatales, sino que además ha sido el único que ha incluido expresamente en su legislación el contenido de los instrumentos de planificación estratégica de la gestión, regulando también contenidos que van más allá de los previstos en el Real Decreto-ley que regula el Plan.
En este sentido, el informe señala expresamente que “las normas con rango de ley aprobadas a nivel autonómico contienen pocas disposiciones relativas a este tipo de instrumentos de planificación estratégica (IPE) de gestión y, con la excepción de Canarias, no regulan ni su contenido».
“En cumplimiento de este reglamento, se han elaborado instrumentos de planificación estratégica por todas las entidades ejecutoras de Canarias y aprobados por su Comisión de Planificación y Gobernanza. Estos instrumentos identifican prioridades y asignan los recursos disponibles, constituyendo así instrumentos eficaces de planificación, tanto para el entidades ejecutoras y para los órganos de gobierno de la Comunidad”, dice el texto en su apartado de conclusiones.
Canarias ha sido también la única Comunidad que ha optado por realizar una planificación similar a la prevista en el sector público del Estado. Así, el documento se hace eco de que en Canarias los IPE han sido elaborados por todos los ministerios y aprobados por la Comisión de Planificación y Gobernanza.
Además, el contenido de estos PAI va más allá de lo previsto en el citado artículo 23, en particular la identificación de prioridades, la complementariedad de proyectos con otros Ministerios o la alineación con la Agenda 2030.
Precisamente, el Tribunal se detiene a analizar la estructura de gobierno creada por el Gobierno de Canarias, que cuenta con un Comité Director de Planes y Proyectos, órgano ejecutivo presidido por el Ministro de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, a quien corresponde para administrar los fondos y presentarlos a la Comisión de Gobernanza.
La estructura aprobada designa al Director General de Planificación y Presupuesto como Autoridad Responsable ante la Administración General del Estado de la MRR y ocho subdirectores dependientes de las Direcciones Generales de Planificación y Presupuestos (4), Intervención General (2) y Función Pública (2). Es precisamente el departamento de intervención el que es la autoridad de control.
Asimismo, se valora el hecho de que únicamente Canarias y otras tres Comunidades Autónomas han realizado una planificación y gestión precisa de los recursos humanos para el desarrollo del Plan.
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