Las primeras actuaciones judiciales directamente vinculadas a la ‘Operación Cataluña’ que llevará a cabo un juzgado español están previstas para este miércoles, aunque es uno de los días llamados a la huelga por los magistrados, lo que podría forzar su informe. Esta es la declaración del empresario y expresidente del Barça Sandro Rosell ante el magistrado número 13 de Madrid, Hermenegildo Barrera, sobre la denuncia que interpuso contra los que considera responsables de su estancia en prisión durante dos años por una causa en la que acabó hasta ser absuelto.
La admisión de esta denuncia dio lugar a la interposición de otros cuatro que aún no han pasado por el proceso de admisión: la de Jean Paul Miquel, de la Banca Privada d’Andorra (BPA), la del ex prefecto de policía de Cataluña Narciso Ortega , la del empresario Carles Sumarroca y la del exdirector general adjunto de Caixabank y “exministro” Jaume Giró. Su futuro respectivo está en manos de los titulares de los juzgados de Madrid números 9, 37, 10 y 11, que pueden decidir enviarlos al juzgado 13 para que se acumulen primero, investigarlos de forma independiente porque entienden si se trata de hechos distintos. o archivarlos.
La primera
Hasta la denuncia de Rosell, la justicia española no había investigado ningún hecho relativo a la «Operación Cataluña», ya que la Fiscalía había entendido que no se perseguía ninguna de las controvertidas prácticas de la policía política que operaba bajo el Gobierno del PP, lo que la hacía inútil. para abrir una investigación.
La pièce de l’affaire Villarejo liée aux dossiers de l’agence de détective Método 3 a fini par être archivée au Tribunal national et l’introduction dans l’affaire Pujol d’une clé USB contenant des informations personnelles sur le fils aîné de l ‘ancien président de la Generalitat a été neutralisée par l’enquêteur de l’affaire sur la fortune de la famille et la Cour supérieure de justice de Madrid a fini par condamner Eugenio Pino, le directeur opérationnel adjoint de la police, à un an de prisión. La justicia andorrana, por su parte, admitió haber tramitado una demanda de los hermanos Cierco, principales accionistas de BPA, en la que están acusados el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus exministros de Hacienda e Interior, Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz. .
aclarar dudas
El investigador de la denuncia de Rosell, el juez Barrera, aún no ha fijado fecha para que se presente el principal imputado de las cloacas policiales atribuidas al Gobierno de Rajoy ni el resto de imputados por el empresario, según información de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, de la Grupo Prensa Ibérica, con el número de menciones en el diario y actas de Villarejo. El magistrado comenzará por escuchar al propio Rosell, en calidad de perjudicado, hacerle una oferta de acciones y pedirle que aclare los hechos que atribuye a cada imputado.
La querella admitida por los juzgados de Madrid considera que con Rosell se cometieron los delitos de organización delictiva, denuncia falsa, detención ilegal y falsificación de documento oficial por funcionario público; está dirigida contra presuntos miembros de la «policía de las cloacas» del PP y contra un exmiembro del FBI en España, Marc L. Varri, quien, dentro de la «Operación Cataluña», habría tramado un plan para abrir una investigación contra el ex presidente del Barça.
Villarejo, gerente
La denuncia recuerda que el propio Villarejo admitió haber sido responsable de lo que denominó «Proyecto Barna» u «Operación Cataluña». Se basa en las maniobras que habrían realizado en su contra los miembros del grupo calificado por la fiscalía anticorrupción como «clan mafioso policial» que él dirigía.
También lo sustentan fragmentos sonoros grabados por la propia ex comandancia policial, difundidos por el diario digital «El Mon», que muestran que la actual senadora del PP Alicia Sánchez-Camacho le pidió que investigara a Rosell. Ella no está entre los acusados, ya que figura en la lista de la Corte Suprema.
La querella sostiene que, a pesar de que Rosell no ocupó ningún cargo público en 2012 ni militó en ningún partido, los funcionarios de alcantarillado lo consideraban cercano al independentismo. “Esta circunstancia, unida a la innegable relevancia social del FC Barcelona, situó al denunciante en el punto de mira de dicha red criminal”, prosigue. En una de las grabaciones de audio, Sánchez-Camacho afirma que la familia Rosell fue «uno de los fundadores del partido Convergència Democrática de Catalunya (CDC), junto con las familias Pujol y Sumarroca, y que fueron estas personas las que supuestamente ‘colocaron ‘ al frente del club deportivo Barça».
manos limpias
El abogado de Rosell, Pau Molins, sostiene que en la investigación parapolicial contra Rosell también intervinieron funcionarios del pseudosindicato Manos Limpias, cuyos dirigentes interpusieron una denuncia contra el expresidente azulgrana por el fichaje del jugador brasileño Neymar Jr. Además, según la denuncia, en mayo de 2014, el comisario jubilado se puso en contacto con el oficial de enlace del FBI en España Marc L. Varri, con quien tenía “una larga y estrecha relación”.
«Según las notas de prensa antes citadas, en dichas reuniones se acordó activar -o, en todo caso, aprovechar una supuesta solicitud de información enviada desde Estados Unidos a España en relación con el llamado ‘asunto Fifagate’, de corrupción en el mundo del fútbol, lo que serviría de pretexto para abrir una investigación policial por parte de las autoridades españolas sobre Rosell en relación con casos que no tenían nada que ver con él”, subraya.
Esta investigación de Estados Unidos estaría, según la denuncia, en el origen de la abierta en España que permitió la entrada en prisión de Rosell. «Marc L. Varri intervino personalmente en algunas de las diligencias que se llevaron a cabo como consecuencia de la citada investigación […], aunque, sospechosamente, no en los vinculados a Rosell. En efecto, habiendo sido citado formalmente como testigo en el juicio, no se dignó comparecer y ni siquiera justificó su ausencia.
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