Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): incumplimiento generalizado en las ciudades españolas

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Las ciudades de más de 50.000 habitantes, así como los territorios insulares, están obligadas por ley a activar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus centros urbanos, lo que, a pocos días de las elecciones municipales, sigue siendo una tarea en vilo para la mayoría. de ciudades del país.

Para mejorar la calidad del aire y, además, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la ley del cambio climático obliga a estos grandes municipios -así como a los pueblos insulares y de más de 20.000 habitantes- a superar los niveles límite de contaminantes regulados -a establecer zonas de tráfico en sus centros urbanos ZBE como las que operan en Madrid y Barcelona.

Sin embargo, esto debería haber ocurrido antes del inicio de 2023 y por ello, casi a mitad de año y con elecciones municipales entre el próximo domingo 28 de mayo, la mayoría de las ciudades «ya están atrasadas», lamenta. responsable de movilidad de Ecologistas en Acción, Carmen Duce.

En diciembre de 2022, como reclamaban los grupos ecologistas, el Gobierno aprobó un real decreto por el que se regulan las ZBE y se establecen las pautas para normalizar estas áreas y dar seguridad jurídica a las administraciones.

La medida dio a las ciudades que ya contaban con instrumentos de planificación similares a las LEZ un plazo de 18 meses para adaptar sus modelos a los nuevos requisitos.

«El problema es que muchas ciudades han interpretado -y claramente no es lo que dice el real decreto- que tienen 18 meses para poner en servicio la LEZ», explica Duce, para subrayar que un problema es que no hay ningún tipo de mecanismo sancionador y por ello, cree que los cabildos están esperando el paso de las elecciones para ponerse manos a la obra.

Madrid y Barcelona, ​​entre las excepciones

Dos principales ZBE ya estaban operativas en España antes de la ley de cambio climático: las Rondas de Barcelona, ​​que prohíbe circular la mayor parte del día entre semana a los vehículos más contaminantes y a las que la Ciudad Condal atribuye la mejora en la calidad de programación aérea, y Madrid Central, impulsada por la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena y que el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha rebautizado como Madrid360.

Pamplona, ​​por su parte, ha implantado una ZBE que, sin embargo, no se ha traducido en nuevas limitaciones de acceso ni requisitos adicionales para los vehículos que circulan por estas calles, donde no existen restricciones para los coches en función de su etiqueta ambiental, por lo que hay no es necesario que tengan una de estas etiquetas a la vista, según el ayuntamiento.

El Gobierno de Zaragoza también aprobó en diciembre declarar la zona interior del casco histórico como ZBE provisional.

Ninguna ciudad en Euskadi

La ciudad de Vitoria, reconocida internacionalmente por la sostenibilidad de su modelo basado en la movilidad activa -privilegiando los desplazamientos a pie o en bicicleta en detrimento del coche privado- espera hacer lo mismo este año, pero no ha concretado ninguna fecha concreta.

De las seis localidades del País Vasco que ya deberían haber impulsado una ZBE, ninguna ha cumplido todavía con la normativa estatal: Bilbao, Barakaldo, Irún y Getxo no tienen previsión de cuándo se implantará y solo se han realizado estudios sobre los vehículos que circulan. sido y la contaminación actual para tomar decisiones, aunque Bilbao ya se plantea la compra de cámaras para leer las matrículas de los coches.

San Sebastián, por su parte, tiene previsto implantar la ZBE en el centro de la ciudad y ha aprobado la contratación de la tecnología necesaria para que funcione, aunque todavía no ha definido en qué calles estará limitada ni qué restricciones específicas supondrá, labor que dejó a la empresa fuera de las elecciones del 28M.

Sin un mecanismo sancionador que obligue a estas ciudades a activar las ZBE, los ecologistas han optado por el camino de «presionar a la conciencia social para exigir una mejor calidad del aire y revisar los fondos europeos que han destinado 1.500 millones de euros a los municipios para implementar estos planes de movilidad». , explica Duce.

Murcia es otra de las comunidades rezagadas en la implantación de las ZBE (que, de todos modos, no corresponde al Gobierno regional sino al Ayuntamiento), ya que ninguna de las cuatro ciudades que debe cumplir con esta medida de la ley del clima -Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura- cumplieron el mandato.

Tampoco Valencia, la tercera ciudad más poblada del país, ha obedecido la norma: allí el gobierno local trabaja con la Mesa de Movilidad, que aglutina a más de 80 entidades ciudadanas, para ver cómo se implanta una ZBE, pero aún no se ha puesto en curso.

La mayoría de municipios canarios (excepto uno, La Laguna), así como Logroño, Oviedo y Gijón, son otras de las muchas ciudades españolas que aún esperan activar sus ZBE.

En Galicia, la ciudad que más avanza es Pontevedra, con un modelo propio basado en la fluidificación del tráfico rodado y la facilitación del tráfico peatonal.

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Contacto para la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es

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